Lo primero que se debe tener en cuenta es el entorno, o situación en la que se produce esta grabación. Se pueden presentar dos escenarios; uno en el que quien hace la grabación interviene en la conversación, y otro donde quien lleva a cabo la grabación no está presente, es decir, ésta es entre terceras personas, y que no tienen conocimiento o no han dado su consentimiento para ser grabadas.

El Tribunal Constitucional señala lo siguiente respecto a esta cuestión: «quien graba una conversación de otros atenta, independientemente de toda consideración, al derecho reconocido en el artículo 18.3 CE; por el contrario, quien graba una conversación con otro no incurre, por este solo hecho, en conducta contraria al precepto constitucional citado».

El citado artículo 18 CE protege la posible vulneración de varios derechos fundamentales, y lo hace en los siguientes términos: «1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. […] 3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial».

En resumidas explicaciones

Parece cierto que la Protección de Datos es un tema que puede ser visto desde diferentes perspectivas, dependiendo de la relación de quien graba con la persona grabada, si participa o no en la conversación, o dependiendo del uso que se le dé a los documentos (archivos) grabados, etc. y que debe ser objeto de estudio pormenorizado.

A la hora de grabar una determinada conversación, lo que está en juego es el principio de secreto de las comunicaciones. Ahora bien, al ser tú una de las partes de la conversación (y no una tercera persona ajena al secreto que se esté desarrollando en ella), difícilmente se puede entender que vulneres ese secreto a la hora de grabarlo. El propio Tribunal Constitucional en Sentencias como la STC 114/1984 ha establecido ciertos matices, como el contenido de datos de la vida íntima del interlocutor en la grabación.

A simple vista este tema tiene implicaciones de tipo ético, además, La Agencia Española de Protección de Datos respecto del tratamiento y cesión de esos datos, ya que se considera que el registro de la voz de una persona de la que se conoce su identidad supone un tratamiento de datos personales. Así se dictaminó en un informe del año 1999.

Con independencia de que se considere que la grabación se realiza para fines privados o domésticos (con lo que no estaría en el ámbito de aplicación de la LOPD) las dudas se plantean con el conflicto con el principio de consentimiento previo para el tratamiento de datos exigido por el artículo 6 de la LOPD:

1. El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la ley disponga otra cosa.

Es decir, pudiera parecer que necesitamos informar a la otra persona, y de ahí vienen las principales dudas. Sin embargo, el apartado segundo del mismo artículo 6 establece que:

2. No será preciso el consentimiento cuando los datos de carácter personal se recojan para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias; cuando se refieran a las partes de un contrato o precontrato de una relación negocial, laboral o administrativa y sean necesarios para su mantenimiento o cumplimiento; cuando el tratamiento de los datos tenga por finalidad proteger un interés vital del interesado en los términos del artículo 7, apartado 6, de la presente Ley, o cuando los datos figuren en fuentes accesibles al público y su tratamiento sea necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable del fichero o por el del tercero a quien se comuniquen los datos, siempre que no se vulneren los derechos y libertades fundamentales del interesado.

Se entiende que el tratamiento de los datos es necesario para satisfacer un interés legítimo del responsable del fichero (el usuario que lo graba), como es acreditar una conversación en un procedimiento judicial, administrativo o incluso laboral.

Además, según el Tribunal Constitucional con la grabación no se vulneran derechos y libertades fundamentales de la persona grabada, por lo que se reúnen los dos requisitos para que no sea necesario informar previamente y recoger el consentimiento.

A ello hay que añadir el artículo 24 de la Constitución que reconoce el derecho a la tutela judicial efectiva, (y que puede entenderse de manera extensiva a otros ámbitos previos a la jurisdicción) y en concreto en su párrafo segundo:

3. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la Ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.

En este caso las grabaciones pueden ser aportadas en un juicio sin mayores problemas, dentro de este derecho a la defensa de sus pretensiones. De hecho, la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil reconoce como medios de prueba válidos los medios de reproducción de la imagen y el sonido, artículo 299.2.

En Grupo Médico Jurídico Durango ponemos a su disposición un equipo multidisciplinar experimentado en los expedientes de incapacidades y discapacidades por diferentes patologías. Llámenos a este teléfono 913076219, o rellena el formulario de contacto.
Nuestros médicos peritos estudian la viabilidad de su caso a fin solicitar con éxito el proceso ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

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Negligencia dental

Con los recientes casos que han involucrado a diferentes clínicas dentales la mayoría de sus clientes quedan en un limbo legal, y muchos, muy seguramente, serán victimas de alguna mala praxis.

