Esta sentencia viene precedida de la concesión de una invalidez absoluta y que fue retirada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social por una supuesta mejoría en el estado de salud de la paciente.

A la actora, que se desempeñaba como auxiliar administrativa, fue concedida una incapacidad permanente absoluta. La cual fue extinguida al pasar la revisión del EVI, ya que no presentaba limitaciones para realizar su trabajo.

Ante esta negativa, se formuló una reclamación previa que fue desestimada por el INSS.

La actora presenta el siguiente cuadro clínico:

• Artritis psoriásica con evolución tórpida
• Persistencia de actividad inflamatoria
• Dolor en hombros, rodillas, manos y pies
• Limitación articular
• Limitación de deambulación

La incapacidad permanente es definida en el artículo 136 de la Ley de la Seguridad Social, como la situación del trabajador, que después de haber estado sometido al tratamiento prescrito, presenta reducciones anatómicas y funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas que disminuyan o anulen su capacidad laboral.

El grado de la incapacidad es la absoluta, o sea, esta que le impide realizar cualquier tipo de trabajo dado los numerosos menoscabos físicos y psíquicos que sufre la demandante.

El informe médico pericial, realizado por la doctora Ruiz Mialdea, fue utilizado como prueba contrastada del menoscabo que tiene la paciente en el desenvolvimiento de las actividades laborales, de hecho, precisa de un bastón para caminar.

La parte jurídica estuvo representada por la letrada Fernández Fidalgo. Quien ratificó en juicio la reclamación que posteriormente había realizado ante este juzgado.

En resumen, el tribunal le ratifica la incapacidad permanente absoluta para toda actividad laboral, concediéndole el derecho a percibir una pensión vitalicia del 100% de su base reguladora, más mejoras y revaloraciones.
Si necesitas más información o iniciar un proceso de incapacidad… llámanos a este teléfono 91 307 6219, o rellene el formulario en este enlace contacto grupo medico durango,trabajamos en toda España, estaremos encantados de ayudarte.

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Grupo Médico Jurídico Durango vuelve a compartir con vosotros una nueva sentencia. Este es un nuevo caso de éxito ganado al Instituto Nacional de la Seguridad Social, durante una solicitud de incapacidad permanente total.

La demandante de 39 años de edad, fue intervenida en el 2013 por Inestabilidad Trapecio-Metacarpiana de muñeca derecha, con evolución tórpida complicada por Síndrome Doloroso Regional Complejo, realizando tratamiento rehabilitador prolongado, con respuesta parcialmente favorable, pero con persistencia de dolor y limitaciones funcionales.

De esta forma, el Instituto de la Seguridad Social le otorga en febrero de 2014 la incapacidad permanente para su profesión habitual de Operaria de Montaje, ya que la actora mantenía una mano derecha disfuncional, que le impedía la realización de tareas manuales y/o bimanuales mantenidas y/o repetitivas, tanto de destreza como de fuerza, que requería la participación activa de la muñeca.

En 2015, el INSS inició un proceso de revisión de revisión de grado de la incapacidad, que concluyó en la revocación de la misma. La actora interpuso una reclamación administrativa, pues el organismo no se basó, a su juicio, en ningún criterio razonable ya que no presentaba ninguna mejoría significativa.

La incapacidad permanente total se expresa en el artículo 137 LGSS: la situación del trabajador que, después de haber estado sometido al tratamiento prescrito y de haber sido dado de alta médicamente, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral.

A través informe médico pericial, realizados por la médica perito Ruiz Mialdea, donde se evaluaron las secuelas y lesiones, pudo determinarse que la demandante estaba limitada para el uso de maquinaria pesada y por lo tanto para su profesión habitual.

El Juzgado de lo Social número 14 de Madrid, le concede una incapacidad permanente total para su profesión habitual, y se le reconoce su derecho a percibir la correspondiente pensión de su base reguladora de 2447, 29 con los descuentos y compensaciones que legalmente procedan a raíz de la prestación por desempleo que pueda haber percibido la actora.

