Incapacitado por lesiones en la muñeca

El Grupo Médico Jurídico Durango comparte con vosotros una nueva resolución emitida en los juzgados de lo Social de Madrid. Esta sentencia fue ganada al Instituto Nacional de la Seguridad Social, dentro un proceso de una incapacidad permanente total.

El actor, cuya profesión habitual es mozo de almacén, sufrió un accidente de trabajo, el cual le produjo un esguince en la articulación metacarpiana en la mano derecha.

Este accidente laboral provocó que el demandante se acogiera a la incapacidad temporal desde el 12 de marzo de 2013 al 8 de enero de 2014, emitiéndose un informe médico de síntesis confirmando su limitación de movilidad en la muñeca.

El 21 de abril de 2014 se emite una resolución donde se le reconoce una lesión permanente no invalidante conforme al baremo 078 bajo la responsabilidad de la mutua Asepeyo, interponiéndose una reclamación previa, desestimada el 5 de junio de 2014.

El demandante presenta el siguiente cuadro clínico:

• esguince de articulación carpo-metacarpiana derecha,
• Evolución a sd de dolor regional complejo/distrofia simpático refleja.
• Dolor con la movilidad.
• Lesiones eritematosas, limitación de movilidad de muñeca mayor del 50% en relación con el contralateral.

La Incapacidad permanente se recoge en el artículo 137 de la Ley General de la Seguridad Social, donde se establece que es invalidez permanente la situación del trabajador que presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitiva que disminuyan o anulen su capacidad laboral, alcanzando el grado de incapacidad permanente total, cuando el trabajador quede inhabilitado para la realización de todas o de las tareas fundamentales de su profesión habitual, siempre que pueda dedicarse a otra distinta.

El informe médico pericial ─emitido por la médico perito Ruiz Mialdea ─ fue el documento preciso para determinar que el paciente sufría de daños que le limitaban a la hora de realizar su trabajo habitual.

En base a todo lo anterior, el tribunal le concede una incapacidad permanente total para su actividad de mozo de almacén, otorgándole el derecho a percibir la correspondiente pensión, conforme al 55% de su base reguladora con las revaloraciones y mejoras que legalmente correspondan.

En Grupo Médico Jurídico Durango ponemos a su disposición un equipo multidisciplinar experimentado en los expedientes de incapacidades y discapacidades por diferentes patologías. Llámenos a este teléfono 91 307 6219, o rellena el formulario de contacto.
Nuestros médicos peritos estudian la viabilidad de su caso a fin solicitar con éxito el proceso ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

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La demandante, que se desempeña como auxiliar administrativo de una pequeña empresa de peluquería de animales, permaneció de baja médica temporal desde el 13 de noviembre de 2012 hasta el 22 de enero de 2013. Más tarde volvió a causar baja desde el 21 de agosto de 2014 al 30 de octubre 2014.

La actora es paciente del Síndrome Ehlers-Danlos desde los 26 años, pero desde la edad de 11 años viene acarreando problemas en antebrazos y piernas, siendo intervenida en varias ocasiones por las secuelas de la enfermedad de Raynaud que también padece.

El 6 de octubre el Equipo de Valoración de Incapacidades emite un dictamen denegando la calificación de la demandante en el grado de incapacidad permanente absoluta, ya que no presentaba las reducciones anatómicas que anulen su capacidad laboral, por lo que se interpone una demanda.

La incapacidad permanente es definida en el artículo 136 de la Ley de la Seguridad Social, como la situación del trabajador, que después de haber estado sometido al tratamiento prescrito, presenta reducciones anatómicas y funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas que disminuyan o anulen su capacidad laboral.

El grado de la incapacidad es la absoluta, o sea, esta que le impide realizar cualquier tipo de trabajo dado los numerosos menoscabos físicos y psíquicos que sufre la demandante.

A través del informe médico pericial, emitido por la médico perito Ruiz- Mialdea, pudo constatarse que la actora está limitada para realizar cualquier tipo de actividad laboral, basándose en que la misma padece una patología para la cual no existe una cura específica y que afecta principalmente a las articulaciones.

