Esta sentencia viene precedida de la concesión de una invalidez absoluta y que fue retirada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social por una supuesta mejoría en el estado de salud de la paciente.

A la actora, que se desempeñaba como auxiliar administrativa, fue concedida una incapacidad permanente absoluta. La cual fue extinguida al pasar la revisión del EVI, ya que no presentaba limitaciones para realizar su trabajo.

Ante esta negativa, se formuló una reclamación previa que fue desestimada por el INSS.

La actora presenta el siguiente cuadro clínico:

• Artritis psoriásica con evolución tórpida
• Persistencia de actividad inflamatoria
• Dolor en hombros, rodillas, manos y pies
• Limitación articular
• Limitación de deambulación

La incapacidad permanente es definida en el artículo 136 de la Ley de la Seguridad Social, como la situación del trabajador, que después de haber estado sometido al tratamiento prescrito, presenta reducciones anatómicas y funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas que disminuyan o anulen su capacidad laboral.

El grado de la incapacidad es la absoluta, o sea, esta que le impide realizar cualquier tipo de trabajo dado los numerosos menoscabos físicos y psíquicos que sufre la demandante.

El informe médico pericial, realizado por la doctora Ruiz Mialdea, fue utilizado como prueba contrastada del menoscabo que tiene la paciente en el desenvolvimiento de las actividades laborales, de hecho, precisa de un bastón para caminar.

La parte jurídica estuvo representada por la letrada Fernández Fidalgo. Quien ratificó en juicio la reclamación que posteriormente había realizado ante este juzgado.

En resumen, el tribunal le ratifica la incapacidad permanente absoluta para toda actividad laboral, concediéndole el derecho a percibir una pensión vitalicia del 100% de su base reguladora, más mejoras y revaloraciones.
Si necesitas más información o iniciar un proceso de incapacidad… llámanos a este teléfono 91 307 6219, o rellene el formulario en este enlace contacto grupo medico durango,trabajamos en toda España, estaremos encantados de ayudarte.

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Incapacitado por lesiones en la muñeca

El Grupo Médico Jurídico Durango comparte con vosotros una nueva resolución emitida en los juzgados de lo Social de Madrid. Esta sentencia fue ganada al Instituto Nacional de la Seguridad Social, dentro un proceso de una incapacidad permanente total.

El actor, cuya profesión habitual es mozo de almacén, sufrió un accidente de trabajo, el cual le produjo un esguince en la articulación metacarpiana en la mano derecha.

Este accidente laboral provocó que el demandante se acogiera a la incapacidad temporal desde el 12 de marzo de 2013 al 8 de enero de 2014, emitiéndose un informe médico de síntesis confirmando su limitación de movilidad en la muñeca.

El 21 de abril de 2014 se emite una resolución donde se le reconoce una lesión permanente no invalidante conforme al baremo 078 bajo la responsabilidad de la mutua Asepeyo, interponiéndose una reclamación previa, desestimada el 5 de junio de 2014.

El demandante presenta el siguiente cuadro clínico:

• esguince de articulación carpo-metacarpiana derecha,
• Evolución a sd de dolor regional complejo/distrofia simpático refleja.
• Dolor con la movilidad.
• Lesiones eritematosas, limitación de movilidad de muñeca mayor del 50% en relación con el contralateral.

La Incapacidad permanente se recoge en el artículo 137 de la Ley General de la Seguridad Social, donde se establece que es invalidez permanente la situación del trabajador que presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitiva que disminuyan o anulen su capacidad laboral, alcanzando el grado de incapacidad permanente total, cuando el trabajador quede inhabilitado para la realización de todas o de las tareas fundamentales de su profesión habitual, siempre que pueda dedicarse a otra distinta.

El informe médico pericial ─emitido por la médico perito Ruiz Mialdea ─ fue el documento preciso para determinar que el paciente sufría de daños que le limitaban a la hora de realizar su trabajo habitual.

En base a todo lo anterior, el tribunal le concede una incapacidad permanente total para su actividad de mozo de almacén, otorgándole el derecho a percibir la correspondiente pensión, conforme al 55% de su base reguladora con las revaloraciones y mejoras que legalmente correspondan.