En Grupo Médico Jurídico Durango ponemos a su disposición un equipo multidisciplinar experimentado en los expedientes de incapacidades y discapacidades por diferentes patologías. Llámenos al teléfono 91 307 6219, o rellene el formulario de contacto.
Nuestros médicos peritos estudiarán la viabilidad de su caso a fin solicitar con éxito el proceso ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

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indemnización accidente de tráfico

En caso de sufrir un accidente durante la utilización de algún medio de transporte público, ¿sabe que existe un seguro que cubre los daños y los tipos de indemnización que puedan derivarse del accidente?

El Seguro Obligatorio de Viajeros, regulado en el Real Decreto 1575/1989, de 22 de diciembre, tiene por finalidad dar una indemnización a los viajeros cuando sufran daños corporales en un accidente que tenga lugar en un medio de transporte público de personas. Es de carácter obligatorio, además de ser una modalidad de Seguro Privado compatible con cualquier otro seguro concertado por el viajero.

En cuanto a su ámbito de aplicación, protege a todos los viajeros que utilicen el transporte público terrestre y el transporte marítimo español, cuyos  viajes se realicen por territorio nacional o partan de él. No se podrá aplicar a medios de transporte con capacidad inferior a nueve plazas, salvo que se lleven a cabo en trolebús o los realizados en teleféricos, funiculares, etc. Es obligatorio para todos los transportistas contratarlo.

El seguro protege a todos aquellos que en el momento del accidente tengan el título de transporte, los usuarios menores de edad y el personal de la empresa transportista.

Por norma general, están protegidos todos los accidentes ocurridos durante el viaje, o al comienzo o fin del mismo. Sin embargo, no cubre a los viajeros que provoquen los accidentes en estado de embriaguez o bajo los efectos de alguna sustancia estupefaciente, como tampoco aquellos que sucedan mediante la comisión de actos dolosos.

La ley establece que solo se cubrirá la indemnización y la asistencia sanitaria establecidas cuando se produzca muerte, invalidez permanente o incapacidad temporal del viajero. La indemnización se establecerá en el baremo que se incluye en el anexo de la ley.

En caso de fallecimiento será una indemnización única si la muerte ocurre durante los 18 meses siguientes al accidente y por causa del mismo. Los beneficiarios en este caso serían, en primer lugar, el viudo y los hijos, si los tuviera, a partes iguales. Si no hubiera cónyuge, les correspondería todo a los hijos. El valor de indemnización en caso de muerte será de 36.060,73 euros, tal como recoge la ley en mayo de 2015.

En los casos de incapacidad,los beneficiarios serían los propios asegurados:

• En relación a la Incapacidad permanente, cuando la naturaleza de las lesiones que presumiblemente deban dar lugar a incapacidad permanente haga imposible el diagnóstico definitivo, durante el tratamiento el asegurado podrá solicitar y obtener en ese período el abono de cantidades en concepto de anticipos a cuenta de la indemnización que pueda corresponderle.
• Por otro lado, en caso de Incapacidad temporal, se indemnizará en función del grado de inhabilitación que se atribuye a las lesiones de los asegurados.

En el baremo anexo de la ley se establecen 14 categorías para  establecer la indemnización de las lesiones corporales que se deriven del accidente de tráfico. Estas categorías van de mayor a menor grado de indemnización. La primera de ellas, que cubre lesiones como la amputación de un miembro superior y un miembro inferior, lleva aparejada una indemnización de 42.070,85 euros, tal como recoge la ley en mayo de 2015. La decimocuarta categoría, que recoge lesiones como la pérdida de más de ocho piezas dentales, correspondería una indemnización de 1.202,02 euros.

La asistencia sanitaria garantizada se extenderá como máximo a las 72 horas siguientes al momento del accidente cuando no requiera internamiento, hasta diez días cuando el asegurado esté cubierto por otro seguro, y hasta noventa días en el resto de casos.

