En este artículo, la abogada Alba Rodríguez Úbeda, colaboradora de Grupo Médico Jurídico Durango, reflexiona sobre cómo la IA afecta a la diligencia profesional, el secreto abogado-cliente, la responsabilidad civil y la estrategia procesal. Su análisis advierte que la tecnología puede mejorar la eficiencia del despacho, pero no sustituye el criterio del letrado ni reduce sus obligaciones éticas. Al contrario, exige mayor vigilancia, control de los datos y protección de la seguridad jurídica del cliente.

La integración de la Inteligencia Artificial en el ejercicio de la abogacía ha dejado de pertenecer al terreno de las hipótesis futuras. Forma ya parte del presente de la deontología profesional y de la praxis jurídica. Para el abogado contemporáneo, la IA no redefine únicamente los parámetros de eficiencia del despacho, sino que altera de manera profunda la naturaleza de la obligación de medios y resultados que sostiene el ejercicio de la profesión.

Vulneración de la Lex Artis ad hoc

Uno de los primeros territorios donde esta transformación adquiere una relevancia decisiva es el de la diligencia profesional ante la automatización. El uso de herramientas de IA generativa para la redacción de escritos procesales o para la búsqueda de jurisprudencia introduce un riesgo jurídico crítico: el error del algoritmo. La aparente precisión de una respuesta automatizada puede ocultar fallos graves, referencias inexistentes o construcciones argumentales carentes de respaldo jurídico real.

En este nuevo escenario, la responsabilidad in eligendo e in vigilando adquiere una dimensión especialmente delicada. Del mismo modo que el titular de un despacho responde por los errores cometidos por sus pasantes, la doctrina empieza a señalar que el abogado puede ser plenamente responsable de las llamadas “alucinaciones” de su software. Presentar una demanda sustentada en jurisprudencia inexistente generada por una IA no constituye un simple error técnico, sino una vulneración de la lex artis ad hoc.

La aparición del llamado estándar del “abogado aumentado” confirma que el nivel de diligencia exigible está aumentando. La cuestión no reside en permitir que la IA actúe conforme a criterios propios, sino en garantizar que su utilización se apoye siempre en bases de datos jurídicas fiables, contrastadas y verificadas. Del mismo modo que en la actualidad podría considerarse una falta de diligencia no recurrir a fuentes jurídicas digitales adecuadas en un proceso complejo, el uso acrítico de herramientas automatizadas puede comprometer la calidad técnica de la defensa y la seguridad jurídica del cliente.

Secreto profesional y confidencialidad jurídica

Otro de los grandes ejes de este desafío se sitúa en el secreto profesional y la soberanía del dato. Para cualquier despacho jurídico, la confidencialidad constituye el pilar esencial de la relación abogado-cliente, tal como recoge el artículo 5 del Código Deontológico. La incorporación de sistemas de IA obliga, por tanto, a revisar con especial rigor qué información se introduce en estas herramientas, bajo qué condiciones se procesa y con qué garantías se conserva.

El riesgo del prompt se convierte así en una cuestión central. El volcado de hechos, nombres, documentos o estrategias procesales en modelos de IA abiertos puede constituir una quiebra del secreto profesional y, al mismo tiempo, una infracción grave del RGPD. La seguridad jurídica depende hoy de contratos de licencia de IA corporativa capaces de garantizar que los datos del despacho y de sus clientes no sean utilizados para entrenar modelos públicos ni queden expuestos a usos incompatibles con la confidencialidad profesional.

La propiedad intelectual de los escritos abre, además, otro debate de enorme complejidad. La pregunta resulta inevitable: ¿quién es el autor de una demanda redactada al 80% por una IA? La autoría de los escritos procesales, la protección del know-how del despacho y la delimitación entre asistencia tecnológica y creación jurídica propia se perfilan como algunos de los grandes retos del derecho de propiedad intelectual dentro de la propia profesión jurídica.

