Esclerosis múltiple remitente como incapacidad

El Grupo Médico Jurídico Durango comparte con vosotros una nueva resolución emitida en los juzgados de lo Social de Madrid. Esta sentencia fue ganada al Instituto Nacional de la Seguridad Social, dentro un proceso de una incapacidad permanente total derivada de enfermedad común.

El actor cuya profesión habitual es delineante, proyectista padece limitaciones orgánicas y funcionales desde 2005, presentado esclerosis múltiple remitente recurrente lo cual afecta su capacidad de atención, aprendizaje y habilidades constructivas, con un grado de discapacidad reconocido del 35%.

En 2014, el Instituto Nacional de la Seguridad Social le deniega la incapacidad permanente absoluta, por considerar una mejoría en su estado de salud.

El demandante no se encuentra de acuerdo con la dicha resolución, y se decide impugnar ante el INSS la sentencia,  reclamando la invalidez permanente.

El grado de incapacidad absoluta está recogido en el artículo 137.5 de la LGSS, donde especifica  que es el que inhabilita al trabajador para toda profesión u oficio. La rotundidad de la definición legal  no se corresponde sin embargo con la necesidad de constatar la incapacidad para la realización de todas las tareas que se necesiten realizar en todas las profesiones, como puede deducirse del art. 141.2 que establece la compatibilidad de las pensiones absolutas.

En lo que se refiere a la prestación y sus requisitos, se recuerda que de conformidad con el art. 139 LGSS la prestación es una pensión vitalicia del 75% de la base reguladora, y que tratándose de contingencia comunes según el art. 140 LGSS se calcula teniendo en cuenta los últimos 8 años cotizados, de los dos primeros sumando las bases de la cotización reales  y los 6 anteriores actualizándolas con el índice General de precios al consumo, dividiendo la suma de los 96 meses por 112, para que se produzcan 14 pagas anuales.

La EM recurrente- remitente se define como la EM en la que los pacientes tienen recaídas de EM y periodos de estabilidad entre las recaídas. Las recaídas son episodios de nuevos síntomas o empeoramiento de los mismos, no causados por fiebre o infecciones y que duran más de 48 horas. En otras palabras, un curso estable se acentúa por episodios se síntomas nuevos o empeoramiento de dichos síntomas.

La EM recurrente-remitente es la forma inicial más común de EM. Los pacientes jóvenes tienen más probabilidades de tener esta forma de EM que los pacientes mayores.

El exámen pericial realizado por la perito Ruiz-Mialdea, sirvieron como prueba para  demostrar que el paciente no está apto para ninguna actividad laboral, ya que su estado de salud se lo impide.

Por lo anterior expuesto, el tribunal le concede una incapacidad permanente total, abonándole una pensión vitalicia del 75% de la base reguladora.

En Grupo Médico Jurídico Durango ponemos a su disposición un equipo multidisciplinar experimentado en los expedientes de incapacidades y discapacidades por diferentes patologías. Llámenos al teléfono 91 307 6219, o rellene el formulario de contacto.
Nuestros médicos peritos estudiarán la viabilidad de su caso a fin solicitar con éxito el proceso ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

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La demandante que se desempeña como oficial administrativo, le fue concedida una incapacidad permanente total el 28 de septiembre de 2011, la cual se ratificó el 17 de diciembre de 2013, por no producirse variación en el estado de las lesiones que padece.

Incapacidad por espondiloartritis

Ante este resultado se interpone una demanda, por entenderse que la actora ha sufrido un agravamiento en el transcurso de sus lesiones, presentándose una reclamación previa que también fue rechazada por el organismo de salud.

La actora presenta el siguiente cuadro clínico: espondiloartritis, espondilosis cervical, Síndrome fibromialgico, Síndrome de fatiga crónica, hernia discal, posterolateral, hipertrofia de ligamentos.

También padece de intolerancia a anti TNF, infección tuberculosa latente, trastorno depresivo recurrente, limitación de movimientos de ambos hombros, lumbalgia, catarata y ojo seco y un grado de discapacidad de un 70%.

