El estrés postraumático es considerado para una incapacidad

Os compartimos esta nueva sentencia ganada en los juzgados de lo Social de Madrid. Es el resultado de una solicitud de incapacidad permanente total, y ganada al Instituto Nacional de la Seguridad Social.

El demandante, cuya profesión habitual es de camarero, solicita la incapacidad permanente el 10 de marzo 2015. Emitiéndose un dictamen del EVI, el 29 de junio de 2015.

El actor presenta el siguiente cuadro clínico:

• trastorno de estrés postraumático,
• Síndrome ansioso-depresivo,
• Tratamiento psicofarmacológico, refractario a los diferentes tratamientos. Este se manifiesta frente al llanto, crisis de ansiedad, labilidad emocional, cambio de humor, temblor de manos antes situaciones estresantes, bloqueo e inhibición psicomotriz, sintomatología fóbica, evolución tórpida pese a los diferentes tratamientos realizados, sueño no reparador, mareos o vértigos, cansancio generalizado.

Sus dolencias fueron iniciadas por un posible conflicto laboral, su evolución es tórpida y se ha ido cronificando. El mismo ha iniciado la reincorporación a la vida laboral con resultados negativos.

La incapacidad permanente se recoge en el artículo 137 de la Ley General de la Seguridad Social, donde se establece que es invalidez permanente la situación del trabajador que presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitiva que disminuyan o anulen su capacidad laboral, alcanzando el grado de incapacidad permanente total, cuando el trabajador quede inhabilitado para la realización de todas o de las tareas fundamentales de su profesión habitual, siempre que pueda dedicarse a otra distinta.

Por medio del informe médico pericial, realizado por la médico perito Ruiz Mialdea, pudo contrastarse la evolución de las dolencias del actor desde el 2011 por motivo de su conflictividad laboral.

Cabe mencionar que la evolución, pese a los tratamientos, ha sido tórpida, llegando a ser crónica, presentando en la actualidad las patologías que le limitan para realizar su actividad laboral, debido al daño psicológico sufrido

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Por todo lo antes expuesto, el tribunal le concede una invalidez permanente para su trabajo habitual. Concediéndole el derecho a percibir una pensión del 55% de su base reguladora más mejoras y revaloraciones.

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Nuestros médicos peritos estudiarán la viabilidad de su caso a fin solicitar con éxito el proceso ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

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La demandante, trabaja como dependiente de una tienda de perfumería y regalo de su propiedad en calidad de autónoma.

La actora inició un proceso vía administrativa ante el INSS, cuya resolución de fecha 17 de noviembre de 2015, declaró que la solicitante no se encontraba acta para obtener ningún grado de incapacidad permanente.

Debido a esta sentencia la demandante decide interponer una reclamación previa, ya que su estado no le permite realizar su trabajo con eficacia.

La solicitante padece el siguiente cuadro clínico:

• Obesidad.
• Discectomía en 1993 y 1994 L4-L4 y L5-S1. Recaída en 2002, precisa de muleta para caminar, en tratamiento en la Unidad del dolor.
• Lumbalgia.

La Incapacidad permanente se recoge en el artículo 137 de la Ley General de la Seguridad Social, donde se establece que es invalidez permanente la situación del trabajador que presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitiva que disminuyan o anulen su capacidad laboral, alcanzando el grado de incapacidad permanente total, cuando el trabajador quede inhabilitado para la realización de todas o de las tareas fundamentales de su profesión habitual, siempre que pueda dedicarse a otra distinta.

Las dolencias que padece la parte actora, y que se declaran probadas, se determinaron por los documentos presentados por el Equipo de Valoración de Incapacidades del INSS, los cuales avalan las limitaciones de la paciente.

También, basado en el informe médico pericial, emitido por la médico perito Ruiz Mialdea, pudo determinarse que la misma se encuentra imposibilitada para realizar su profesión habitual de dependiente.

Por todo lo anterior tratado, el tribunal le concede una incapacidad permanente total para su profesión, otorgándole el derecho de percibir la correspondiente pensión conforme al 55% de su base reguladora con las revaloraciones y mejora que legalmente le corresponden.

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Programa con cámara oculta

El auge de los programas televisivos que implican una cámara oculta ha venido a poner en tela de juicio los derechos de la intimidad y del honor.