El despacho del siglo XXI no se define por sustituir abogados por algoritmos, sino por utilizar la IA para blindar la seguridad jurídica de sus clientes. La tecnología cambia, pero la responsabilidad civil y el compromiso ético del letrado permanecen como el último baluarte frente a la máquina.

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La apertura de una herencia no siempre se desarrolla de forma pacífica. En muchas ocasiones, los herederos descubren disposiciones testamentarias que consideran injustas, irregulares o incluso contrarias a la ley.

La impugnación de un testamento es el procedimiento judicial mediante el cual se solicita la nulidad total o parcial del testamento cuando existen defectos legales que afectan a su validez.

Este proceso permite proteger tanto la verdadera voluntad del testador como los derechos de los herederos forzosos reconocidos por la legislación española.

Principales causas para impugnar un testamento

Vicios en el consentimiento: coacción, amenazas o manipulación

Un testamento puede ser anulado cuando el testador firmó bajo presión, amenazas, engaño o manipulación psicológica.

Este tipo de situaciones suele darse especialmente en personas mayores o vulnerables que dependen emocional o físicamente de familiares, cuidadores o personas de su entorno cercano.

Cuando se demuestra que la voluntad del testador fue alterada, el testamento pierde validez legal.

Falta de capacidad mental del testador

Para otorgar testamento válidamente, la persona debe encontrarse en pleno uso de sus facultades mentales y actuar con pleno conocimiento de las consecuencias de sus decisiones.

La existencia de enfermedades como:

• Alzheimer,
• demencia,
• deterioro cognitivo,
• trastornos psiquiátricos graves,

puede ser motivo de impugnación si dichas patologías afectaban al testador en el momento de firmar el testamento.

En estos casos, los informes médicos, historiales clínicos y pruebas periciales resultan fundamentales.

Vulneración de la legítima y preterición de herederos

El derecho sucesorio español protege a determinados familiares mediante la figura de los herederos forzosos.

Entre ellos se encuentran:

• los hijos y descendientes,
• los ascendientes,
• y el cónyuge viudo.

Si el testador omite injustificadamente a alguno de estos herederos o les atribuye menos de lo que legalmente les corresponde, el testamento puede ser corregido judicialmente.

La ley garantiza el respeto de la legítima, incluso frente a disposiciones testamentarias contrarias.

La desheredación por maltrato psicológico

La jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo ha consolidado la posibilidad de desheredar a un hijo o heredero por causa de maltrato psicológico, incluyendo situaciones de abandono afectivo grave y continuado.

Sin embargo, esta causa de desheredación debe estar debidamente acreditada.

No basta con una simple mala relación familiar o conflictos puntuales. Es necesario demostrar de forma objetiva la existencia de un daño emocional grave hacia el testador.

Por ello, cuando una persona ha sido desheredada sin causa real o sin pruebas suficientes, puede iniciar un procedimiento judicial para impugnar el testamento y recuperar sus derechos hereditarios.

¿Quién puede impugnar un testamento?

Generalmente, pueden impugnar un testamento aquellas personas que tengan un interés legítimo en la herencia, como:

• herederos forzosos,
• familiares excluidos,
• beneficiarios de testamentos anteriores,
• o personas perjudicadas por disposiciones inválidas.

Cada caso requiere un análisis jurídico individualizado para valorar las posibilidades reales de éxito.

¿Cuál es el plazo para impugnar un testamento?

Los plazos pueden variar según la causa de impugnación y las circunstancias concretas del caso.

Por ello, es fundamental actuar con rapidez y buscar asesoramiento jurídico especializado cuanto antes para evitar la pérdida de derechos.

Conclusión

Impugnar un testamento es una herramienta legal destinada a proteger tanto la voluntad auténtica del testador como los derechos hereditarios reconocidos por la ley. Cuando existen indicios de manipulación, incapacidad mental, desheredación injusta o vulneración de la legítima, acudir a la vía judicial puede resultar esencial para restablecer la legalidad.