La parte jurídica estuvo representada por la letrada Beatriz Fernández Fidalgo, quien ratificó en juicio la demanda interpuesta con anterioridad y que pide una invalidez permanente absoluta para la actora.

Incapacidad permanente síndrome Ehlers Danlos

En resumen, el tribunal le concede una incapacidad permanente absoluta para todo tipo de trabajo, con derecho a percibir una pensión igual al 100% de su base reguladora más mejoras y revalorizaciones.

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La demandante, trabaja como dependiente de una tienda de perfumería y regalo de su propiedad en calidad de autónoma.

La actora inició un proceso vía administrativa ante el INSS, cuya resolución de fecha 17 de noviembre de 2015, declaró que la solicitante no se encontraba acta para obtener ningún grado de incapacidad permanente.

Debido a esta sentencia la demandante decide interponer una reclamación previa, ya que su estado no le permite realizar su trabajo con eficacia.

La solicitante padece el siguiente cuadro clínico:

• Obesidad.
• Discectomía en 1993 y 1994 L4-L4 y L5-S1. Recaída en 2002, precisa de muleta para caminar, en tratamiento en la Unidad del dolor.
• Lumbalgia.

La Incapacidad permanente se recoge en el artículo 137 de la Ley General de la Seguridad Social, donde se establece que es invalidez permanente la situación del trabajador que presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitiva que disminuyan o anulen su capacidad laboral, alcanzando el grado de incapacidad permanente total, cuando el trabajador quede inhabilitado para la realización de todas o de las tareas fundamentales de su profesión habitual, siempre que pueda dedicarse a otra distinta.

Las dolencias que padece la parte actora, y que se declaran probadas, se determinaron por los documentos presentados por el Equipo de Valoración de Incapacidades del INSS, los cuales avalan las limitaciones de la paciente.

También, basado en el informe médico pericial, emitido por la médico perito Ruiz Mialdea, pudo determinarse que la misma se encuentra imposibilitada para realizar su profesión habitual de dependiente.

Por todo lo anterior tratado, el tribunal le concede una incapacidad permanente total para su profesión, otorgándole el derecho de percibir la correspondiente pensión conforme al 55% de su base reguladora con las revaloraciones y mejora que legalmente le corresponden.

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La demandante cuya profesión habitual es de peluquera, había solicitado iniciado una incapacidad permanente total para su actividad. La cual fue denegada por el Equipo de Valoración de Incapacidades el día 29 de mayo de 2015.

Se interpuso la reclamación previa a esta resolución, siendo nuevamente desestimada. Después de dicha negativa se decide impugnar esta sentencia por entender que el conjunto de sus lesiones y secuelas le incapacitan para todas o las fundamentales de su profesión.

La actora padece el siguiente cuadro clínico:

• cervicalgia mecánica,
• Rectificación de la lordosis,
• Protusion C3-C, C4-C5, C5-C6, C6-C7,
• Doesomialgia, protusion D8-D9, L2-L3, L3-L4, L4-L5, L5-S1,
• Denervacion crónica L4-L5 izquierda leve,
• Hipertensión arterial, SAHS,
• Obesidad, Trocanteritis bilateral,
• Epicondilitis,
• Tendinitis hombro bilateral.

La Incapacidad permanente se recoge en el artículo 137 de la Ley General de la Seguridad Social, donde se establece que es invalidez permanente la situación del trabajador que presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitiva que disminuyan o anulen su capacidad laboral, alcanzando el grado de incapacidad permanente total, cuando el trabajador quede inhabilitado para la realización de todas o de las tareas fundamentales de su profesión habitual, siempre que pueda dedicarse a otra distinta.

Ya que la demandante actúa como peluquera está obligada a permanecer de pie durante toda la jornada o sentada con flexión de la columna lumbar lo que le provoca una sobrecarga en el segmento lumbar y sacro de su columna.