¿Cómo actuar en caso de sufrir un accidente en transporte público?

En caso de que las lesiones derivadas del accidente, que sucedan en cualquier medio de transporte público, no sean valoradas como indemnizatorias por el Seguro Obligatorio del Viajero, puede reclamar una indemnización correspondiente a las lesiones que se deriven del mismo. Para ello, es esencial que obtenga un informe pericial que acredite que esas lesiones son consecuencia del accidente ocurrido y la indemnización que le correspondería.

Las cantidades percibidas por el Seguro Obligatorio de Viajeros son compatibles con otras a las que pudiera tener derecho por responsabilidad civil; no obstante, serán complementarias en caso de que el transportista tuviera la obligación de tener contratado un seguro obligatorio de vehículo de motor.

Si ha sufrido un accidente de tráfico podemos ayudarle a ejercer sus derechos. Comuníquese con nosotros en el 913076219 o rellene su consulta en nuestro formulario de contacto, estaremos encantados de ayudarle.

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abogados

Cuando una persona sufre un accidente, ya sea un accidente de tráfico, un accidente en la vía pública o en el trabajo, tiene que tomar la decisión de a quién acudir para determinar las responsabilidades que puede exigir por las causas y las consecuencias del accidente. ¿Se debe acudir a un abogado o a un médico?

– Un abogado es un profesional titulado que asiste a su cliente como asesor y representante para defender jurídicamente sus derechos y sus intereses frente a otras personas u organismos.

– Un médico es un profesional titulado que examina la salud de su paciente para buscar las causas y las soluciones a una enfermedad o un daño corporal.

Dadas estas definiciones, tras haber sufrido un accidente, ¿procede contactar primero con un abogado para buscar asesoramiento legal?, o ¿procede acudir a un médico que te examine y pueda establecer el nexo causal entre las lesiones y el accidente?

Por lo general, la víctima de un accidente contacta inmediatamente con su defensor legal, con su abogado, con el fin de que éste le asesore y le transmita las acciones legales que considere que se puedan llevar a cabo. El abogado toma sus primeras consideraciones en base a las observaciones de su representado y sin tener en cuenta ningún tipo de diagnóstico médico que pueda medir el alcance del accidente en cuestión.

El objetivo del abogado es valorar la reclamación del accidente al sujeto responsable, ya sean compañías de seguros u organismos públicos. Su función es importante, pues entre otras cosas, debe ser conocedor de los plazos existentes a la hora de reclamar la indemnización de un accidente.

Si se fuera a llevar el caso por la vía penal, el plazo para presentar la reclamación es de 6 meses, mientras que por la vía civil el plazo es de 1 año a partir de la estabilización de las secuelas.

Por su parte, un médico hará las observaciones necesarias, llevará a cabo una exploración médica y realizará las pruebas que sean pertinentes para tratar de ayudar a su paciente. El objetivo primero del médico será el de estabilizar la salud del paciente mediante el tratamiento o la intervención que estime oportuna, pero también podrá escribir en su informe las causas presumibles de las lesiones que le ha tratado. Un médico, y un perito médico, pueden establecer el nexo causal entre las lesiones y el accidente sufrido.

Además, un perito médico podrá llevar a cabo un trabajo más exhaustivo que incluya una valoración del daño corporal en base a la exploración médica y el estudio de la documentación clínica del paciente. El perito médico podrá realizar una interpretación de los baremos establecidos, la cual permita estimar la cuantía económica de la indemnización y evaluar la posibilidad de obtener la concesión de una incapacidad permanente a causa de las secuelas del accidente. Toda esta información relevante sería recogida en un informe médico pericial que sería ratificado por el propio perito médico en sede judicial si así fuera necesario.