Si considera que un testamento puede ser injusto, irregular o contrario a la ley, no deje pasar el tiempo. Contacte con Grupo Durango y reciba asesoramiento profesional y confidencial sobre las opciones legales disponibles en su caso.

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Patologías del demandante

Algunas de las patologías que presenta el demandante sobre su estado actual son:

• Fibromialgia 18/18, con mal control del dolor
• Fatiga crónica
• Cervicoartrosis
• Lumbalgia multifactorial crónica
• Lumbociática con radiculopatía izquierda crónica
• Condropatía rotuliana grado II
• Gonalgia bilateral
• Fascitis plantar bilateral
• Trastorno adaptativo mixto, con ansiedad y depresión

Nuestro tándem médico – jurídico ha conseguido obtener una sentencia estimatoria, con el siguiente fallo del juez:

FALLO

“Estimando la demanda interpuesta por … frente al INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (INSS) Y TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL(TGSS), declaro el derecho de la demandante a ser reconocida afecta de Incapacidad Permanente Total para su profesión habitual por contingencias comunes, condenando al INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (INSS) Y TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL(TGSS) a estar y pasar por tal declaración así como al abono de prestación del 55% sobre la base reguladora de … euros mensuales, a incrementar en un 20% y efectos desde el cese en la relación laboral.”

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Patologías del demandante

Algunas de las patologías que presenta el demandante sobre su estado actual son:

• Migraña con aura
• Diplopía binocular en convergencia
• Trastorno depresivo recurrente en personalidad con rasgos sensitivos
• Ansiedad importante
• Fallos de concentración
• Ideación autolítica
• Sobreingesta medicamentosa
• Grado total de discapacidad del 42%

Una vez más, gracias al trabajo de nuestro tándem médico – jurídico, se ha obtenido una sentencia estimatoria, con el siguiente fallo del juez:

FALLO

“Que ESTIMANDO la demanda que en materia de INVALIDEZ ha sido interpuesta por … contra el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y la TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD, debo declarar y declaro a la actora en situación de incapacidad permanente total, derivada de contingencia común y para la profesión de gestora de créditos, con derecho a la pensión calculada sobre el 55% de la base reguladora legal, y con efectos de …, condenando a los demandados, en el ámbito de su respectiva responsabilidad, al pago de la indicada prestación, con los atrasos, mejoras y revalorizaciones legales y reglamentarias.”

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indemnización accidente de tráfico

En caso de sufrir un accidente durante la utilización de algún medio de transporte público, ¿sabe que existe un seguro que cubre los daños y los tipos de indemnización que puedan derivarse del accidente?

El Seguro Obligatorio de Viajeros, regulado en el Real Decreto 1575/1989, de 22 de diciembre, tiene por finalidad dar una indemnización a los viajeros cuando sufran daños corporales en un accidente que tenga lugar en un medio de transporte público de personas. Es de carácter obligatorio, además de ser una modalidad de Seguro Privado compatible con cualquier otro seguro concertado por el viajero.

En cuanto a su ámbito de aplicación, protege a todos los viajeros que utilicen el transporte público terrestre y el transporte marítimo español, cuyos  viajes se realicen por territorio nacional o partan de él. No se podrá aplicar a medios de transporte con capacidad inferior a nueve plazas, salvo que se lleven a cabo en trolebús o los realizados en teleféricos, funiculares, etc. Es obligatorio para todos los transportistas contratarlo.

El seguro protege a todos aquellos que en el momento del accidente tengan el título de transporte, los usuarios menores de edad y el personal de la empresa transportista.

Por norma general, están protegidos todos los accidentes ocurridos durante el viaje, o al comienzo o fin del mismo. Sin embargo, no cubre a los viajeros que provoquen los accidentes en estado de embriaguez o bajo los efectos de alguna sustancia estupefaciente, como tampoco aquellos que sucedan mediante la comisión de actos dolosos.