Con el examen médico pericial, efectuado por la médico perito Ruiz Mialdea, quedó acreditado que la actora está limitada para realizar su trabajo habitual, le exige una sobrecarga en la columna vertebral con posturas forzadas o estáticas.

Por todo lo anterior expuesto, el tribunal le concede una incapacidad permanente total para su actividad de peluquera, y le otorga el derecho a percibir la correspondiente pensión conforme al 55% de su base reguladora con las revaloraciones y mejoras que legalmente correspondan.

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Conoces el Fallo Gabarrón

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Programa con cámara oculta

El auge de los programas televisivos que implican una cámara oculta ha venido a poner en tela de juicio los derechos de la intimidad y del honor.

Ya sea la cámara de un programa para realizar bromas y entretenimiento, como las de conocidas series de investigación, vienen causando revuelo en una parte de la sociedad que ve como los derechos de imagen pueden volverse vulnerables.

Una jurisprudencia famosa dio la razón a una esteticista por una demanda que interpuso contra un programa de investigación, en el cual se representaban imágenes suyas relacionándolas con la falsedad profesional en el mundo de la salud. El tribunal se pronunció y se descantó a favor de la demandante por entenderse como una violación a intimidad y a la propia imagen.

Sin embargo, existen excepciones cuando se pide una autorización para tratar estos datos personales, estos que se establecen en el artículo 6.2 de la Ley de la protección de datos (LPD/15/99): “No será preciso el consentimiento cuando los datos de carácter personal recojan para el ejercicio de las funciones propias de las administraciones públicas en el ámbito de sus competencias; cuando se refieran a las partes de un contrato o precontrato de una relación negocial, laboral o administrativa y sean necesario para su mantenimiento o cumplimiento; cuando el tratamiento de los datos tenga por finalidad proteger un interés vital del interesado”.

El uso de las cámaras ocultas está estrechamente ligado a la libertad de información, razón que abre el debate si está puede primar por encima de los derechos de intimidad, respuesta que queda en evidencia en la sentencia citada más arriba.

Volviendo a la cámara oculta en la televisión, tendríamos que diferenciar entre programas de entretenimiento (bromas divertidas) y los programas de investigación, aquellos que buscan mostrar la realidad de un tema en concreto.

Para el primer caso, un simple consentimiento verbal puede valer para obtener la autorización de esa persona a aparecer en dicho programa, ya que sólo tiene la finalidad de entretener y divertir a la audiencia. Con un sí al final del “engaño” podría bastar.

El artículo 5 de la Ley 15/99 recoge “El interesado tendrá derecho a solicitar y obtener gratuitamente información de sus datos de carácter personal sometidos al tratamiento, el origen de dichos datos, así como las comunicaciones realizadas o que se prevén hacer de los mismos”.

Por otro lado, cuando se trata de un programa de investigación el proceso es algo más complejo, pues necesitaría ser un hecho que tenga una actual relevancia y que se base en una realidad evidente, a fin de cumplir con los derechos de información.

Cabe mencionar que la protección a un menor es mayor en este tipo de casos, y que bajo ningún concepto pueden mostrarse una imagen sin una previa autorización de sus padres o tutor.

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Incapacidad permanente

A menudo llegan a nuestras consultas muchas preguntas muy relacionadas con la incapacidad permanente y sus diferentes grados, pero ninguna nos llamó más la atención que la realizada en nuestra web la semana pasada y que queremos compartir con vosotros.

La pregunta en cuestión podría ser esta: ¿Es posible compatibilizar dos incapacidades permanentes? Pues la respuesta es sí y no. Por más absurda que parezca la respuesta tiene su explicación lógica.

Podemos afirmar que sí, es posible compatibilizar dos incapacidades permanentes siempre que las mismas se originen en un Régimen de la Seguridad Social distintos, es decir, que no pertenezcan al mismo nivel contributivo del Sistema Español.

