La nueva medida para la regulación de los alquileres entrará en vigor el 13 de marzo, aunque de momento, sólo ha sido solicitado por Cataluña.
El alquiler en España se encuentra en un momento preocupante, poca oferta y mucha demanda hacen que el acceso a estos sea arduo y por lo general, caro. Un estudio realizado por los principales portales inmobiliarios como Fotocasa e Idealista, reflejan alquileres en alzas históricas.
En el año 2023, cuatro de cada diez inquilinos se vieron obligados a destinar más de un 40% de su salario al pago del alquiler, casi el doble de la media europea. Estos datos evidencian claramente el empeoramiento de la situación con el paso de los años, por ello, el Gobierno decidió implantar la nueva Ley de Vivienda para intentar abolir, o reducir al menos, estas problemáticas.
Dentro de esta nueva ley, se encuentra la propuesta de establecimiento de un índice de precios de alquiler en zonas tensionadas, que ofrezca un rango de precios acordes con las características del inmueble, (como pueden ser sus zonas comunes, el año de construcción, zona en la que se encuentra o las prestaciones con las que cuente) y así fijar la renta en los nuevos contratos de arrendamiento.
¿Qué busca el Gobierno con la implantación de este índice?
Que las viviendas con menos valor no puedan incrementar su precio al ser equiparadas con otras de la misma zona las cuales presenten mejores calidades.
¿Qué es una zona tensionada?
Son aquellas en las que, debido a sus precios de alquiler e hipotecas, hacen que exista riesgo de oferta insuficiente en torno a las necesidades de la población. Además, estas son las zonas donde las familias deben invertir más de un 30% de su dinero en el pago del alquiler.
En ciudades como Madrid, de los 162 municipios que ofrecen datos de renta, sólo 5 estarían por debajo del umbral del Ministerio –Berzosa de Lozoya (23,9%), Horcajo de la Sierra (25,69%), Lozoya (26,89%), Rozas del Puerto Real (29,93%) y Piñuécar (30,06%), los 157 restantes lo superarían.
Dicho índice entrará en vigor el 13 de marzo, pero solo se aplicará en las Comunidades que lo soliciten. Madrid se desmarca y se declara en contra de este. “Madrid no declarará ninguna zona tensionada, se está interviniendo en el mercado y lo único que conlleva sería que suban todavía más los precios”, así lo declaró el Consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo.
Por otro lado, Comunidades como Cataluña ya lo han solicitado formalmente y Navarra, Asturias y País Vasco manifestaron verbalmente la posibilidad de hacerlo.