El baremo que se emplea para calcular las indemnizaciones para cualquier tipo de accidente (accidentes del hogar, de tráfico, en la vía pública, etc.) es el baremo actualizado de indemnizaciones para accidentes de circulación.

Cuando sufres un accidente tienes la oportunidad de elegir con quien contactar y a quien acudir, no obstante, en cualquier caso en el que haya lesiones de por medio, médico y abogado deben trabajar de la mano. Constituyen dos tipos de profesionales que se desempeñan en ámbitos diferentes, y que en determinados casos se necesitan el uno del otro para complementar su trabajo y obtener el resultado satisfactorio que persigue su cliente o paciente.

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la prueba pericial

La mayoría de casos de negligencia médica son aquellos en los que se produce un daño que era prevenible. La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que 1 de cada 10 pacientes hospitalizados en Europa ha sido víctima de una mala praxis, un dato que sin ninguna duda provoca mucha preocupación.

Las negligencias médicas pueden reclamarse por la vía civil o por la vía penal. Cuando una persona interpone una demanda civil por una negligencia médica, un requisito fundamental para que ésta pueda prosperar es que se haya producido un daño, y que ese daño haya sido causado por una mala actuación o una omisión médica negligente. Ese nexo causal es por lo general el punto clave que tiene que ser demostrado.

En el procedimiento civil se enjuicia solo aquello que el demandante haya delimitado en la demanda, es decir, si por ejemplo en la demanda se reclama únicamente que no se empleó la técnica correcta, deberán aportarse exclusivamente pruebas que demuestren este punto, y además el juez no podrá juzgar más allá de si se empleó la técnica adecuada o no.

¿A quién le corresponde probar los hechos? Como regla general, la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), en su artículo 217, párrafos 2 y 3, señala lo siguiente en referencia a la carga de la prueba:

1) Párrafo 2. “Corresponde al actor y al demandado reconviniente la carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda y de la reconvención”.

2)Párrafo 3. “Incumbe al demandado y al actor reconvenido la carga de probar los hechos que, conforme a las normas que les sean aplicables, impidan, extingan o enerven la eficacia jurídica de los hechos a que se refiere el apartado anterior”.

Resumiendo lo anterior, es competencia del demandante y del demandado reconviniente probar los hechos sobre los que reclaman. La demanda reconvencional es una demanda judicial que puede ejercer el demandado contra el demandante dentro del mismo proceso judicial para introducir nuevas peticiones al tribunal y pedir su absolución.

No obstante, y a pesar de lo que expresa nuestro ordenamiento jurídico, en algunos casos especiales como aquellos en los que se juzga una presunta negligencia médica, se invierte la carga de la prueba, de tal modo que es el profesional médico quien debe probar que actuó con diligencia en todo momento. Por otro lado, cabe tener en cuenta que la obligación del médico no es de resultados, sino de medios.

La cuestión del consentimiento informado y las situaciones de daño desproporcionado son dos ejemplos en los que el demandado tiene la responsabilidad de probar los hechos.

El médico tiene la carga de demostrar que informó debidamente al paciente y que no faltó de ningún modo al consentimiento informado. El consentimiento informado debe contener la información adecuada y debe ser aceptado por el paciente sin coacción, además el médico tiene que haber comprobado previamente que el paciente es competente para consentir el tratamiento o la intervención a la que va a ser sometido.

Por su parte, el daño desproporcionado es aquel producido a causa de un acto médico, y que no se corresponde con el riesgo previsible que entrañaba dicho acto. Cuando se juzga la existencia de un daño proporcionado, la carga de la prueba recae sobre la parte demandada.

En cualquier caso, no debemos olvidar que el paciente tiene el derecho a demostrar que el daño existe y que el médico actuó con negligencia. Para probarlo es indispensable la figura de un abogado y la labor de un perito médico.