La ley establece que solo se cubrirá la indemnización y la asistencia sanitaria establecidas cuando se produzca muerte, invalidez permanente o incapacidad temporal del viajero. La indemnización se establecerá en el baremo que se incluye en el anexo de la ley.

En caso de fallecimiento será una indemnización única si la muerte ocurre durante los 18 meses siguientes al accidente y por causa del mismo. Los beneficiarios en este caso serían, en primer lugar, el viudo y los hijos, si los tuviera, a partes iguales. Si no hubiera cónyuge, les correspondería todo a los hijos. El valor de indemnización en caso de muerte será de 36.060,73 euros, tal como recoge la ley en mayo de 2015.

En los casos de incapacidad,los beneficiarios serían los propios asegurados:

• En relación a la Incapacidad permanente, cuando la naturaleza de las lesiones que presumiblemente deban dar lugar a incapacidad permanente haga imposible el diagnóstico definitivo, durante el tratamiento el asegurado podrá solicitar y obtener en ese período el abono de cantidades en concepto de anticipos a cuenta de la indemnización que pueda corresponderle.
• Por otro lado, en caso de Incapacidad temporal, se indemnizará en función del grado de inhabilitación que se atribuye a las lesiones de los asegurados.

En el baremo anexo de la ley se establecen 14 categorías para  establecer la indemnización de las lesiones corporales que se deriven del accidente de tráfico. Estas categorías van de mayor a menor grado de indemnización. La primera de ellas, que cubre lesiones como la amputación de un miembro superior y un miembro inferior, lleva aparejada una indemnización de 42.070,85 euros, tal como recoge la ley en mayo de 2015. La decimocuarta categoría, que recoge lesiones como la pérdida de más de ocho piezas dentales, correspondería una indemnización de 1.202,02 euros.

La asistencia sanitaria garantizada se extenderá como máximo a las 72 horas siguientes al momento del accidente cuando no requiera internamiento, hasta diez días cuando el asegurado esté cubierto por otro seguro, y hasta noventa días en el resto de casos.

¿Cómo actuar en caso de sufrir un accidente en transporte público?

En caso de que las lesiones derivadas del accidente, que sucedan en cualquier medio de transporte público, no sean valoradas como indemnizatorias por el Seguro Obligatorio del Viajero, puede reclamar una indemnización correspondiente a las lesiones que se deriven del mismo. Para ello, es esencial que obtenga un informe pericial que acredite que esas lesiones son consecuencia del accidente ocurrido y la indemnización que le correspondería.

Las cantidades percibidas por el Seguro Obligatorio de Viajeros son compatibles con otras a las que pudiera tener derecho por responsabilidad civil; no obstante, serán complementarias en caso de que el transportista tuviera la obligación de tener contratado un seguro obligatorio de vehículo de motor.

Si ha sufrido un accidente de tráfico podemos ayudarle a ejercer sus derechos. Comuníquese con nosotros en el 913076219 o rellene su consulta en nuestro formulario de contacto, estaremos encantados de ayudarle.

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abogados

Cuando una persona sufre un accidente, ya sea un accidente de tráfico, un accidente en la vía pública o en el trabajo, tiene que tomar la decisión de a quién acudir para determinar las responsabilidades que puede exigir por las causas y las consecuencias del accidente. ¿Se debe acudir a un abogado o a un médico?

– Un abogado es un profesional titulado que asiste a su cliente como asesor y representante para defender jurídicamente sus derechos y sus intereses frente a otras personas u organismos.

– Un médico es un profesional titulado que examina la salud de su paciente para buscar las causas y las soluciones a una enfermedad o un daño corporal.

Dadas estas definiciones, tras haber sufrido un accidente, ¿procede contactar primero con un abogado para buscar asesoramiento legal?, o ¿procede acudir a un médico que te examine y pueda establecer el nexo causal entre las lesiones y el accidente?

