Incapacidad por radiculopatía cervical con pérdida de fuerza

No siempre. El diagnóstico por sí solo no determina automáticamente una incapacidad laboral. Lo decisivo es el grado de afectación funcional. Cuando la radiculopatía cervical provoca pérdida de fuerza objetivable, disminución de reflejos, dolor irradiado persistente y limitación en movimientos repetitivos o esfuerzos, puede impedir el desempeño del trabajo habitual. En profesiones manuales, sanitarias, industriales o técnicas, la debilidad en extremidades superiores puede ser incompatible con la actividad profesional. Para acreditar esta situación ante el INSS o en sede judicial, es fundamental contar con un informe pericial que demuestre la correlación entre la patología y la imposibilidad real de trabajar con normalidad.

Un informe pericial médico debe demostrar tres aspectos esenciales: el diagnóstico clínico confirmado mediante pruebas objetivas, la persistencia de los síntomas pese al tratamiento y la repercusión funcional concreta en el puesto de trabajo. No basta con describir dolor o debilidad; es necesario cuantificar la pérdida de fuerza, la limitación de movilidad cervical y la afectación neurológica. Además, el informe debe analizar las exigencias laborales del trabajador y explicar por qué existe incompatibilidad entre la patología y la actividad profesional. Esta argumentación técnica es lo que otorga valor probatorio al informe frente a los órganos evaluadores.

La resonancia magnética cervical es clave para visualizar hernias discales o estenosis foraminal. La electromiografía permite confirmar la afectación radicular y objetivar la alteración nerviosa. Además, la exploración física detallada, con medición comparativa de fuerza muscular y reflejos, aporta evidencia clínica esencial. El informe pericial integra todas estas pruebas y explica su impacto funcional. La correlación entre hallazgos radiológicos y síntomas clínicos resulta determinante para sostener una solicitud de incapacidad permanente ante el INSS o ante un tribunal.

Sí. La intervención quirúrgica no es un requisito indispensable para solicitar incapacidad. Existen pacientes que no son candidatos a cirugía o que, aun habiendo sido operados, continúan con déficit neurológico o dolor crónico. Lo relevante es la estabilidad de la lesión y la persistencia de limitaciones funcionales pese al tratamiento conservador o quirúrgico. El informe pericial debe justificar que el cuadro clínico es crónico y que la recuperación completa no es previsible, lo que puede fundamentar el reconocimiento de incapacidad permanente.

El grado depende del impacto funcional y del tipo de profesión. En trabajos físicos o de precisión manual, puede reconocerse incapacidad permanente total para la profesión habitual. Si la pérdida de fuerza es severa y limita cualquier actividad laboral, podría valorarse una incapacidad absoluta. Cada caso requiere análisis individualizado. El informe pericial es esencial para determinar el alcance real de la limitación y fundamentar jurídicamente el grado solicitado.

Sí. En muchos casos, la denegación administrativa se basa en informes médicos incompletos o poco argumentados. Un informe pericial bien elaborado puede reforzar la reclamación previa o la demanda judicial, aportando una valoración técnica independiente que analice de forma rigurosa las limitaciones funcionales. Este documento suele ser determinante en sede judicial, donde la prueba pericial médica adquiere especial relevancia.

Lo ideal es contar con el informe antes de presentar la solicitud de incapacidad, para estructurar correctamente el expediente. También resulta recomendable tras una denegación, para reforzar la vía judicial. Anticiparse permite fundamentar adecuadamente el caso desde el inicio y evitar argumentos insuficientes. La planificación estratégica mejora las probabilidades de éxito.

La viabilidad depende de la documentación médica, la estabilidad del cuadro clínico y el tipo de actividad laboral. Un estudio previo por un médico perito especializado permite valorar objetivamente la fuerza muscular, la limitación funcional y la correlación con las exigencias del puesto. Este análisis profesional evita iniciar procedimientos sin base sólida y permite diseñar una estrategia adecuada para la solicitud de incapacidad.