Ya sea la cámara de un programa para realizar bromas y entretenimiento, como las de conocidas series de investigación, vienen causando revuelo en una parte de la sociedad que ve como los derechos de imagen pueden volverse vulnerables.

Una jurisprudencia famosa dio la razón a una esteticista por una demanda que interpuso contra un programa de investigación, en el cual se representaban imágenes suyas relacionándolas con la falsedad profesional en el mundo de la salud. El tribunal se pronunció y se descantó a favor de la demandante por entenderse como una violación a intimidad y a la propia imagen.

Sin embargo, existen excepciones cuando se pide una autorización para tratar estos datos personales, estos que se establecen en el artículo 6.2 de la Ley de la protección de datos (LPD/15/99): “No será preciso el consentimiento cuando los datos de carácter personal recojan para el ejercicio de las funciones propias de las administraciones públicas en el ámbito de sus competencias; cuando se refieran a las partes de un contrato o precontrato de una relación negocial, laboral o administrativa y sean necesario para su mantenimiento o cumplimiento; cuando el tratamiento de los datos tenga por finalidad proteger un interés vital del interesado”.

El uso de las cámaras ocultas está estrechamente ligado a la libertad de información, razón que abre el debate si está puede primar por encima de los derechos de intimidad, respuesta que queda en evidencia en la sentencia citada más arriba.

Volviendo a la cámara oculta en la televisión, tendríamos que diferenciar entre programas de entretenimiento (bromas divertidas) y los programas de investigación, aquellos que buscan mostrar la realidad de un tema en concreto.

Para el primer caso, un simple consentimiento verbal puede valer para obtener la autorización de esa persona a aparecer en dicho programa, ya que sólo tiene la finalidad de entretener y divertir a la audiencia. Con un sí al final del “engaño” podría bastar.

El artículo 5 de la Ley 15/99 recoge “El interesado tendrá derecho a solicitar y obtener gratuitamente información de sus datos de carácter personal sometidos al tratamiento, el origen de dichos datos, así como las comunicaciones realizadas o que se prevén hacer de los mismos”.

Por otro lado, cuando se trata de un programa de investigación el proceso es algo más complejo, pues necesitaría ser un hecho que tenga una actual relevancia y que se base en una realidad evidente, a fin de cumplir con los derechos de información.

Cabe mencionar que la protección a un menor es mayor en este tipo de casos, y que bajo ningún concepto pueden mostrarse una imagen sin una previa autorización de sus padres o tutor.

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Negligencia dental

Con los recientes casos que han involucrado a diferentes clínicas dentales la mayoría de sus clientes quedan en un limbo legal, y muchos, muy seguramente, serán victimas de alguna mala praxis.

Las negligencias médicas en la rama dental, suelen ser tan variadas como en cualquier otro campo, y se define como las consecuencias de las actuaciones en la boca del paciente, ya sea por un retraso del diagnóstico o por la mala ejecución de la Lex Artis durante el  proceso.

A menudo el tratamiento suele acabar con una respuesta satisfactoria desde el punto de vista de ambas partes, pero muchas veces no se cumplen los procedimientos y terminan en lesiones para el paciente.

Sin embargo, para que una persona pueda demostrar una mala praxis, debe tenerse una prueba fehaciente de que esta ha sido la causa de las lesiones sufridas durante la intervención.

Los juicios por negligencia dental solo resultarán viable cuando el actor de la salud dental haya errado en el nivel de atención y diligencia  o que haya sobrepasado el consentimiento informado que haya rubricado el paciente.

Las negligencias más frecuentes en esta rama médica se ocasionan en los barbilla,labios, mandíbula y lengua. Los afectados tienden a sufrir un dolor intenso en las áreas afectadas, pérdida en la sensación del gusto, así como trastornos en las articulaciones.

Las causas más comunes por la que son demandados los dentistas son:

• Inadecuada administración de la anestesia.
• La no detención de una hemorragia tras la extracción dental.
• Por infecciones bucales por el uso inadecuado de los instrumentos.
• Falta de diagnóstico de la enfermedades de las encías.
• Extracción de una pieza dental y dejar la raíz en el interior.
• Cuando por error se extrae un diente sano.
• Por producir quemadura en la boca del afectado con productos.
• Las lesiones en los dientes.
• Perdida de oportunidad por cáncer oral.