Las negligencias médicas en la rama dental, suelen ser tan variadas como en cualquier otro campo, y se define como las consecuencias de las actuaciones en la boca del paciente, ya sea por un retraso del diagnóstico o por la mala ejecución de la Lex Artis durante el  proceso.

A menudo el tratamiento suele acabar con una respuesta satisfactoria desde el punto de vista de ambas partes, pero muchas veces no se cumplen los procedimientos y terminan en lesiones para el paciente.

Sin embargo, para que una persona pueda demostrar una mala praxis, debe tenerse una prueba fehaciente de que esta ha sido la causa de las lesiones sufridas durante la intervención.

Los juicios por negligencia dental solo resultarán viable cuando el actor de la salud dental haya errado en el nivel de atención y diligencia  o que haya sobrepasado el consentimiento informado que haya rubricado el paciente.

Las negligencias más frecuentes en esta rama médica se ocasionan en los barbilla,labios, mandíbula y lengua. Los afectados tienden a sufrir un dolor intenso en las áreas afectadas, pérdida en la sensación del gusto, así como trastornos en las articulaciones.

Las causas más comunes por la que son demandados los dentistas son:

• Inadecuada administración de la anestesia.
• La no detención de una hemorragia tras la extracción dental.
• Por infecciones bucales por el uso inadecuado de los instrumentos.
• Falta de diagnóstico de la enfermedades de las encías.
• Extracción de una pieza dental y dejar la raíz en el interior.
• Cuando por error se extrae un diente sano.
• Por producir quemadura en la boca del afectado con productos.
• Las lesiones en los dientes.
• Perdida de oportunidad por cáncer oral.

En todos estos casos expuestos anteriormente se necesita una relación entre la negligencia y el nexo de causalidad del hecho. Por lo que esta parte sería vital a la hora de interponer cualquier demanda por esta causa.

Si usted piensa que ha sido víctima de una negligencia dental nuestro equipo puede asesorarle sin compromiso, contacte con nosotros, emitiremos un estudio de viabilidad de su caso, y los pasos a seguir para resarcir los daños sufridos.

Si piensas que ha sido víctima de una negligencia médica, llámanos al teléfono gratuito 913076219 o rellene el formulario de contacto, trabajamos en toda España, estaremos encantados de ayudarte.

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Nuevo baremo por accidente

El nuevo Baremo por accidente de tráfico tiene mucha tela. Ahora más, que disponemos de invitados especiales dispuestos a encontrar su espacio en la nuevas modificaciones, y que tarde o temprano tratarán de jugar su papel en los procesos judiciales.

Sí, hablamos de los allegados, esa nueva “figura” que aterriza con las nuevas disposiciones, ubicándose en el artículo 62 de la categoría de los perjudicados por causa de muerte en accidente de tráfico.

Los allegados se definen en el artículo 67, como “1. Son allegados aquellas personas que, sin tener las condiciones de perjudicados según las reglas anteriores, hubieran convivido familiarmente con la víctima durante un mínimo de cinco años inmediatamente anteriores al fallecimiento y fueran especialmente cercanas a ella en parentesco o afectividad” y “cada allegado percibe una cantidad fija, cualquiera que sea su edad”.

¿Afectividad? Una palabra muy amplia que muchos podemos asociar a relaciones de todo tipo. Por lo que a juzgar por el término, en un lenguaje simple y llano, podría ser un suegro, un amigo, un cuñado, y por qué no… Un inquilino muy cercano.

Pero la existencia de un lazo afectivo no es la clave. La verdadera dificultad será  demostrar la convivencia entre el fallecido y el allegado que pretende cobrar la indemnización. De todo esto se desprende que cualquier prueba de enlace afectivo es evidentemente una “gran cosa”, pues cualquier indicio de afectividad hará más sólida su reclamación.

indemnización por accidente

Es por ello, que encontrar la forma de justificar este vínculo será a la tarea a la que tendrán que enfrentarse los implicados. La suspicacia que imperaría en las distintas situaciones que se avecinan, podrían resultar tan rigurosas como la misma prueba.

Por ejemplo, ¿vale un certificado de empadronamiento para justificar la convivencia de cinco años con la víctima? La respuesta es sí, pues aunque no resulte un fundamento contundente, ni que pueda considerarse como definitivo, es una buena aportación para presentar en un juicio.