Por lo general, la víctima de un accidente contacta inmediatamente con su defensor legal, con su abogado, con el fin de que éste le asesore y le transmita las acciones legales que considere que se puedan llevar a cabo. El abogado toma sus primeras consideraciones en base a las observaciones de su representado y sin tener en cuenta ningún tipo de diagnóstico médico que pueda medir el alcance del accidente en cuestión.

El objetivo del abogado es valorar la reclamación del accidente al sujeto responsable, ya sean compañías de seguros u organismos públicos. Su función es importante, pues entre otras cosas, debe ser conocedor de los plazos existentes a la hora de reclamar la indemnización de un accidente.

Si se fuera a llevar el caso por la vía penal, el plazo para presentar la reclamación es de 6 meses, mientras que por la vía civil el plazo es de 1 año a partir de la estabilización de las secuelas.

Por su parte, un médico hará las observaciones necesarias, llevará a cabo una exploración médica y realizará las pruebas que sean pertinentes para tratar de ayudar a su paciente. El objetivo primero del médico será el de estabilizar la salud del paciente mediante el tratamiento o la intervención que estime oportuna, pero también podrá escribir en su informe las causas presumibles de las lesiones que le ha tratado. Un médico, y un perito médico, pueden establecer el nexo causal entre las lesiones y el accidente sufrido.

Además, un perito médico podrá llevar a cabo un trabajo más exhaustivo que incluya una valoración del daño corporal en base a la exploración médica y el estudio de la documentación clínica del paciente. El perito médico podrá realizar una interpretación de los baremos establecidos, la cual permita estimar la cuantía económica de la indemnización y evaluar la posibilidad de obtener la concesión de una incapacidad permanente a causa de las secuelas del accidente. Toda esta información relevante sería recogida en un informe médico pericial que sería ratificado por el propio perito médico en sede judicial si así fuera necesario.

El baremo que se emplea para calcular las indemnizaciones para cualquier tipo de accidente (accidentes del hogar, de tráfico, en la vía pública, etc.) es el baremo actualizado de indemnizaciones para accidentes de circulación.

Cuando sufres un accidente tienes la oportunidad de elegir con quien contactar y a quien acudir, no obstante, en cualquier caso en el que haya lesiones de por medio, médico y abogado deben trabajar de la mano. Constituyen dos tipos de profesionales que se desempeñan en ámbitos diferentes, y que en determinados casos se necesitan el uno del otro para complementar su trabajo y obtener el resultado satisfactorio que persigue su cliente o paciente.

En Grupo Médico Jurídico Durango ponemos a su disposición un equipo multidisciplinar experimentado en los expedientes de incapacidades y discapacidades por diferentes patologías.Infórmese sin compromiso al teléfono gratuito 913076219, o rellene el formulario de contacto.
Nuestros médicos peritos estudiarán la viabilidad de su caso a fin solicitar con éxito el proceso ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Póngase en contacto con nosotros, trabajamos en toda España, estaremos encantados de ayudarle.

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la prueba pericial

La mayoría de casos de negligencia médica son aquellos en los que se produce un daño que era prevenible. La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que 1 de cada 10 pacientes hospitalizados en Europa ha sido víctima de una mala praxis, un dato que sin ninguna duda provoca mucha preocupación.

Las negligencias médicas pueden reclamarse por la vía civil o por la vía penal. Cuando una persona interpone una demanda civil por una negligencia médica, un requisito fundamental para que ésta pueda prosperar es que se haya producido un daño, y que ese daño haya sido causado por una mala actuación o una omisión médica negligente. Ese nexo causal es por lo general el punto clave que tiene que ser demostrado.

En el procedimiento civil se enjuicia solo aquello que el demandante haya delimitado en la demanda, es decir, si por ejemplo en la demanda se reclama únicamente que no se empleó la técnica correcta, deberán aportarse exclusivamente pruebas que demuestren este punto, y además el juez no podrá juzgar más allá de si se empleó la técnica adecuada o no.