En todos estos casos expuestos anteriormente se necesita una relación entre la negligencia y el nexo de causalidad del hecho. Por lo que esta parte sería vital a la hora de interponer cualquier demanda por esta causa.

Si usted piensa que ha sido víctima de una negligencia dental nuestro equipo puede asesorarle sin compromiso, contacte con nosotros, emitiremos un estudio de viabilidad de su caso, y los pasos a seguir para resarcir los daños sufridos.

Si piensas que ha sido víctima de una negligencia médica, llámanos al teléfono gratuito 913076219 o rellene el formulario de contacto, trabajamos en toda España, estaremos encantados de ayudarte.

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Ansiedad

La palabra ansiedad tiene un uso muy frecuente en nuestra sociedad. Tanto por el mal uso del término, que a menudo se emplea, como por la gran cantidad de personas que la padecen.

El trastorno de ansiedad generalizada se define como un estado de incertidumbre crónica, imposible de controlar por parte del afectado, generándose con éste una serie de síntomas que provocan un menoscabo de la calidad de vida.

Los síntomas de la ansiedad crónica son diversos, pero los más frecuentes son la fatiga, el insomnio, irritabilidad, dificultad de concentración y demás. El paciente se siente intranquilo, tendiendo a sentir una severa preocupación por cosas quizás irrelevantes.

El paciente presenta un estado de angustia de carácter permanente y generalizado, acompañado de una tensión intensa con incapacidad de relajación.

Esta patología es el doble más frecuente en las mujeres que en los hombres, y puede presentarse a cualquier edad, variando entre momentos de extrema gravedad y situación de notable mejoría.

En la mayoría de los casos el tratamiento consiste en la ingesta de antidepresivos y sesiones psicológicas que mejoran el episodio depresivo del afectado de forma medianamente rápida, dependiendo en mucho de su nivel sanguíneo.

Aunque resulta difícil que pueda concederse una incapacidad permanente por este trastorno, se han dado casos en que el estrés que provoca resulta tan grave que limita la capacidad laboral y el desarrollo de algunas actividades diarias.

Se calcula que 6 millones de españoles padecen de ansiedad, hecho que causa un absentismo laboral de un 10%, un 7% más que la media de países europeos, sin embargo la mitad de las personas no buscan ayuda especializadas e ignoran que la tienen.

Se recomienda un periodo de bajas laborales breves, de pocas semanas, a fin de poder llevar a cabo el tratamiento, sin que esta se prolongue, ya que se corre el riesgo de ser perjudicial e intensificar el sentimiento del afectado.

Cabe señalar que el trastorno de ansiedad es una de las enfermedades que más síntomas psiquiátricos presenta, agravando otras patologías que pudiera padecerse.

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La demandante, cuya profesión habitual es auxiliar administrativo, fue atacada con un hacha mientras prestaba su servicio el 25 de febrero de 2011.

Tras un oportuno tratamiento se declara a la paciente de una incapacidad permanente absoluta para toda actividad laboral, con efecto el 23 de agosto 2012.

En esa ocasión, la actora presentaba el siguiente cuadro clínico: Politraumatismo, TCE con fractura parieto occipital bilateral. Semiamputación de mano derecha, amputación de falange distal en el tercer dedo de la mano izquierda. Alteración de la visión por lesión cortical cerebral. Trastorno por estrés postraumático.

Después de una revisión del EVI, el 7 de abril de 2014, se declara que las lesiones que presenta son constitutivas de una incapacidad permanente total para su profesión habitual por haber presentado mejoría de sus lesiones. Se interpone una reclamación previa que es desestimada por el INSS.

No estando de acuerdo con la resolución, se procede a impugnarla por entenderse que el conjunto de sus lesiones y secuelas la incapacitan para cualquier actividad laboral, sin que su estado haya experimentado mejoría alguna desde el momento en el que fue evaluada y calificada como inválida absoluta.