En Grupo Médico Jurídico Durango ponemos a su disposición un equipo multidisciplinar experimentado en los expedientes de incapacidades y discapacidades por diferentes patologías. Llámenos a este teléfono 91 307 6219, o rellena el formulario de contacto.
Nuestros médicos peritos estudian la viabilidad de su caso a fin solicitar con éxito el proceso ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

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La incapacidad permanente total cáncer de mama

El Grupo Médico Jurídico Durango se complace el compartir con vosotros una nueva sentencia emitida en los juzgados de lo Social de Madrid. La misma viene precedida del proceso de una incapacidad permanente total y su posterior demanda.

A la actora, cuya profesión habitual es de reponedora de grandes superficies le fue denegada la incapacidad permanente total el 03 de octubre de 2013, en una resolución emitida por el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Por lo que se procedió a interponer una demanda por entenderse que actora se encontraba limitada para ejercer la actividad laboral en el puesto que desempeña.

La demandante padece el siguiente cuadro clínico: Calcinoma Ductal Infiltrante Mama Izo, Est.Inicial III0(Ct2N3Bm0). Triple Negativo. T Neoadyuvante. Mastectomía y Fadenectomía axilar. Rt Adyuvante (padece un cáncer de mama).

La Incapacidad permanente se recoge en el artículo 137 de la Ley General de la Seguridad Social, donde se establece que es invalidez permanente la situación del trabajador que presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitiva que disminuyan o anulen su capacidad laboral, alcanzando el grado de incapacidad permanente total, cuando el trabajador quede inhabilitado para la realización de todas o de las tareas fundamentales de su profesión habitual, siempre que pueda dedicarse a otra distinta.

Aunque la demandante es diestra y la mayoría de sus dolencias son en la parte izquierda debe entenderse que la profesión de reponedor necesita la utilización de ambas manos para realizarse con eficacia.

Mediante el informe médico pericial realizado por la médico perito Ruiz Mialdea, pudo acreditarse que la actora presenta un edema en la mano izquierda, agravado por los movimientos durante un periodo de tiempo, además está impedida para coger peso y realizar esfuerzos.

Por lo todo lo anterior, el tribunal le concede una incapacidad permanente total para su profesión de reponedora, y reconociéndole el derecho a percibir la correspondiente pensión conforme al 55% de su base reguladora con las revaloraciones y mejora que legalmente correspondan.

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La Tesoreria General

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Programa con cámara oculta

El auge de los programas televisivos que implican una cámara oculta ha venido a poner en tela de juicio los derechos de la intimidad y del honor.

Ya sea la cámara de un programa para realizar bromas y entretenimiento, como las de conocidas series de investigación, vienen causando revuelo en una parte de la sociedad que ve como los derechos de imagen pueden volverse vulnerables.

Una jurisprudencia famosa dio la razón a una esteticista por una demanda que interpuso contra un programa de investigación, en el cual se representaban imágenes suyas relacionándolas con la falsedad profesional en el mundo de la salud. El tribunal se pronunció y se descantó a favor de la demandante por entenderse como una violación a intimidad y a la propia imagen.

Sin embargo, existen excepciones cuando se pide una autorización para tratar estos datos personales, estos que se establecen en el artículo 6.2 de la Ley de la protección de datos (LPD/15/99): “No será preciso el consentimiento cuando los datos de carácter personal recojan para el ejercicio de las funciones propias de las administraciones públicas en el ámbito de sus competencias; cuando se refieran a las partes de un contrato o precontrato de una relación negocial, laboral o administrativa y sean necesario para su mantenimiento o cumplimiento; cuando el tratamiento de los datos tenga por finalidad proteger un interés vital del interesado”.

El uso de las cámaras ocultas está estrechamente ligado a la libertad de información, razón que abre el debate si está puede primar por encima de los derechos de intimidad, respuesta que queda en evidencia en la sentencia citada más arriba.

Volviendo a la cámara oculta en la televisión, tendríamos que diferenciar entre programas de entretenimiento (bromas divertidas) y los programas de investigación, aquellos que buscan mostrar la realidad de un tema en concreto.

Para el primer caso, un simple consentimiento verbal puede valer para obtener la autorización de esa persona a aparecer en dicho programa, ya que sólo tiene la finalidad de entretener y divertir a la audiencia. Con un sí al final del “engaño” podría bastar.