Cabe mencionar que esta sentencia fue llevada al Tribunal Superior de Justicia, a través de un recurso de suplicación, ratificando el mismo la invalidez de la demandante con grado de permanente absoluta.

La incapacidad permanente es definida en el artículo 136 de la Ley de la Seguridad Social, como la situación del trabajador, que después de haber estado sometido al tratamiento prescrito, presenta reducciones anatómicas y funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas que disminuyan o anulen su capacidad laboral.

El grado de la incapacidad es la absoluta, o sea, esta que le impide realizar cualquier tipo de trabajo dado los numerosos menoscabos físicos y psíquicos que sufre la demandante.

Por medio del informe médico pericial ─emitido por la médico perito─ Ruiz Mialdea, pudo constarse que la actora está limitada para realizar cualquier tipo de actividad laboral, ya que sus dolencias y grado de discapacidad así lo señalan.

En resumen, el Tribunal Superior de Justicia le concede la incapacidad permanente absoluta para todo tipo de trabajo, con derecho a percibir una pensión igual al 100% de su base reguladora más mejoras y revaloraciones.

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¿Quieres que te reconozcan una incapacidad?

En Grupo Médico Jurídico Durango trabajamos juntos, abogados y médicos. En equipo, podemos sustanciar la defensa de tus intereses con los dos perfiles profesionales de la medicina legal, el médico y el abogado. Solo aquí encontrarás ambos en la misma plantilla. No somos un centro médico con alianzas con despachos jurídicos, ni un despacho de abogados que trabaja en alianzas con médicos. Aquí estamos todos en el mismo equipo: el tuyo.

Calculadora Incapacidad

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La incapacidad temporal

Grupo Médico Jurídico Durango comparte con vosotros esta nueva sentencia. La misma se ha ganado al Instituto Nacional de la Seguridad Social durante un proceso de impugnación de alta de una trabajadora.

La demandante, que se desempeña como agente auxiliar de carga y descarga en el aeropuerto de Madrid, sufre un accidente de trabajo consistente en la caída de una maleta en su mano derecha el 26 de marzo de 2014.

El 1 de abril es dada de alta por mejoría. Sin embargo el 5 de abril de 2014 acude a urgencias refiriendo que al realizar esfuerzo al empujar un contenedor notó un tirón en la región cervical con dolor a los movimientos en el cuello, iniciando de nuevo un proceso de incapacidad temporal por contingencias profesionales, siendo dada de alta por mejoría el 30 de abril de 2014.

Más tarde, el 1 de mayo de 2014 inicia un nuevo proceso de incapacidad temporal constando en el parte de baja como diagnóstico “lesión nodular en la muñeca derecha, rigidez articular”.

El 25 de junio 2014 fue remitida al servicio de rehabilitación  de los Servicios Públicos de Salud para ser tratada por cervicalgia  y lumbalgia, ratificándose en ese centro un diagnóstico de cervicalgia y lumbalgia mecánica postraumáticas.

El 30 de abril la actora muestra su disconformidad con el alta, al sentirse limitada a la hora de realizar las tareas habituales de su puesto de trabajo.

La incapacidad temporal se recoge en el artículo 128.1 de la Ley General de la Seguridad Social de 20 de junio de 1994, donde establece que “tendrán las consideración de situaciones determinantes de incapacidad temporal las debidas a enfermedad común o profesional y a accidente sea o no de trabajo, mientras el trabajador reciba asistencia sanitaria de la Seguridad Social y esté impedido para el trabajo, con una duración máxima de 12 meses, prorrogables por otros seis cuando se presuma durante ellos pueda el trabajador se dado de alta médica por curación».

A través del dictamen pericial realizado por la médico perito Ruiz Mialdea, pudo determinarse  que la demandante no se encontraba apta para realizar su actividad laboral.

Por todo lo anterior, el tribunal le repone la situación de Incapacidad Temporal, declarando indebida el alta médica emitida el 30 de abril de 2014.

