Esta sentencia viene precedida de la concesión de una invalidez absoluta y que fue retirada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social por una supuesta mejoría en el estado de salud de la paciente.

A la actora, que se desempeñaba como auxiliar administrativa, fue concedida una incapacidad permanente absoluta. La cual fue extinguida al pasar la revisión del EVI, ya que no presentaba limitaciones para realizar su trabajo.

Ante esta negativa, se formuló una reclamación previa que fue desestimada por el INSS.

La actora presenta el siguiente cuadro clínico:

• Artritis psoriásica con evolución tórpida
• Persistencia de actividad inflamatoria
• Dolor en hombros, rodillas, manos y pies
• Limitación articular
• Limitación de deambulación

La incapacidad permanente es definida en el artículo 136 de la Ley de la Seguridad Social, como la situación del trabajador, que después de haber estado sometido al tratamiento prescrito, presenta reducciones anatómicas y funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas que disminuyan o anulen su capacidad laboral.

El grado de la incapacidad es la absoluta, o sea, esta que le impide realizar cualquier tipo de trabajo dado los numerosos menoscabos físicos y psíquicos que sufre la demandante.

El informe médico pericial, realizado por la doctora Ruiz Mialdea, fue utilizado como prueba contrastada del menoscabo que tiene la paciente en el desenvolvimiento de las actividades laborales, de hecho, precisa de un bastón para caminar.

La parte jurídica estuvo representada por la letrada Fernández Fidalgo. Quien ratificó en juicio la reclamación que posteriormente había realizado ante este juzgado.

En resumen, el tribunal le ratifica la incapacidad permanente absoluta para toda actividad laboral, concediéndole el derecho a percibir una pensión vitalicia del 100% de su base reguladora, más mejoras y revaloraciones.
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Incapacitado por lesiones en la muñeca

El Grupo Médico Jurídico Durango comparte con vosotros una nueva resolución emitida en los juzgados de lo Social de Madrid. Esta sentencia fue ganada al Instituto Nacional de la Seguridad Social, dentro un proceso de una incapacidad permanente total.

El actor, cuya profesión habitual es mozo de almacén, sufrió un accidente de trabajo, el cual le produjo un esguince en la articulación metacarpiana en la mano derecha.

Este accidente laboral provocó que el demandante se acogiera a la incapacidad temporal desde el 12 de marzo de 2013 al 8 de enero de 2014, emitiéndose un informe médico de síntesis confirmando su limitación de movilidad en la muñeca.

El 21 de abril de 2014 se emite una resolución donde se le reconoce una lesión permanente no invalidante conforme al baremo 078 bajo la responsabilidad de la mutua Asepeyo, interponiéndose una reclamación previa, desestimada el 5 de junio de 2014.

El demandante presenta el siguiente cuadro clínico:

• esguince de articulación carpo-metacarpiana derecha,
• Evolución a sd de dolor regional complejo/distrofia simpático refleja.
• Dolor con la movilidad.
• Lesiones eritematosas, limitación de movilidad de muñeca mayor del 50% en relación con el contralateral.

La Incapacidad permanente se recoge en el artículo 137 de la Ley General de la Seguridad Social, donde se establece que es invalidez permanente la situación del trabajador que presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitiva que disminuyan o anulen su capacidad laboral, alcanzando el grado de incapacidad permanente total, cuando el trabajador quede inhabilitado para la realización de todas o de las tareas fundamentales de su profesión habitual, siempre que pueda dedicarse a otra distinta.

El informe médico pericial ─emitido por la médico perito Ruiz Mialdea ─ fue el documento preciso para determinar que el paciente sufría de daños que le limitaban a la hora de realizar su trabajo habitual.

En base a todo lo anterior, el tribunal le concede una incapacidad permanente total para su actividad de mozo de almacén, otorgándole el derecho a percibir la correspondiente pensión, conforme al 55% de su base reguladora con las revaloraciones y mejoras que legalmente correspondan.

En Grupo Médico Jurídico Durango ponemos a su disposición un equipo multidisciplinar experimentado en los expedientes de incapacidades y discapacidades por diferentes patologías. Llámenos a este teléfono 91 307 6219, o rellena el formulario de contacto.
Nuestros médicos peritos estudian la viabilidad de su caso a fin solicitar con éxito el proceso ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

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La demandante, trabaja como dependiente de una tienda de perfumería y regalo de su propiedad en calidad de autónoma.

La actora inició un proceso vía administrativa ante el INSS, cuya resolución de fecha 17 de noviembre de 2015, declaró que la solicitante no se encontraba acta para obtener ningún grado de incapacidad permanente.

Debido a esta sentencia la demandante decide interponer una reclamación previa, ya que su estado no le permite realizar su trabajo con eficacia.

La solicitante padece el siguiente cuadro clínico:

• Obesidad.
• Discectomía en 1993 y 1994 L4-L4 y L5-S1. Recaída en 2002, precisa de muleta para caminar, en tratamiento en la Unidad del dolor.
• Lumbalgia.

La Incapacidad permanente se recoge en el artículo 137 de la Ley General de la Seguridad Social, donde se establece que es invalidez permanente la situación del trabajador que presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitiva que disminuyan o anulen su capacidad laboral, alcanzando el grado de incapacidad permanente total, cuando el trabajador quede inhabilitado para la realización de todas o de las tareas fundamentales de su profesión habitual, siempre que pueda dedicarse a otra distinta.