Los allegados cobran una renta básica de 10.000 euros por el Perjuicio Personal Básico según la tabla 1.A, a todo ello se tendría que añadir los daños colaterales y el nivel de dependencia que el demandante tenía con el siniestrado.

En el caso de que los allegados tengan una dependencia económica acreditada, solo se considerará si esta se ha prolongado durante tres años o más.

El objetivo del nuevo Baremo es adecuar los reglamentos a la actualidad social, y agilizar en cierto modo la resolución de los conflictos.

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daños faciales

En estos tiempos no es extraño encontrar en los telediarios demandas por productos defectuosos que provocan una reacción distinta a lo que se suponen que deberían ser.

Muchos de estos productos llegan sin ningún tipo de regulación, y generalmente son aprovechados por organizaciones fraudulentas como una manera de generar ingresos mediante la distribución y la evasión de impuestos.

Muy conocido es el caso de un famoso champú que aceleraba la caída del cabello de los usuarios, cuando su finalidad principal era evidentemente lo contrario. A esta hay que sumarle un sinnúmero de demandas por mala funcionalidad de cremas, geles, antiarrugas y demás.

Según el Real Decreto Legislativo 1/2007 del 16 de noviembre, en su capítulo I, se recoge que la responsabilidad civil se delimita a ciertas cuantías e indemnizaciones de la cual se hace responsable el fabricante o proveedor.

Existen tres maneras de reconocer que un producto es ineficaz o defectuoso:

• Defecto de diseño: Si por causa de un mal planteamiento de fábrica resultan lesionados.
• Defectos de fábrica: Cuando se produce una alteración que puede alterar la constitución misma del producto, ya sea por fallo en el control de calidad, o por otros motivos.
• Fallo en la comercialización o falta de advertencia: La comercialización, la publicidad, o los canales de marketing no advirtieron los efectos del producto.

Llegado a este punto todo resulta claro, hasta que nos hacemos la pregunta ¿contra quién vamos a dirigir nuestra demanda?

Todo dependerá del momento que el afectado crea que pudo producirse el daño o perjuicio por el cual reclama. Por ejemplo, si el demandante supone que el defecto pudo tratarse como un error de fabricación o de diseño, pues la demanda debe dirigirse al fabricante o al laboratorio de prueba.

Por el contrario, si se presume que los errores incurrieron durante el manejo y comercialización,  o por una negligencia de comunicación sobre sus efectos colaterales, entonces las acciones legales pueden deben ir enfocadas al proveedor.

Pero lo más importante sería probar el defecto, el daño y el nexo causal existente. De nada vale encarar una reclamación si el hecho resulta dudosamente probable, el poder argumentar y probar el suceso resulta vital si queremos conseguir una indemnización.

Mediante un examen médico pericial, se pueden valorar los daños y las posibles secuelas que en un futuro podría provocar el menoscabo de las capacidades físicas o psicológicas del perjudicado.

La indemnización suele incluir la retribución de los salarios pasados y futuros, gastos médicos y el sufrimiento causado por el producto defectuoso.

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difamación

La difamación se ha convertido en uno de los delitos más frecuentes con la llegada de las Redes Sociales. Colgar una foto, un vídeo o cualquier material ofensivo que vaya en perjuicio de otra persona y de su integridad moral puede ser considerado una calumnia.

La difamación está constituida por palabras habladas, o por publicaciones escritas falsas y no confidenciales, que instan a cualquier persona al odio, desprecio, ridículo, y que están destinadas al menoscabo de su relación personal, laboral o social.

La querella es susceptible de demanda, debido a los daños y perjuicios que pudiera causarse a la víctima, y las secuelas psicológicas que pueden derivarse del hecho. Muy conocidos son los casos de suicidios por difamación en las Redes Sociales.

Existen dos tipos de daños para castigar una difamación, el daño efectivo y el daño punitivo.

Daño efectivo:

los daños efectivos incluyen, pero no son limitados a:

• Daños económicos.
• Daño a su reputación.
• Angustia mental

Daño punitivo: los daños punitivos van encaminado para servir como castigo económico. La finalidad de este castigo es que el demandado no vuelva a repetir la misma acción con otra persona.

Si el demandado realizó una declaración que pueda repercutir en la vida laboral de la persona damnificada, el tribunal debe evaluar los daños causados. Para otro tipo de indemnización se debe probar el hecho para poder resarcir el daño.