La actora presenta secuelas de politraumatismo por herida de arma blanca (fractura occipital, hematoma epidural. Fractura radio distal, afectación de extensores de muñeca, pérdida de falange distal. Pérdida de fuerza en mano derecha. Trastorno por estrés postraumático, falta de memoria y sueño fragmentado.

La incapacidad permanente absoluta

se recoge en el art. 137 del texto refundido de la ley General de la Seguridad Social aprobado por el real decreto legislativo 1/1994 de 20 de junio, como la situación de quien por enfermedad o accidente, presenta unas reducciones anatómicas y funcionales, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas que le inhabita por completo para toda profesión u oficio.

Por medio del examen médico pericial, realizado por la médico perito Ruiz Mialdea, pudo probarse que la actora estaba limitada para realizar cualquier actividad laboral.

Por todo lo anterior el tribunal le concede una incapacidad permanente absoluta por accidente laboral, teniendo derecho a percibir una pensión igual al 100% de su base reguladora, más mejoras y revaloraciones.

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difamación

La difamación se ha convertido en uno de los delitos más frecuentes con la llegada de las Redes Sociales. Colgar una foto, un vídeo o cualquier material ofensivo que vaya en perjuicio de otra persona y de su integridad moral puede ser considerado una calumnia.

La difamación está constituida por palabras habladas, o por publicaciones escritas falsas y no confidenciales, que instan a cualquier persona al odio, desprecio, ridículo, y que están destinadas al menoscabo de su relación personal, laboral o social.

La querella es susceptible de demanda, debido a los daños y perjuicios que pudiera causarse a la víctima, y las secuelas psicológicas que pueden derivarse del hecho. Muy conocidos son los casos de suicidios por difamación en las Redes Sociales.

Existen dos tipos de daños para castigar una difamación, el daño efectivo y el daño punitivo.

Daño efectivo:

los daños efectivos incluyen, pero no son limitados a:

• Daños económicos.
• Daño a su reputación.
• Angustia mental

Daño punitivo: los daños punitivos van encaminado para servir como castigo económico. La finalidad de este castigo es que el demandado no vuelva a repetir la misma acción con otra persona.

Si el demandado realizó una declaración que pueda repercutir en la vida laboral de la persona damnificada, el tribunal debe evaluar los daños causados. Para otro tipo de indemnización se debe probar el hecho para poder resarcir el daño.

Cabe mencionar que la difamación solo tiene una responsabilidad civil sobre las personas vivas, es decir, que no se pueden emprender acciones legales si haya existido una calumnia contra un fallecido.

Un buen ejemplo de difamación son los comentarios que se emiten en algunos programas de televisión o radio con el objetivo de manchar la reputación de algún personaje, las cuales pueden acarrearle algún tipo de inconvenientes en el desarrollo de su carrera profesional.

Las personas que sufren una difamación a menudo sufren los síntomas de la depresión, y pueden ser susceptible de solicitar una incapacidad temporal por el tiempo que dure el tratamiento psicológico al que se someten.

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escoliosis

La escoliosis es un trastorno que provoca una curvatura de lado a lado en la columna  vertebral. Esta curvatura suele ser en forma de “S” o “C”, y generalmente no se conoce su causa.

En la mayoría de los casos, los enfermos con curvatura leve suelen visitar a su médico periódicamente. Cuando esta desviación es severa se necesita un tratamiento más complejo.

Las personas pueden sufrir escoliosis a cualquier edad, pero es bastante común encontrarla en niños de 10-12 años (escoliosis idiopática) y al inicio de la adolescencia, siendo el sexo femenino el más propenso a sufrirla.

La curvatura de la escoliosis puede clasificarse en estructural y no estructural.

Cuando la curvatura es no estructural la columna tiene una estructura normal y la desviación es provisional. En este caso, puede tratarse y corregirse su causa.

En la estructural la curvatura es permanente, y probablemente venga causada por alguna lesión, enfermedad, infección o defecto de nacimiento.

Para el tratamiento de la escoliosis los médicos recurren a diferentes tratamientos, pero todos dependiendo de la edad del paciente, el tiempo que le falta por crecer, el ángulo y el patrón de la curva, así como el tipo de escoliosis.

Basado en estos datos se suele recomendar uno de los siguientes tratamientos:

Programa de control: El médico dará un seguimiento a la evolución de la curvatura, examinándolo entre cuatro y seis meses, pero solo se aconseja en paciente con una curvatura leve.

