El pasado 24 de enero comenzaba una huelga indefinida por parte de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ). Estos reclaman un incremento salarial hacia el 85% del salario de un juez, defendiendo que desde que se aprobó la creación de las oficinas judiciales en 2009, han asumido nuevas responsabilidades que no han sido compensadas con una subida de sueldos.
La huelga de letrados en España es un tema que ha generado controversia y preocupación en el ámbito judicial y legal del país. Esta protesta viene generada por la sobrecarga de trabajo que sufren diariamente sin una compensación económica correspondiente.
Los letrados son funcionarios encargados de asesorar a las partes involucradas en los procesos judiciales y de redactar los escritos y documentos necesarios para llevar a cabo los procedimientos legales.
Letrados en huelga frente al Ministerio de Justicia. / EUROPA PRESS
La huelga de letrados comenzó el pasado 24 de enero en varias comunidades autónomas del país, entre ellas Madrid, Valencia, Murcia, Andalucía y Cataluña, reclamando al Gobierno que se cumplieran los acuerdos pactados con el Ministerio en abril de 2022. Los letrados reivindicaban una subida de los salarios (acorde a las tareas realizadas) nunca inferir al 85% del salario de jueces y fiscales.
El Ministerio de Justicia veía imposible esta subida, ya que supondría un incremento de 1.100€ por nómina, unos 61 millones de euros en total, por lo que los letrados pedían negociar o una dimisión de su presidenta, Pilar LLop.
La huelga de letrados ha generado preocupación en el ámbito judicial, ya que ha supuesto la paralización de muchos procedimientos y la acumulación de retrasos en los juzgados y tribunales. Desde el Gobierno y las instituciones judiciales se han mostrado sensibles a las reivindicaciones de los letrados, pero también han señalado la necesidad de garantizar el derecho de acceso a la justicia de los ciudadanos y la importancia de mantener el funcionamiento de los juzgados y tribunales. Por ello, se han llevado a cabo medidas para paliar los efectos de la huelga, como la asignación de letrados de oficio o la priorización de los procedimientos urgentes.