Con relación a la incapacidad permanente total es  explicito que solo serán merecedora  de ella las calificaciones de secuelas que impidan al trabajador el desempeño de todas o las fundamentales tareas de su profesión habitual (art. 137.4 de la LGSS), con la precisión de que esta no es esencialmente coincidente  con actividad específica que se realice en un determinado puesto de trabajo, sino aquella que el trabajador este cualificado para realizar y a la que la empresa le haya destinado o pueda destinarle , en un uso de su facultad de movilidad funcional, según la previsión del art. 39 del estatuto de los trabajadores (STS de 17-1-1989).

También en el artículo 122 de la Ley General de la Seguridad Social (Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio), estima como regla general, la incompatibilidad de pensiones entre si cuando coincidan en un mismo beneficiario, a no ser que expresamente se disponga de lo contrario, legal o reglamentariamente.

Un ejemplo sería un trabajador labora durante un periodo de tiempo como fontanero autónomo, donde por causa de un accidente laboral, le he concedida una incapacidad permanente total, limitándole la realización de su trabajo habitual.

Más tarde, esta misma persona pasa a ser dado de alta como comercial pero bajo el Régimen General de los Trabajadores, en el que por un accidente de tráfico en el horario de trabajo, obtiene una incapacidad permanente total para su actividad laboral.

Así como el ejemplo arriba mencionado, pueden darse infinidad de casos en la que pueden ser compatibles las dos incapacidades permanentes. También es necesario reseñar, que se puede optar a dos incapacidades en mismo régimen, pero es necesario elegir una de ellas para cobrar la indemnización de la base reguladora.

Todos estos supuestos hacen que se cree una controversia entre las distintas regulaciones del Sistema de la Seguridad Social, y que sea un juez el que decida, casi siempre basándose en una unificación de doctrinas el inminente resultado de una sentencia.

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La incapacidad temporal

Grupo Médico Jurídico Durango comparte con vosotros esta nueva sentencia. La misma se ha ganado al Instituto Nacional de la Seguridad Social durante un proceso de impugnación de alta de una trabajadora.

La demandante, que se desempeña como agente auxiliar de carga y descarga en el aeropuerto de Madrid, sufre un accidente de trabajo consistente en la caída de una maleta en su mano derecha el 26 de marzo de 2014.

El 1 de abril es dada de alta por mejoría. Sin embargo el 5 de abril de 2014 acude a urgencias refiriendo que al realizar esfuerzo al empujar un contenedor notó un tirón en la región cervical con dolor a los movimientos en el cuello, iniciando de nuevo un proceso de incapacidad temporal por contingencias profesionales, siendo dada de alta por mejoría el 30 de abril de 2014.

Más tarde, el 1 de mayo de 2014 inicia un nuevo proceso de incapacidad temporal constando en el parte de baja como diagnóstico “lesión nodular en la muñeca derecha, rigidez articular”.

El 25 de junio 2014 fue remitida al servicio de rehabilitación  de los Servicios Públicos de Salud para ser tratada por cervicalgia  y lumbalgia, ratificándose en ese centro un diagnóstico de cervicalgia y lumbalgia mecánica postraumáticas.

El 30 de abril la actora muestra su disconformidad con el alta, al sentirse limitada a la hora de realizar las tareas habituales de su puesto de trabajo.

La incapacidad temporal se recoge en el artículo 128.1 de la Ley General de la Seguridad Social de 20 de junio de 1994, donde establece que “tendrán las consideración de situaciones determinantes de incapacidad temporal las debidas a enfermedad común o profesional y a accidente sea o no de trabajo, mientras el trabajador reciba asistencia sanitaria de la Seguridad Social y esté impedido para el trabajo, con una duración máxima de 12 meses, prorrogables por otros seis cuando se presuma durante ellos pueda el trabajador se dado de alta médica por curación».

A través del dictamen pericial realizado por la médico perito Ruiz Mialdea, pudo determinarse  que la demandante no se encontraba apta para realizar su actividad laboral.

Por todo lo anterior, el tribunal le repone la situación de Incapacidad Temporal, declarando indebida el alta médica emitida el 30 de abril de 2014.

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impugnación de alta

Grupo Médico Jurídico Durango vuelve a compartir con vosotros una nueva sentencia. La misma fue ganada al Instituto Nacional de la Seguridad Social, por un caso de impugnación de alta.