¿A quién le corresponde probar los hechos? Como regla general, la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), en su artículo 217, párrafos 2 y 3, señala lo siguiente en referencia a la carga de la prueba:

1) Párrafo 2. “Corresponde al actor y al demandado reconviniente la carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda y de la reconvención”.

2)Párrafo 3. “Incumbe al demandado y al actor reconvenido la carga de probar los hechos que, conforme a las normas que les sean aplicables, impidan, extingan o enerven la eficacia jurídica de los hechos a que se refiere el apartado anterior”.

Resumiendo lo anterior, es competencia del demandante y del demandado reconviniente probar los hechos sobre los que reclaman. La demanda reconvencional es una demanda judicial que puede ejercer el demandado contra el demandante dentro del mismo proceso judicial para introducir nuevas peticiones al tribunal y pedir su absolución.

No obstante, y a pesar de lo que expresa nuestro ordenamiento jurídico, en algunos casos especiales como aquellos en los que se juzga una presunta negligencia médica, se invierte la carga de la prueba, de tal modo que es el profesional médico quien debe probar que actuó con diligencia en todo momento. Por otro lado, cabe tener en cuenta que la obligación del médico no es de resultados, sino de medios.

La cuestión del consentimiento informado y las situaciones de daño desproporcionado son dos ejemplos en los que el demandado tiene la responsabilidad de probar los hechos.

El médico tiene la carga de demostrar que informó debidamente al paciente y que no faltó de ningún modo al consentimiento informado. El consentimiento informado debe contener la información adecuada y debe ser aceptado por el paciente sin coacción, además el médico tiene que haber comprobado previamente que el paciente es competente para consentir el tratamiento o la intervención a la que va a ser sometido.

Por su parte, el daño desproporcionado es aquel producido a causa de un acto médico, y que no se corresponde con el riesgo previsible que entrañaba dicho acto. Cuando se juzga la existencia de un daño proporcionado, la carga de la prueba recae sobre la parte demandada.

En cualquier caso, no debemos olvidar que el paciente tiene el derecho a demostrar que el daño existe y que el médico actuó con negligencia. Para probarlo es indispensable la figura de un abogado y la labor de un perito médico.

Los peritos médicos son profesionales de la valoración del daño corporal, y como tales, tienen competencia para explorar al paciente, interpretar los baremos y elaborar a posteriori un informe médico pericial en el que se recoja entre otras cosas el daño, la causa del mismo y la valoración de secuelas. Cabe mencionar que actualmente para evaluar los daños producidos por prácticas médicas se aplica el baremo de daños producidos por accidentes de tráfico.

El informe resultante del trabajo de exploración y documentación del perito médico será la prueba clave y fundamental para probar que efectivamente existió una negligencia médica y que permitirá conseguir una cuantiosa indemnización.

Si piensas que ha sido víctima de una negligencia médica, llámenos al teléfono gratuito 91 307 6219, trabajamos en toda España, estaremos encantados de ayudarle.

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mala praxis en cirugía facial

La cirugía estética es una práctica que está al orden del día dentro de una sociedad en la que el perfil físico ha cobrado una gran importancia. La cirugía plástica se puede dividir en dos: la cirugía reconstructiva y la cirugía estética.

Podríamos decir que la cirugía reconstructiva es aquella que aun pudiendo mejorar el aspecto físico del paciente tiene una intención funcional y no puramente estética. Esta cirugía entra dentro del catálogo de prestaciones de la Seguridad Social, y se elabora para reparar estructuras del cuerpo que han resultado dañadas por problemas congénitos, traumatismos, enfermedades, etc. Un ejemplo de esto es la cirugía realizada en la nariz para corregir una dificultad respiratoria, o la cirugía abdominal para calmar dolores de espalda o tratar hernias.

Por su parte, la cirugía estética es un tipo de medicina voluntaria no curativa, cuyo fin principal es el de lograr un mejor aspecto físico en el paciente, con el que aumente su atractivo y por ende su autoestima. Esta clase de cirugía no entra dentro del catálogo de prestaciones de la Seguridad Social.