Corsé ortopédico o braguero: Se utiliza este método para evitar que la curvatura empeore. Suele usarse para paciente con una curvatura moderada.

Cirugía: La cirugía solo se recomienda en paciente con una curvatura progresiva, a menudo esta operación consiste en la fusión de dos o más huesos de la columna vertebral.

En su relación laboral, los pacientes de escoliosis podrían ser susceptibles de una incapacidad, pero su trámite sería un poco complicado, ya que al no estar en el listado de enfermedades profesionales y ser una enfermedad congénita conlleva una revisión exhaustiva del caso.

Las personas que padecen la enfermedad deben reubicarse en puestos de trabajos donde no pasen mucho tiempo sentado, o tengan la oportunidad de tomarse un descanso cada cierto tiempo.

La escoliosis en un grado muy avanzado puede dar lugar a una discapacidad. Dependiendo del nivel de la enfermedad puede solicitarse un grado de minusvalía y obtener una serie de beneficios sociales.

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prestaciones por minusvalía

El Real Decreto 383/1984 es el que regula las prestaciones tanto sociales como económicas para la integración social de las personas que sufran algún tipo de minusvalía. Es importante no confundir los conceptos de minusvalía e incapacidad.

Para tener acceso a las prestaciones por minusvalía, se tendrán que cumplir una serie de requisitos (Capítulo Primero, Artículo 2º), a saber:

• Residir en el territorio nacional, o de no ser así, carecer de protección similar en el país de residencia
• Estar afectado por una minusvalía en los grados que se precisen en cada apartado
• No estar comprendido en el campo de aplicación del sistema de la Seguridad Social, por no desempeñar ninguna actividad laboral
• No ser beneficiario o no tener derecho, por edad o por cualesquiera otras circunstancias, a prestación o ayuda de análoga naturaleza y finalidad y, en su caso, de igual o superior cuantía otorgada por otro Organismo público
• No superar el nivel de recursos estipulados en el Artículo 32
• Los pensionistas y familiares también podrán tener derecho a dichas prestaciones.

En el Capítulo II de dicho decreto, se establecen los seis ámbitos de ayudas y prestaciones que se ofrecen a los minusválidos, siempre que se cumplan con los requisitos fijados en el Capítulo Primero.

A) Asistencia sanitaria y prestación farmacéutica

El objeto de esta asistencia será mantener y restablecer la salud del beneficiario. Dicho beneficiario deberá sufrir una minusvalía de grado igual o superior al 33%, y no tener derecho a ninguna prestación sanitaria o farmacéutica de la Seguridad Social, ni a ninguna prestación o ayuda similar otorgada por algún Organismo Público.

La asistencia sanitaria y prestación farmacéutica ofrece los mismos servicios de asistencia sanitaria y farmacéutica ofrecidos por la Seguridad Social, por enfermedad común, accidente no laboral o maternidad.

La dispensación de medicamentos es gratuita para el beneficiario.

B) Rehabilitación médico-funcional

Tiene por objetivo no sólo el tratamiento sino el evitar el posible proceso degenerativo de la minusvalía.

Los servicios ofrecidos incluyen diagnóstico, prescripción facultativa, tratamientos médicos y farmacológicos, y técnicas de rehabilitación. Asimismo, estas prestaciones incluirán tanto el suministro como el mantenimiento de prótesis, silla de ruedas y otros elementos auxiliares (listados en las disposiciones de desarrollo de este Real Decreto), correspondientes a los otorgados por la Seguridad Social.