El artículo 5 de la Ley 15/99 recoge “El interesado tendrá derecho a solicitar y obtener gratuitamente información de sus datos de carácter personal sometidos al tratamiento, el origen de dichos datos, así como las comunicaciones realizadas o que se prevén hacer de los mismos”.

Por otro lado, cuando se trata de un programa de investigación el proceso es algo más complejo, pues necesitaría ser un hecho que tenga una actual relevancia y que se base en una realidad evidente, a fin de cumplir con los derechos de información.

Cabe mencionar que la protección a un menor es mayor en este tipo de casos, y que bajo ningún concepto pueden mostrarse una imagen sin una previa autorización de sus padres o tutor.

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Incapacidad permanente

Incapacidad permanente en 10 pasos

Es aquella en la que un trabajador presenta reducciones funcionales o anatómicas graves, previsiblemente definitivas, que disminuyen o anulan su capacidad laboral. La incapacidad permanente puede ser de tres grados diferentes (parcial, total o absoluta). Esta da derecho a una prestación económica regulada por la Seguridad Social.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) tiene que reconocer la situación de incapacidad laboral de un trabajador. A continuación este trabajador debe cumplir con una serie de requisitos generales y de cotización, recogidos en la Ley General de la Seguridad Social (LGSS), para poder acceder a la prestación correspondiente. En caso de que la incapacidad permanente haya sido producto de un accidente, sea o no laboral, o de una enfermedad profesional, no se exigirá una cotización previa.

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Aquí Os dejamos un cuadro con 1o pasos sencillos para solicitar una incapacidad permanente, esperamos sea de gran ayuda.

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La incapacidad temporal

Grupo Médico Jurídico Durango comparte con vosotros esta nueva sentencia. La misma se ha ganado al Instituto Nacional de la Seguridad Social durante un proceso de impugnación de alta de una trabajadora.

La demandante, que se desempeña como agente auxiliar de carga y descarga en el aeropuerto de Madrid, sufre un accidente de trabajo consistente en la caída de una maleta en su mano derecha el 26 de marzo de 2014.

El 1 de abril es dada de alta por mejoría. Sin embargo el 5 de abril de 2014 acude a urgencias refiriendo que al realizar esfuerzo al empujar un contenedor notó un tirón en la región cervical con dolor a los movimientos en el cuello, iniciando de nuevo un proceso de incapacidad temporal por contingencias profesionales, siendo dada de alta por mejoría el 30 de abril de 2014.

Más tarde, el 1 de mayo de 2014 inicia un nuevo proceso de incapacidad temporal constando en el parte de baja como diagnóstico “lesión nodular en la muñeca derecha, rigidez articular”.

El 25 de junio 2014 fue remitida al servicio de rehabilitación  de los Servicios Públicos de Salud para ser tratada por cervicalgia  y lumbalgia, ratificándose en ese centro un diagnóstico de cervicalgia y lumbalgia mecánica postraumáticas.

El 30 de abril la actora muestra su disconformidad con el alta, al sentirse limitada a la hora de realizar las tareas habituales de su puesto de trabajo.

La incapacidad temporal se recoge en el artículo 128.1 de la Ley General de la Seguridad Social de 20 de junio de 1994, donde establece que “tendrán las consideración de situaciones determinantes de incapacidad temporal las debidas a enfermedad común o profesional y a accidente sea o no de trabajo, mientras el trabajador reciba asistencia sanitaria de la Seguridad Social y esté impedido para el trabajo, con una duración máxima de 12 meses, prorrogables por otros seis cuando se presuma durante ellos pueda el trabajador se dado de alta médica por curación».

A través del dictamen pericial realizado por la médico perito Ruiz Mialdea, pudo determinarse  que la demandante no se encontraba apta para realizar su actividad laboral.

Por todo lo anterior, el tribunal le repone la situación de Incapacidad Temporal, declarando indebida el alta médica emitida el 30 de abril de 2014.

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difamación

La difamación se ha convertido en uno de los delitos más frecuentes con la llegada de las Redes Sociales. Colgar una foto, un vídeo o cualquier material ofensivo que vaya en perjuicio de otra persona y de su integridad moral puede ser considerado una calumnia.