Es importante ponerse en manos de un verdadero profesional y especialista de la cirugía plástica para exponerse a este tipo de intervenciones estéticas. Para detectar a un cirujano estético de verdad hay que constatar que posee el título de cirugía plástica, que realiza las intervenciones en un hospital o clínica y que no prometerá resultados milagrosos que no se ajusten a la realidad.

Las operaciones de cirugía estética son abundantes en las mujeres. Según el número de consultas sobre cirugía estética que se realizan en España, se puede resolver que la mayor preocupación de las españolas está en el exceso de peso, por delante del tamaño y la forma del pecho. En tercer lugar encontramos las consultas referentes a tratamientos de antienvejecimiento.

Cada vez son más comunes los casos en los que un paciente no queda contento con el resultado de su operación. Hay que tener en cuenta que entre el cirujano y el paciente se establece un contrato según el cual se obliga al profesional médico a obtener el resultado pactado. Si este resultado se diferencia de lo acordado podrá ser objeto de reclamación.

Por otro lado, el médico también está obligado a presentarle por escrito al paciente un consentimiento previo a la intervención en el que consten todas las posibles complicaciones que pueden surgir durante su desarrollo. El paciente debe de dar ese consentimiento de forma libre y voluntaria.

En ciertas ocasiones, de la operación de cirugía estética pueden resultar cicatrices antiestéticas, dismetrías corporales o lesiones que afecten a la salud del paciente. Si el paciente considera haber sido víctima de una mala praxis, hay que valorar la posibilidad de que se haya producido una negligencia médica.

Para comenzar a investigar este proceso es elemental contar con un abogado especialista que junto con la colaboración de un perito médico pueda demostrar la existencia de la negligencia.

El primer requisito para que exista viabilidad a la hora de reclamar una negligencia médica es que debe haberse producido un daño. A continuación hay que poder demostrar que ese daño es consecuencia de una actuación u omisión médica, y que esa actuación u omisión médica haya sido negligente.

Podemos encontrar diversos tipos de culpa en las negligencias médicas: inconsciente, consciente y profesional.

– La culpa inconsciente es la que deriva de la falta de previsión de un resultado que el profesional debió haber previsto.

– La culpa consciente es aquella en la que el profesional se expuso a obtener un mal resultado aun después de haber previsto la posibilidad de que éste se produjera.

– Culpa profesional es aquella en la que el profesional ha contravenido las reglas propias de su actividad.

Si necesitas valorar el perjuicio estético y sus posibles secuelas infórmese si compromiso al teléfono gratuito 91 307 6219 o rellene su consulta en nuestro formulario de contacto, no te quedes sin reclamar, trabajamos en toda España, estaremos encantados de ayudarle.

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perito médico y abogado

La relación entre un perito médico y un abogado puede ser muy estrecha a pesar de la distancia existente entre la rama de la medicina y la del derecho. A la hora de evaluar casos administrativos o judiciales de las ramas del derecho laboral, civil, contencioso-administrativo o penal, los conocimientos de uno y otro son necesarios y complementarios para llegar a buen puerto.

El abogado es el profesional que representa al afectado, le informa de sus derechos y ejerce su defensa jurídica ante el tribunal correspondiente. Para llevar a cabo esta defensa, requiere del historial médico de su cliente y de un informe médico pericial que certifique la incapacidad que solicita el demandante.

El perito médico es un profesional de la medicina que debe actuar con independencia, objetividad y responsabilidad, acorde a su código deontológico. El médico examina al paciente, y de su reconocimiento elabora un informe que deriva en una prueba pericial fiable para el tribunal. Además, como experto en la materia, tiene la función de conseguir una convicción judicial mediante sus declaraciones a pesar de no ser parte del proceso.

El artículo 335 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), en su párrafo 1, delimita con claridad el concepto de perito: “Cuando sean necesarios conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos para valorar hechos o circunstancias relevantes en el asunto o adquirir certeza sobre ellos, las partes podrán aportar al proceso el dictamen de peritos que posean los conocimientos correspondientes o solicitar, en los casos previstos en esta ley, que se emita dictamen por perito designado por el tribunal”.