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daños faciales

En estos tiempos no es extraño encontrar en los telediarios demandas por productos defectuosos que provocan una reacción distinta a lo que se suponen que deberían ser.

Muchos de estos productos llegan sin ningún tipo de regulación, y generalmente son aprovechados por organizaciones fraudulentas como una manera de generar ingresos mediante la distribución y la evasión de impuestos.

Muy conocido es el caso de un famoso champú que aceleraba la caída del cabello de los usuarios, cuando su finalidad principal era evidentemente lo contrario. A esta hay que sumarle un sinnúmero de demandas por mala funcionalidad de cremas, geles, antiarrugas y demás.

Según el Real Decreto Legislativo 1/2007 del 16 de noviembre, en su capítulo I, se recoge que la responsabilidad civil se delimita a ciertas cuantías e indemnizaciones de la cual se hace responsable el fabricante o proveedor.

Existen tres maneras de reconocer que un producto es ineficaz o defectuoso:

• Defecto de diseño: Si por causa de un mal planteamiento de fábrica resultan lesionados.
• Defectos de fábrica: Cuando se produce una alteración que puede alterar la constitución misma del producto, ya sea por fallo en el control de calidad, o por otros motivos.
• Fallo en la comercialización o falta de advertencia: La comercialización, la publicidad, o los canales de marketing no advirtieron los efectos del producto.

Llegado a este punto todo resulta claro, hasta que nos hacemos la pregunta ¿contra quién vamos a dirigir nuestra demanda?

Todo dependerá del momento que el afectado crea que pudo producirse el daño o perjuicio por el cual reclama. Por ejemplo, si el demandante supone que el defecto pudo tratarse como un error de fabricación o de diseño, pues la demanda debe dirigirse al fabricante o al laboratorio de prueba.

Por el contrario, si se presume que los errores incurrieron durante el manejo y comercialización,  o por una negligencia de comunicación sobre sus efectos colaterales, entonces las acciones legales pueden deben ir enfocadas al proveedor.

Pero lo más importante sería probar el defecto, el daño y el nexo causal existente. De nada vale encarar una reclamación si el hecho resulta dudosamente probable, el poder argumentar y probar el suceso resulta vital si queremos conseguir una indemnización.

Mediante un examen médico pericial, se pueden valorar los daños y las posibles secuelas que en un futuro podría provocar el menoscabo de las capacidades físicas o psicológicas del perjudicado.

La indemnización suele incluir la retribución de los salarios pasados y futuros, gastos médicos y el sufrimiento causado por el producto defectuoso.

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daños durante el parto

Aunque el nacimiento de un hijo supone un acontecimiento que llena de excitación y alegría a los progenitores, no lo es tanto cuando el recién nacido y los padres tienen que enfrentarse a daños que le acompañarán para toda la vida.

Nos referimos a los daños sufridos durante el parto, que generalmente provocado por la falta de cuidado por parte del personal sanitario, puede transformar el sueño de un día en una pesadilla interminable.

Las lesiones durante el parto a recién nacidos dependen de muchas causas y se engloban en tres momentos temporales del desarrollo, siendo posible ocurrir desde el momento en que el feto está en el útero materno (prenatal), en el momento del parto (perinatal) o con posterioridad a este (postnatal).

Se estima que de cada 1000 niños nacidos, ocho sufren una lesión. Algunos de estos daños solo tardan días en sanar. Pero los más graves terminan en una discapacidad que le acompañará a lo largo de muchos años.

Las lesiones más conocidas son las provocadas al cerebro y al sistema nervioso:

• Parálisis cerebral.
• Fracturas de cráneo.
• Hidrocefalia (acumulación anormal de líquido en el cerebro).
• Cefalohematoma (acumulación de sangre debajo del cuero cabelludo).

A menudo esta mala praxis se debe al uso incorrecto de las  herramientas en el parto o al funcionamiento impropio de la medicina. Entre las más frecuentes están:

• Falta de seguimiento a la salud del bebé.
• No prevenir embarazo de alto riesgo.
• No anticipar complicaciones en el parto.
• Mal manejo en el tratamiento del cordón umbilical.
• Uso inadecuado de ventosas, pinzas y otros aparatos durante el parto.
• Demora en la realización de una cesárea cuando se consideraba necesaria.