Los peritos médicos son profesionales de la valoración del daño corporal, y como tales, tienen competencia para explorar al paciente, interpretar los baremos y elaborar a posteriori un informe médico pericial en el que se recoja entre otras cosas el daño, la causa del mismo y la valoración de secuelas. Cabe mencionar que actualmente para evaluar los daños producidos por prácticas médicas se aplica el baremo de daños producidos por accidentes de tráfico.

El informe resultante del trabajo de exploración y documentación del perito médico será la prueba clave y fundamental para probar que efectivamente existió una negligencia médica y que permitirá conseguir una cuantiosa indemnización.

Si piensas que ha sido víctima de una negligencia médica, llámenos al teléfono gratuito 91 307 6219, trabajamos en toda España, estaremos encantados de ayudarle.

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perito médico y abogado

La relación entre un perito médico y un abogado puede ser muy estrecha a pesar de la distancia existente entre la rama de la medicina y la del derecho. A la hora de evaluar casos administrativos o judiciales de las ramas del derecho laboral, civil, contencioso-administrativo o penal, los conocimientos de uno y otro son necesarios y complementarios para llegar a buen puerto.

El abogado es el profesional que representa al afectado, le informa de sus derechos y ejerce su defensa jurídica ante el tribunal correspondiente. Para llevar a cabo esta defensa, requiere del historial médico de su cliente y de un informe médico pericial que certifique la incapacidad que solicita el demandante.

El perito médico es un profesional de la medicina que debe actuar con independencia, objetividad y responsabilidad, acorde a su código deontológico. El médico examina al paciente, y de su reconocimiento elabora un informe que deriva en una prueba pericial fiable para el tribunal. Además, como experto en la materia, tiene la función de conseguir una convicción judicial mediante sus declaraciones a pesar de no ser parte del proceso.

El artículo 335 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), en su párrafo 1, delimita con claridad el concepto de perito: “Cuando sean necesarios conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos para valorar hechos o circunstancias relevantes en el asunto o adquirir certeza sobre ellos, las partes podrán aportar al proceso el dictamen de peritos que posean los conocimientos correspondientes o solicitar, en los casos previstos en esta ley, que se emita dictamen por perito designado por el tribunal”.

Es complicado seleccionar al perito adecuado debido a que cada día son más las especializaciones que se dan dentro del ámbito de la medicina.

Tal y como indica la LEC en su artículo 340, párrafo 1: “Los peritos deberán poseer el título oficial que corresponda a la materia objeto del dictamen y a la naturaleza de éste. Si se tratare de materias que no estén comprendidas en títulos profesionales oficiales, habrán de ser nombrados entre personas entendidas en aquellas materias”.

Una vez establecidas las competencias del perito médico y del abogado, podemos deducir cual es la conexión existente entre ellos. El abogado es el responsable directo de su representado en el juicio y necesita de forma vital al perito médico, como un tercero, para facilitar la percepción de los hechos y convencer al tribunal mediante los conocimientos técnicos especializados que lógicamente ni el abogado ni el juez poseen.

Se trata por tanto de una relación de colaboración sin la cual el demandante vería como sus intereses perderían fuerza y como su defensa legal  perdería eficacia. El perito médico y el abogado deben trabajar de la mano y con confianza. Para ello es importante que el perito mantenga en todo momento su valoración inicial.

Muchos letrados son conscientes de que para ganar un juicio con determinantes factores técnicos, se precisa de un buen perito médico que forme junto a él un equipo suficientemente compenetrado como para cumplir de forma rigurosa un mismo fin. Deben coordinarse y compartir la línea estratégica que plantee el abogado.  Esto no significa que el perito médico actúe interesadamente a favor del abogado, pues debemos tener siempre en cuenta que el perito médico actuará desde el rigor y la imparcialidad, pero sí que marca el discurso de autoridad que empleará, por ejemplo, a la hora de contradecir los argumentos de los peritos que defiendan a la otra parte.

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La violencia de género aumenta cada año en España

Según la Ley Orgánica sobre las Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, la mujer es víctima de violencia de género cuando es objeto de cualquier acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones, las amenazas o privación de su libertad.