Es complicado seleccionar al perito adecuado debido a que cada día son más las especializaciones que se dan dentro del ámbito de la medicina.

Tal y como indica la LEC en su artículo 340, párrafo 1: “Los peritos deberán poseer el título oficial que corresponda a la materia objeto del dictamen y a la naturaleza de éste. Si se tratare de materias que no estén comprendidas en títulos profesionales oficiales, habrán de ser nombrados entre personas entendidas en aquellas materias”.

Una vez establecidas las competencias del perito médico y del abogado, podemos deducir cual es la conexión existente entre ellos. El abogado es el responsable directo de su representado en el juicio y necesita de forma vital al perito médico, como un tercero, para facilitar la percepción de los hechos y convencer al tribunal mediante los conocimientos técnicos especializados que lógicamente ni el abogado ni el juez poseen.

Se trata por tanto de una relación de colaboración sin la cual el demandante vería como sus intereses perderían fuerza y como su defensa legal  perdería eficacia. El perito médico y el abogado deben trabajar de la mano y con confianza. Para ello es importante que el perito mantenga en todo momento su valoración inicial.

Muchos letrados son conscientes de que para ganar un juicio con determinantes factores técnicos, se precisa de un buen perito médico que forme junto a él un equipo suficientemente compenetrado como para cumplir de forma rigurosa un mismo fin. Deben coordinarse y compartir la línea estratégica que plantee el abogado.  Esto no significa que el perito médico actúe interesadamente a favor del abogado, pues debemos tener siempre en cuenta que el perito médico actuará desde el rigor y la imparcialidad, pero sí que marca el discurso de autoridad que empleará, por ejemplo, a la hora de contradecir los argumentos de los peritos que defiendan a la otra parte.

En Grupo Médico Jurídico Durango ponemos a su disposición un equipo multidisciplinar experimentado en los expedientes de incapacidades y discapacidades por diferentes patologías. Llámenos a este teléfono 913076219, o rellene el formulario de contacto.
Nuestros médicos peritos estudiarán la viabilidad de su caso a fin solicitar con éxito el proceso ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

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La violencia de género aumenta cada año en España

Según la Ley Orgánica sobre las Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, la mujer es víctima de violencia de género cuando es objeto de cualquier acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones, las amenazas o privación de su libertad.

Si una agresión sucediera, el derecho a recibir información está garantizado a través de los siguientes medios de contacto:

El servicio telefónico gratuito – 016 – que pone la administración ante llamadas de emergencia.

A través del número 900 116 016 por medio de un teléfono móvil.

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ofrece recursos de apoyo y prevención ante casos de violencia de género en la página de violencia de género (Por una sociedad libre de violencia de género)

Según la Ley Orgánica las mujeres víctimas de violencia de género tienen derecho a la asistencia jurídica inmediata y derecho a asistencia en todos los procedimientos administrativos.

El derecho a la asistencia jurídica gratuita les ofrece:

• Asesoramiento y orientación gratuitos.
• Defensa y representación gratuitas por abogado y procurador. o Inserción gratuita de anuncios o edictos en periódicos oficiales.
• Asistencia pericial gratuita.

El Informe Médico Pericial (IMP) es necesario para conocer algún hecho o circunstancia importante en el sumario. Cuando esto ocurre es necesario recurrir a conocimientos científicos. Este informe es obligatorio según las Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

El IMP no hay que entenderlo como un único informe, sino como un documento exploratorio que permite a los jueces y fiscales apreciar la verdadera situación del contexto de la víctima, tanto en los aspectos físicos y laborales, como familiares, económicos y psicológicos.

Si usted cree que ha sufrido algún maltrato o violencia de género nosotros les podemos ayudar. Llámenos al teléfono 913076219, o rellene su consulta en nuestro formulario de contacto.

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