Las lesiones cerebrales al bebé, son una de las negligencias más complejas desde el punto de vista emocional. A esto habría que agregarle una cuantiosa inversión económica que se deberá hacerse frente en el futuro.

Daños en el parto y posible reclamación

Sin embargo, para iniciar una demanda por negligencia médica es recomendable seguir ciertos pasos para tratar de que la reclamación pueda dirigirse por el buen sentido. Por ello, resulta primordial contar con especialistas en temas de derecho y medicina forense.

Un médico perito puede valorar el daño provocado y sus posibles secuelas. Debe recordarse que la demanda debe estar basada en probar el hecho. También es necesario contar con un abogado experto en negligencia médica que sepa interpretar el derecho sanitario.

La reclamación de la demanda incluye la compensación económica pasada y futura, el dolor y sufrimiento, costes de rehabilitación, gastos de vida proyectados para la víctima ya que debido  a la discapacidad no podría sustentarse a sí mismo.

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difamación

La difamación se ha convertido en uno de los delitos más frecuentes con la llegada de las Redes Sociales. Colgar una foto, un vídeo o cualquier material ofensivo que vaya en perjuicio de otra persona y de su integridad moral puede ser considerado una calumnia.

La difamación está constituida por palabras habladas, o por publicaciones escritas falsas y no confidenciales, que instan a cualquier persona al odio, desprecio, ridículo, y que están destinadas al menoscabo de su relación personal, laboral o social.

La querella es susceptible de demanda, debido a los daños y perjuicios que pudiera causarse a la víctima, y las secuelas psicológicas que pueden derivarse del hecho. Muy conocidos son los casos de suicidios por difamación en las Redes Sociales.

Existen dos tipos de daños para castigar una difamación, el daño efectivo y el daño punitivo.

Daño efectivo:

los daños efectivos incluyen, pero no son limitados a:

• Daños económicos.
• Daño a su reputación.
• Angustia mental

Daño punitivo: los daños punitivos van encaminado para servir como castigo económico. La finalidad de este castigo es que el demandado no vuelva a repetir la misma acción con otra persona.

Si el demandado realizó una declaración que pueda repercutir en la vida laboral de la persona damnificada, el tribunal debe evaluar los daños causados. Para otro tipo de indemnización se debe probar el hecho para poder resarcir el daño.

Cabe mencionar que la difamación solo tiene una responsabilidad civil sobre las personas vivas, es decir, que no se pueden emprender acciones legales si haya existido una calumnia contra un fallecido.

Un buen ejemplo de difamación son los comentarios que se emiten en algunos programas de televisión o radio con el objetivo de manchar la reputación de algún personaje, las cuales pueden acarrearle algún tipo de inconvenientes en el desarrollo de su carrera profesional.

Las personas que sufren una difamación a menudo sufren los síntomas de la depresión, y pueden ser susceptible de solicitar una incapacidad temporal por el tiempo que dure el tratamiento psicológico al que se someten.

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impugnación de alta

Grupo Médico Jurídico Durango vuelve a compartir con vosotros una nueva sentencia. La misma fue ganada al Instituto Nacional de la Seguridad Social, por un caso de impugnación de alta.

El demandante, cuya profesión habitual  es de empleado de hogar, sufre una caída en República Dominicana, resultando con una fractura diafisaria de Húmero izquierdo, de la cual fue tratado de forma conservadora.

El 26 de junio 2013 el actor fue dado de baja laboral y en situación incapacidad de baja temporal por contingencias comunes.

Fue evaluado el 1 de julio de 2013 por el servicio de Traumatología y Ortopedia del Hospital Universitario Fundación Jímenez Díaz sin haber signo de consolidación, por lo que se procede a una intervención  el 9 de julio de 2013.