Serán beneficiarios aquellos que cumplan con los siguientes requisitos:

• No tener acceso a ayudas o prestaciones similares otorgadas por un Organismo Público
• No superar el nivel de recursos estipulados en el Artículo 32
• Tener una minusvalía en grado igual o superior al 33%
• No tener derecho ya, por parte de la Seguridad Social, a los tratamientos previstos en este apartado
• Que su disminución sea un obstáculo para su correcta integración educativa, laboral o social

C) Recuperación profesional

Este apartado tiene por objetivo la correcta inserción o reinserción laboral del afectado. Comprende los siguientes aspectos:

– Tratamientos de rehabilitación

– Orientación profesional (determinar las actividades laborales más adecuadas para el minusválido, en base a sus aptitudes, intereses, y empleo anterior, en caso de tenerlo)

– Formación o reeducación profesional (desde el adiestramiento hasta las enseñanzas enfocadas al desarrollo de la profesión), o readaptación profesional (medidas dirigidas a la reincorporación del minusválido a su profesión anterior)

Los minusválidos podrán percibir ayudas de tipo económico cuando las prestaciones de recuperación profesional les obliguen a realizar gastos adicionales (alojamiento, transporte…). Les beneficiarios de estas prestaciones serán aquellos que:

• Estén afectados por una minusvalía en grado igual o superior al 33%
• Presenten posibilidades de recuperación
• No tengan derecho a las prestaciones de recuperación profesional del sistema de la Seguridad Social
• No estar comprendido en el campo de aplicación de la Seguridad Social por no realizar una actividad laboral
• No ser beneficiario de algún tipo de ayuda o prestación de carácter similar, otorgada por un Organismo público
• No superar el nivel de recursos económicos estipulados en el Artículo 32

D) Medidas de integración social

Tienen por objetivo proporcionar al minusválido la mayor autonomía posible en cuanto a desplazamiento y relación con su entorno. Incluyen prestaciones de carácter técnico para el entrenamiento o reentrenamiento  de actividades cotidianas (transporte, actividades culturales…) y aportaciones económicas en caso de ser necesaria alguna adaptación (útiles, hogar, vehículo…) por la minusvalía.

Los beneficiarios de dichas medidas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

• Hallarse afectados por una minusvalía igual o superior al 33%
• No estar comprendido en el campo de aplicación de la Seguridad Social por no realizar una actividad laboral
• No ser beneficiario de algún tipo de ayuda o prestación de carácter similar, otorgada por un Organismo público
• No superar el nivel de recursos económicos estipulados en el Artículo 32

E) Subsidio de garantía de ingresos mínimos

Se trata de una prestación económica periódica, cuyo fin es cubrir las necesidades básicas de quienes, por su grado de minusvalía, no estén en condiciones de obtenerlos. Los beneficiarios de dicho subsidio serán aquellos que:

• Sean mayores de dieciocho años
• Se hallen afectados por una minusvalía de grado igual o superior al 85%
• No tengan posibilidad de encontrar un empleo adecuado por su alto grado de incapacidad
• No estén comprendidos en el campo de aplicación de la Seguridad Social por no realizar una actividad laboral
• No sean beneficiarios de algún tipo de ayuda o prestación de carácter similar, otorgada por un Organismo público
• No superen el nivel de recursos económicos estipulados en el Artículo 32

F) Subsidio de ayuda de tercera persona

Este subsidio consiste en una prestación económica periódica destinada a aquellas personas que por su minusvalía, necesiten de la ayuda de terceras personas para realizar actividades básicas, como vestirse o comer, por ejemplo. Los beneficiarios de este subsidio serán aquellos que cumplan con los siguientes requisitos:

• Ser mayor de dieciocho años
• Estar afectado por una minusvalía en grado igual o superior al 75%
• No hallarse atendidas en Centros en régimen de internado
• No estar comprendido en el campo de aplicación de la Seguridad Social por no realizar una actividad laboral
• No ser beneficiario de algún tipo de ayuda o prestación de carácter similar, otorgada por un Organismo público
• No superar el nivel de recursos económicos estipulados en el Artículo 32

G) Subsidio de movilidad y compensación por gastos de transporte

Se trata de una prestación económica periódica destinada a aquellos minusválidos que tengan graves dificultades para utilizar los transportes colectivos y deban desplazarse fuera de casa. Se beneficiarán de este subsidio aquellos que cumplan con los siguientes requisitos:

• Ser mayores de tres años
• Estar afectados por pérdidas funcionales o anatómicas o deformaciones, en grado igual o superior al 33% que le dificulten la utilización de los transportes colectivos
• No encontrarse imposibilitado para desplazarse fuera de casa
• No estar comprendido en el campo de aplicación de la Seguridad Social por no realizar una actividad laboral
• No ser beneficiario de algún tipo de ayuda o prestación de carácter similar, otorgada por un Organismo público
• No superar el nivel de recursos económicos estipulados en el Artículo 32
• Minusválidos atendidos en Centros en régimen de media pensión, o aquellos que en régimen de internado se desplacen fuera del centro como mínimo diez fines de semana al año.