El demandante, cuya profesión habitual  es de empleado de hogar, sufre una caída en República Dominicana, resultando con una fractura diafisaria de Húmero izquierdo, de la cual fue tratado de forma conservadora.

El 26 de junio 2013 el actor fue dado de baja laboral y en situación incapacidad de baja temporal por contingencias comunes.

Fue evaluado el 1 de julio de 2013 por el servicio de Traumatología y Ortopedia del Hospital Universitario Fundación Jímenez Díaz sin haber signo de consolidación, por lo que se procede a una intervención  el 9 de julio de 2013.

Dicha intervención  se procede en una reducción cerrada  y osteosíntesis con clavo intramedular expert con bloqueo proximal, cursando el post operatorio sin incidencias y los que se recogen en los informes de los especialistas.

El actor fue despedido por su empleador según consta el informe emitido por la inspección de trabajo de fecha 23 de junio de 2014, dictándose en el acta de conciliación el reconocimiento por parte de la empresa el despido improcedente.

Según consta en el informe médico de evaluación de la incapacidad laboral del demandante, se encuentra limitado para tareas que impliquen cargar pesos o esfuerzos físicos con MSI.

Basándose en este informe  el INSS dicta una resolución donde se procede a emitir el alta médica del actor, con fecha 30 de junio 2014, una vez agotada la duración máxima de 365 días de la incapacidad temporal que tiene reconocida.

Se interpone una demanda judicial  el 28 de junio de 2014, considerándose  que el actor no estaba acto para desarrollar su actividad laboral, ya que no se encontraba totalmente recuperado de su padecimiento.

La incapacidad temporal se recoge en el art. 128 de la LGSS, donde establece que “tendrán la consideración de situaciones determinantes de incapacidad temporal: a) las debidas a enfermedad común o profesional y a accidente sea o no de trabajo mientras el trabajador reciba asistencia sanitaria de la seguridad social y esté impedido para el trabajo, con una duración máxima de 12 meses, prorrogables por otros seis cuando se presuma que durante ellos pueda el trabajador ser dado de alta médica por curación.

Por todo lo antes expuesto, el tribunal le concede  6 meses de prórroga, condenando al organismo al abono de la prestación de incapacidad temporal, a razón del 75% de la base reguladora diaria.

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Tras haberle reconocido el INSS con anterioridad una Incapacidad Permanente Total, en mayo del pasado año 2014 se produjo por parte del paciente una demanda de revisión de grado por agravación, la cual se desestimó. En septiembre de ese mismo año, la entidad gestora pide un expediente de revisión de mejoría, en la que el Equipo de Valoración de Incapacidad propone no calificar las dolencias del paciente como una Incapacidad Permanente.

Debido a la no conformidad del paciente y tras el estudio realizado al mismo por Grupo Médico Jurídico Durango, se determinó que en base a sus patologías, era susceptible de mantener el grado de Incapacidad Permanente Total. De acuerdo a esta valoración, se interpuso una demanda contra el INSS para recuperarla.

La demanda fue estimada por el Juzgado de lo Social número 33 de Madrid, el cual concluye que, fundamentándose en el art. 143.2 LSS, solo podrá dejarse sin efecto el grado de incapacidad reconocido en el caso de que exista una mejoría en las patologías del paciente. Para ello es necesario que se den dos requisitos: que se produzca una mejora en el cuadro patológico y que esta permita al trabajador reiniciar su actividad laboral.

El Juzgado de lo Social número 33 de Madrid dicta sentencia a favor de Grupo Médico Durango concluyendo que no se observa una mejoría tal en la situación clínica del paciente, como para incorporarse a su actividad profesional y declara el derecho a reanudar las prestaciones de Incapacidad Permanente Total.

Si usted piensa que está padeciendo de alguna dolencia relacionada con el Túnel Carpiano nosotros podemos ayudarle. Comuníquese con nosotros en el 91 307 6219, trabajamos en toda España, estaremos encantados de ayudarle.

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