Cabe mencionar que la difamación solo tiene una responsabilidad civil sobre las personas vivas, es decir, que no se pueden emprender acciones legales si haya existido una calumnia contra un fallecido.

Un buen ejemplo de difamación son los comentarios que se emiten en algunos programas de televisión o radio con el objetivo de manchar la reputación de algún personaje, las cuales pueden acarrearle algún tipo de inconvenientes en el desarrollo de su carrera profesional.

Las personas que sufren una difamación a menudo sufren los síntomas de la depresión, y pueden ser susceptible de solicitar una incapacidad temporal por el tiempo que dure el tratamiento psicológico al que se someten.

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la prueba pericial

La mayoría de casos de negligencia médica son aquellos en los que se produce un daño que era prevenible. La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que 1 de cada 10 pacientes hospitalizados en Europa ha sido víctima de una mala praxis, un dato que sin ninguna duda provoca mucha preocupación.

Las negligencias médicas pueden reclamarse por la vía civil o por la vía penal. Cuando una persona interpone una demanda civil por una negligencia médica, un requisito fundamental para que ésta pueda prosperar es que se haya producido un daño, y que ese daño haya sido causado por una mala actuación o una omisión médica negligente. Ese nexo causal es por lo general el punto clave que tiene que ser demostrado.

En el procedimiento civil se enjuicia solo aquello que el demandante haya delimitado en la demanda, es decir, si por ejemplo en la demanda se reclama únicamente que no se empleó la técnica correcta, deberán aportarse exclusivamente pruebas que demuestren este punto, y además el juez no podrá juzgar más allá de si se empleó la técnica adecuada o no.

¿A quién le corresponde probar los hechos? Como regla general, la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), en su artículo 217, párrafos 2 y 3, señala lo siguiente en referencia a la carga de la prueba:

1) Párrafo 2. “Corresponde al actor y al demandado reconviniente la carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda y de la reconvención”.

2)Párrafo 3. “Incumbe al demandado y al actor reconvenido la carga de probar los hechos que, conforme a las normas que les sean aplicables, impidan, extingan o enerven la eficacia jurídica de los hechos a que se refiere el apartado anterior”.

Resumiendo lo anterior, es competencia del demandante y del demandado reconviniente probar los hechos sobre los que reclaman. La demanda reconvencional es una demanda judicial que puede ejercer el demandado contra el demandante dentro del mismo proceso judicial para introducir nuevas peticiones al tribunal y pedir su absolución.

No obstante, y a pesar de lo que expresa nuestro ordenamiento jurídico, en algunos casos especiales como aquellos en los que se juzga una presunta negligencia médica, se invierte la carga de la prueba, de tal modo que es el profesional médico quien debe probar que actuó con diligencia en todo momento. Por otro lado, cabe tener en cuenta que la obligación del médico no es de resultados, sino de medios.

La cuestión del consentimiento informado y las situaciones de daño desproporcionado son dos ejemplos en los que el demandado tiene la responsabilidad de probar los hechos.

El médico tiene la carga de demostrar que informó debidamente al paciente y que no faltó de ningún modo al consentimiento informado. El consentimiento informado debe contener la información adecuada y debe ser aceptado por el paciente sin coacción, además el médico tiene que haber comprobado previamente que el paciente es competente para consentir el tratamiento o la intervención a la que va a ser sometido.

Por su parte, el daño desproporcionado es aquel producido a causa de un acto médico, y que no se corresponde con el riesgo previsible que entrañaba dicho acto. Cuando se juzga la existencia de un daño proporcionado, la carga de la prueba recae sobre la parte demandada.

En cualquier caso, no debemos olvidar que el paciente tiene el derecho a demostrar que el daño existe y que el médico actuó con negligencia. Para probarlo es indispensable la figura de un abogado y la labor de un perito médico.

Los peritos médicos son profesionales de la valoración del daño corporal, y como tales, tienen competencia para explorar al paciente, interpretar los baremos y elaborar a posteriori un informe médico pericial en el que se recoja entre otras cosas el daño, la causa del mismo y la valoración de secuelas. Cabe mencionar que actualmente para evaluar los daños producidos por prácticas médicas se aplica el baremo de daños producidos por accidentes de tráfico.

El informe resultante del trabajo de exploración y documentación del perito médico será la prueba clave y fundamental para probar que efectivamente existió una negligencia médica y que permitirá conseguir una cuantiosa indemnización.

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