Si necesitas más información o iniciar un proceso de minusvalía… llámanos a este teléfono 913076219, o rellena el formulario en este enlace https://www.grupomedicodurango.com/contacto-donde-estamos-durango/ estaremos encantados de ayudarte.

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Síndrome de diógenes

El síndrome de Diógenes es un trastorno del comportamiento asociado principalmente a personas de una edad avanzada que, por lo general, viven solas. El paciente se recluye en su propio domicilio, alejándose de cualquier tipo de contacto social y acumulando cantidades ingentes de objetos inútiles y de basura.Estos objetos son comprados, recogidos en la calle o incluso robados.

Esta patología toma su nombre del filósofo griego Diógenes “el Cínico”, quien se desprendió de cualquier pertenencia y promulgó la privación de las necesidades materiales.

Los casos de síndrome de Diógenes se han disparado en los últimos años, al igual que el número de víctimas mortales de esta enfermedad. El perfil habitual del paciente es el de un anciano o anciana mayor de 65 años, en estado civil de soltería o viudez. Ocasionalmente se han dado casos en personas de mediana edad, y otro rasgo común es que el afectado suele vivir acompañado de animales.

La acumulación de kilos y kilos de basura provoca unas condiciones higiénicas que favorecen la aparición de ratas, parásitos y, en consecuencia, la proliferación de enfermedades infecciosas. El paciente de síndrome de Diógenes suele presentar desnutrición y deshidratación, y además, el riesgo de incendio aumenta considerablemente en estas viviendas insalubres.

Las causas que pueden mover a una persona a guardar todo tipo de objetos carentes de valor, son diversas. El síndrome de Diógenes puede deberse a la pérdida de un ser querido cercano que condena al paciente a la soledad, a la falsa percepción de una situación de pobreza extrema que le lleva a conservar cualquier bien material, o a un deterioro mental.

En ocasiones, el síndrome de Diógenes está vinculado a otras alteraciones como la esquizofrenia, la depresión o el alcoholismo.

La recolección de desechos también da lugar a consecuencias sociales negativas, pues la suciedad afecta a las viviendas colindantes y provoca conflictos con los vecinos, lo cual lleva en muchas ocasiones a agravar la situación, dado que el paciente desea continuar con su aislamiento comunicacional y mantener su comportamiento huraño.

Los servicios sociales suelen atender estos casos de propietarios con síndrome de Diógenes. La solución pasa en un primer momento por la búsqueda de un familiar que pueda vivir con la persona afectada y encargarse de ella. Si esto no fuera posible, cabe la posibilidad de intentar convencer al propietario para que acepte voluntariamente el traslado a una residencia. Por último existe la posibilidad de que un juez incapacite civilmente al paciente de síndrome de Diógenes, restringiendo su capacidad de obrar.

Asimismo, los servicios sociales llevan a cabo las labores de limpieza y desinfección de la vivienda. Los gastos de estas labores corren a cargo del ayuntamiento, aunque en algunos casos deben asumirlos la familia del paciente o la comunidad de vecinos.

Si el paciente no está incapacitado es muy probable que se niegue a recibir tratamiento para su enfermedad. El tratamiento para el síndrome de Diógenes consiste en intervenir sobre varios aspectos esenciales del paciente, como son la nutrición y la hidratación, además de proporcionarle terapia psicológica, limpiar su inmueble y concienciar a sus familiares sobre su enfermedad.

Se establece una dieta personalizada para el afectado, con el fin de paliar los efectos de la mala alimentación que ha estado llevando a cabo, como la anemia, y ayudarle a ganar peso. Se realiza terapia psicológica para liquidar la creencia imaginaria de que va a sufrir una situación de pobreza, y de este modo corregir la conducta que le motiva a acumular bienes materiales.  Por otro lado, se implantará un tratamiento farmacológico si fuera preciso, y más en concreto si el síndrome de Diógenes estuviera asociado a otras patologías como la depresión.

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