Si una agresión sucediera, el derecho a recibir información está garantizado a través de los siguientes medios de contacto:

El servicio telefónico gratuito – 016 – que pone la administración ante llamadas de emergencia.

A través del número 900 116 016 por medio de un teléfono móvil.

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ofrece recursos de apoyo y prevención ante casos de violencia de género en la página de violencia de género (Por una sociedad libre de violencia de género)

Según la Ley Orgánica las mujeres víctimas de violencia de género tienen derecho a la asistencia jurídica inmediata y derecho a asistencia en todos los procedimientos administrativos.

El derecho a la asistencia jurídica gratuita les ofrece:

• Asesoramiento y orientación gratuitos.
• Defensa y representación gratuitas por abogado y procurador. o Inserción gratuita de anuncios o edictos en periódicos oficiales.
• Asistencia pericial gratuita.

El Informe Médico Pericial (IMP) es necesario para conocer algún hecho o circunstancia importante en el sumario. Cuando esto ocurre es necesario recurrir a conocimientos científicos. Este informe es obligatorio según las Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

El IMP no hay que entenderlo como un único informe, sino como un documento exploratorio que permite a los jueces y fiscales apreciar la verdadera situación del contexto de la víctima, tanto en los aspectos físicos y laborales, como familiares, económicos y psicológicos.

Si usted cree que ha sufrido algún maltrato o violencia de género nosotros les podemos ayudar. Llámenos al teléfono 913076219, o rellene su consulta en nuestro formulario de contacto.

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factores del informe médico pericial

La emisión del informe médico pericial hay que entenderla como una manera de asistir ante un proceso judicial que puede ser objeto de debate. Ante esta afirmación nos preguntamos, ¿cuáles son los elementos que constituyen el informe médico pericial? Para responder a esta pregunta debemos atenernos al historial clínico del paciente.

En este informe se deben recoger los extremos de interés relacionados con la valoración de consecuencias lesivas sobre el paciente. Una vez recogidos estos datos es necesario hacer un diagnóstico sobre las posibilidades de recuperación así como el proceso que se necesita para llegar a su estabilización o curación.

En un historial clínico, el médico evaluador debe de insistir en los antecedentes patológicos del paciente, así como en enfermedades e intervenciones hechas con anterioridad.  Una vez hecha esta comprobación hay que evaluar la sensación de dolor y si se ha acentuado con el paso del tiempo. Ante todo hay que insistir en cómo ha evolucionado su cuadro clínico. Hay que considerar la identificación del paciente y constatar las fuentes del informe, es decir, dilucidar en qué informes médicos nos hemos basado para la elaboración de nuestro informe médico pericial.

La exploración del paciente

El elemento esencial en el informe médico pericial está constituido por las fuentes del informe de origen interno de tipo clínico, donde queda recogida la exploración al paciente. Por lo que hay que hacer constar el diagnóstico, diferenciando la analogía que consideremos clínica, es decir las lesiones sufridas y las secuelas a consecuencia de las lesiones iniciales. En este historial médico hay que precisar al máximo la valoración entre las lesiones sufridas con posterioridad y las patologías que presentaba el paciente antes de la agresión, y por ello hacer un diagnóstico comparativo después del accidente.

Aptitudes del buen perito médico

Las  principales cualidades del  buen  perito  son la  agudeza  en la  observación,  el orden en la presentación de resultados; un método preciso y una relación causal entre la  deducción e inducción en la declaración técnica o el dictamen pericial. Un buen perito médico no debe modificar su criterio. La imparcialidad es un requisito legal y una de las características más notables de un profesional que ante todo, defiende la legalidad de los intereses del cliente.

En Grupo Médico Jurídico Durango ponemos a su disposición un equipo multidisciplinar, contamos con los mejores peritos médicos. Llámenos a este teléfono  913076219, o rellene el formulario de contacto.

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