Dicha intervención  se procede en una reducción cerrada  y osteosíntesis con clavo intramedular expert con bloqueo proximal, cursando el post operatorio sin incidencias y los que se recogen en los informes de los especialistas.

El actor fue despedido por su empleador según consta el informe emitido por la inspección de trabajo de fecha 23 de junio de 2014, dictándose en el acta de conciliación el reconocimiento por parte de la empresa el despido improcedente.

Según consta en el informe médico de evaluación de la incapacidad laboral del demandante, se encuentra limitado para tareas que impliquen cargar pesos o esfuerzos físicos con MSI.

Basándose en este informe  el INSS dicta una resolución donde se procede a emitir el alta médica del actor, con fecha 30 de junio 2014, una vez agotada la duración máxima de 365 días de la incapacidad temporal que tiene reconocida.

Se interpone una demanda judicial  el 28 de junio de 2014, considerándose  que el actor no estaba acto para desarrollar su actividad laboral, ya que no se encontraba totalmente recuperado de su padecimiento.

La incapacidad temporal se recoge en el art. 128 de la LGSS, donde establece que “tendrán la consideración de situaciones determinantes de incapacidad temporal: a) las debidas a enfermedad común o profesional y a accidente sea o no de trabajo mientras el trabajador reciba asistencia sanitaria de la seguridad social y esté impedido para el trabajo, con una duración máxima de 12 meses, prorrogables por otros seis cuando se presuma que durante ellos pueda el trabajador ser dado de alta médica por curación.

Por todo lo antes expuesto, el tribunal le concede  6 meses de prórroga, condenando al organismo al abono de la prestación de incapacidad temporal, a razón del 75% de la base reguladora diaria.

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La incapacidad permanente total enfermedad comun

Nuestro equipo lo ha vuelto hacer. Grupo Médico Jurídico Durango vuelve a  salir airoso ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social, en este caso ganando una sentencia por incapacidad permanente total.

La demandante que se desempeñaba como comercial, había solicitado la incapacidad permanente el día 11 de noviembre 2014, la cual fue denegada por el Equipo de Valoración de Incapacidades  el día 2 de diciembre 2014, calificando que la situación de la actora no era constitutiva de una incapacidad en ningún grado.

La actora presenta el siguiente cuadro clínico:

Discopatía degenerativa con osteofitos  y marcados signos osteofitarios , espondilolistesis, gammapatía monoclonal  IgGKappa de significado incierto, sin inmunoparexia, sin datos de hipercalcemia, insuficiencia renal, anemia y sin clínica ósea específica, estando calificada dentro del grupo de bajo riesgo para el desarrollo de enfermedad hematológica,  estando sometida a controles analíticos anuales; trastorno adaptativo mixto ansioso depresivo por el que se encuentra en seguimiento en Salud Mental.

Además, padece de una deambulación independiente, talones-punta con molestias lumbares; no apofisalgias; BA limitado a la flexión por dolor lumbar, Lasegue negativo; no atrofias musculares; BM 5% (BA raquis limitado a la flexión por dolor lumbar con afectación sobre bipedestación y sedestación prolongada. Por patología ansioso depresiva presenta ánimo deprimido e incontinencia afectiva, ansiedad y sufrimiento psíquico, lenguaje coherente y espontáneo con discurso fluido y bien construido, no habiendo mejorado la sintomatología con la medicación prescrita, que ha sido modificada en varias ocasiones.

Con relación a la incapacidad permanente total es  explicito que solo serán merecedora  de ella las calificaciones de secuelas que impidan al trabajador el desempeño de todas o las fundamentales tareas de su profesión habitual (art. 137.4 de la LGSS), con la precisión de que esta no es esencialmente coincidente  con actividad específica que se realice en un determinado puesto de trabajo, sino aquella que el trabajador este cualificado para realizar y a la que la empresa le haya destinado o pueda destinarle , en un uso de su facultad de movilidad funcional, según la previsión del art. 39 del estatuto de los trabajadores (STS de 17-1-1989).