La difamación está constituida por palabras habladas, o por publicaciones escritas falsas y no confidenciales, que instan a cualquier persona al odio, desprecio, ridículo, y que están destinadas al menoscabo de su relación personal, laboral o social.

La querella es susceptible de demanda, debido a los daños y perjuicios que pudiera causarse a la víctima, y las secuelas psicológicas que pueden derivarse del hecho. Muy conocidos son los casos de suicidios por difamación en las Redes Sociales.

Existen dos tipos de daños para castigar una difamación, el daño efectivo y el daño punitivo.

Daño efectivo:

los daños efectivos incluyen, pero no son limitados a:

• Daños económicos.
• Daño a su reputación.
• Angustia mental

Daño punitivo: los daños punitivos van encaminado para servir como castigo económico. La finalidad de este castigo es que el demandado no vuelva a repetir la misma acción con otra persona.

Si el demandado realizó una declaración que pueda repercutir en la vida laboral de la persona damnificada, el tribunal debe evaluar los daños causados. Para otro tipo de indemnización se debe probar el hecho para poder resarcir el daño.

Cabe mencionar que la difamación solo tiene una responsabilidad civil sobre las personas vivas, es decir, que no se pueden emprender acciones legales si haya existido una calumnia contra un fallecido.

Un buen ejemplo de difamación son los comentarios que se emiten en algunos programas de televisión o radio con el objetivo de manchar la reputación de algún personaje, las cuales pueden acarrearle algún tipo de inconvenientes en el desarrollo de su carrera profesional.

Las personas que sufren una difamación a menudo sufren los síntomas de la depresión, y pueden ser susceptible de solicitar una incapacidad temporal por el tiempo que dure el tratamiento psicológico al que se someten.

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impugnación de alta

Grupo Médico Jurídico Durango vuelve a compartir con vosotros una nueva sentencia. La misma fue ganada al Instituto Nacional de la Seguridad Social, por un caso de impugnación de alta.

El demandante, cuya profesión habitual  es de empleado de hogar, sufre una caída en República Dominicana, resultando con una fractura diafisaria de Húmero izquierdo, de la cual fue tratado de forma conservadora.

El 26 de junio 2013 el actor fue dado de baja laboral y en situación incapacidad de baja temporal por contingencias comunes.

Fue evaluado el 1 de julio de 2013 por el servicio de Traumatología y Ortopedia del Hospital Universitario Fundación Jímenez Díaz sin haber signo de consolidación, por lo que se procede a una intervención  el 9 de julio de 2013.

Dicha intervención  se procede en una reducción cerrada  y osteosíntesis con clavo intramedular expert con bloqueo proximal, cursando el post operatorio sin incidencias y los que se recogen en los informes de los especialistas.

El actor fue despedido por su empleador según consta el informe emitido por la inspección de trabajo de fecha 23 de junio de 2014, dictándose en el acta de conciliación el reconocimiento por parte de la empresa el despido improcedente.

Según consta en el informe médico de evaluación de la incapacidad laboral del demandante, se encuentra limitado para tareas que impliquen cargar pesos o esfuerzos físicos con MSI.

Basándose en este informe  el INSS dicta una resolución donde se procede a emitir el alta médica del actor, con fecha 30 de junio 2014, una vez agotada la duración máxima de 365 días de la incapacidad temporal que tiene reconocida.

Se interpone una demanda judicial  el 28 de junio de 2014, considerándose  que el actor no estaba acto para desarrollar su actividad laboral, ya que no se encontraba totalmente recuperado de su padecimiento.

La incapacidad temporal se recoge en el art. 128 de la LGSS, donde establece que “tendrán la consideración de situaciones determinantes de incapacidad temporal: a) las debidas a enfermedad común o profesional y a accidente sea o no de trabajo mientras el trabajador reciba asistencia sanitaria de la seguridad social y esté impedido para el trabajo, con una duración máxima de 12 meses, prorrogables por otros seis cuando se presuma que durante ellos pueda el trabajador ser dado de alta médica por curación.

Por todo lo antes expuesto, el tribunal le concede  6 meses de prórroga, condenando al organismo al abono de la prestación de incapacidad temporal, a razón del 75% de la base reguladora diaria.

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La entrada 6 meses de prórroga por impugnación de alta se publicó primero en Grupo Médico Jurídico Durango.