Para llegar a este resultado, fueron necesario los informes medico de síntesis y  el informe médico pericial, elaborado por la médico perito Ruiz Mialdea, donde se hace constar que la demandante está limitada para la sedestación o bipedestación prolongada (mantenerse sentada y de pies), y para ocupaciones que precisen de frecuentes relaciones interpersonales.

Y teniendo en cuenta que la profesión de comercial implica, esencialmente, relacionarse con cliente y concertar negocios y ventas, por lo que concluye que la demandante carece de los recursos psíquicos para realizar sus actividades laborales.

Después de todo lo anterior expuesto, se le concede una incapacidad permanente total, con una cuantía correspondiente al 75% de la base reguladora  y revaloraciones que legal y reglamentariamente procedan.

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La demandante que trabajaba  como almacenero técnico especialista, presentaba  el siguiente cuadro clínico: hernia umbilical, actualmente reducida, pancitopenia secundaria e hiperesplenismo; pendiente de embolización esplénica selectiva, una operación para conseguir la reducción del bazo. Además de una poliquistosis hepatorrenal.

Incapacidad permanente por hernia umbilical

Tras la operación, el Informe de síntesis recogía que se había producido una mejoría y actualmente estaba limitada para tareas de intenso y continuado esfuerzo físico. EL INSS decide hacer firme el dictamen emitido por el Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI) tras revisión de grado y quitarle la valoración como Incapacidad Permanente, pues no consideraba que presentase reducciones funcionales que disminuyan su capacidad laboral. Por ello se procede a presentar demanda para recuperar la Incapacidad Permanente Total.

En sus informes médicos se destacaba, sin embargo, que aunque haya mejorado de sus problemas de bazo tras la operación, sigue presentando una hernia umbilical de gran tamaño, por lo que no debe realizar esfuerzos que supongan carga de peso. “La paciente no está capacitada para realizar trabajo alguno que suponga el más mínimo esfuerzo”, recoge uno de ellos.

Otra prueba determinante es el informe pericial presentado por Grupo Médico Durango, que resalta que a pesar de los diferentes tratamientos no ha presentado mejoría significativa, presentando además un empeoramiento sintomatológico. En su situación actual presenta una importante merma funcional para realizar las tareas fundamentales de su trabajo.

Constatados todos los informes, el Juzgado de lo Social número 20 de Madrid ha estimado la demanda, concediendo a la actora una Invalidez Permanente Total con derecho a percibir una pensión equivalente al 55% de su base reguladora, ya que considera que la mejoría presentada por la demandante no ha afectado sustancialmente a las limitaciones funcionales que tenía, justificándolo en el artículo 137 de la LGSS.

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La demandante, de 42 años de edad y cuya profesión habitual era ser reponedora en grandes superficies, presenta el siguiente cuadro clínico: Carcinoma ductal infiltrante mama izquierdo, multicéntrico, estadio inicial. Masectomía y Linfadenectomía Axilar. La paciente, en definitiva, estaba afectada por un cáncer de mama.

El EVI (Equipo de Valoración de Incapacidades) no considera que el cúmulo de dichas patologías supongan una merma para la capacidad laboral de nuestra cliente, y en consecuencia, interponemos una demanda en el Juzgado  de lo Social número 32 de Madrid.

La demanda es estimada y el tribunal dicta sentencia a nuestro favor, concluyendo que nuestra cliente posee una limitación en su capacidad de ejercer sus tareas de reponedora, detallando que aunque la paciente es diestra y las secuelas de su enfermedad se encuentran en el lado izquierdo, dado las actividades que desarrolla en su trabajo es fundamental el uso de ambas extremidades superiores. Así se detalla en el fundamento primero de la sentencia, que recoge como prueba el informe de la perito Ruiz Mialdea, donde “ha quedado acreditado que presenta edema en la mano izquierda al realizar movimientos durante un periodo de tiempo  y que debe evitar coger peso y no debe realizar esfuerzos”.

Por todo ello, el tribunal le reconoce una prestación por Incapacidad Permanente Total.

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Abajo mostramos el fallo del caso.

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