Las dolencias que padece la parte actora, y que se declaran probadas, se determinaron por los documentos presentados por el Equipo de Valoración de Incapacidades del INSS, los cuales avalan las limitaciones de la paciente.

También, basado en el informe médico pericial, emitido por la médico perito Ruiz Mialdea, pudo determinarse que la misma se encuentra imposibilitada para realizar su profesión habitual de dependiente.

Por todo lo anterior tratado, el tribunal le concede una incapacidad permanente total para su profesión, otorgándole el derecho de percibir la correspondiente pensión conforme al 55% de su base reguladora con las revaloraciones y mejora que legalmente le corresponden.

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Lo hemos conseguido. Nuestro grupo se hace con el visto favorable en un caso de incapacidad permanente total por contingencia de enfermedad común.

El paciente cuya profesión habitual es visitador a médico, formuló su reclamación el 05  de octubre de 2015, ya que se le había denegado una solicitud de incapacidad permanente total por presentar limitaciones para realizar su actividad laboral.

Presenta el siguiente cuadro clínico:

Mileoma múltiple MM IGG LAMGDA ISS 2 con múltiples lesiones líticas y aplastamiento D7. (DG en 11/2013). Tratamiento con quimioterapia, más radioterapia, más TASPE 06/2014, más consolidación, fin en 03/2015. Afectación vertebral e inmunosupresión severa.

La incapacidad permanente total está recogida en el artículo 137 de la Ley General de la Seguridad Social, donde se establece que es invalidez permanente la situación del trabajador y que presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitiva que disminuyan o anulen su capacidad laboral, alcanzando el grado de incapacidad permanente total, cuando el trabajador quede inhabilitado para la realización de todas o de las tareas fundamentales de su profesión habitual, siempre y cuando pueda dedicarse a otra distinta.

Se le concede una incapacidad permanente total con una pensión vitalicia equivalente a 55% de la base reguladora mensual. Con los incrementos y revaloraciones que legalmente procedan y efectos desde su cese de trabajo.

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jubilación

Cuando una persona que se encuentra en situación de incapacidad permanente alcanza los requisitos necesarios para jubilarse, frecuentemente se pregunta si dispone de la posibilidad de compatibilizar su pensión de incapacidad con una pensión de jubilación, de modo que pueda percibir ambas. En este post resolveremos esta duda tan frecuente.

La https://www.grupomedicodurango.com/perito-medico-incapacidad/ da derecho a una prestación económica que se concede cuando un trabajador presenta reducciones anatómicas o funcionales que limitan gravemente su capacidad de trabajo. Por otra parte, se tiene acceso a la pensión de jubilación al cumplir los 67 años, o los 65 en la situación de que se haya cotizado al menos 38 años y 6 meses.

La pensión de incapacidad es a priori incompatible con la pensión de jubilación, lo que significa que en un principio no se podría ser beneficiario de ambas pensiones y que por tanto se debería optar por una de ellas, preferiblemente aquella que tenga una base reguladora más alta.

También puede darse la situación de que una misma persona acumule dos incapacidades permanentes distintas e independientes entre sí. En este caso, menos aún es compatible el cobro de las dos pensiones por incapacidad permanente, teniendo que optar de nuevo por la pensión con mayor base reguladora.

La excepción a la regla se encuentra en los regímenes de cotización. Si usted quiere tener acceso a dos pensiones, deberá haber cotizado en dos regímenes de cotización distintos, como también pueden ser el Régimen General de la Seguridad Social y el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. En cualquier caso, será imprescindible cumplir con los requisitos correspondientes exigidos por ambos regímenes.

Cada régimen alimenta a su propia pensión. Si un trabajador ha reunido nuevas cotizaciones en un régimen distinto a aquel en el que tiene concedida una pensión, esas cotizaciones servirán para calcular una nueva pensión independiente de la que ya posee. Cabe tener en cuenta que la cotización reunida en el nuevo régimen no se ha empleado para el cálculo de la base reguladora de la primera pensión.

En situación de pluriactividad, es decir, que se haya estado cotizando en dos regímenes a la vez, se tendrá acceso a las dos pensiones si se cumplen los requisitos específicos para acceder a ellas, tal y como hemos señalado con anterioridad. Si no se cumplen los requisitos para acceder a una de las dos pensiones, las bases de cotización acreditadas en la pensión que no es concedida se podrán acumular para calcular la base reguladora de la pensión a la que sí tiene derecho.

Por otro lado, se puede compatibilizar una prestación por desempleo con una pensión de incapacidad permanente siempre que el perceptor pierda un trabajo que sea compatible con el estado del incapacitado.

Para terminar, señalaremos un caso distinto en el que la incompatibilidad es absoluta y sin excepciones. Se trata de una incompatibilidad derivada de la disposición de una pensión no contributiva, que es aquella concedida a un ciudadano en situación de necesidad que no cumple con el requisito de cotización mínimo para acceder a la pensión contributiva.

La pensión no contributiva de incapacidad es totalmente incompatible con la percepción de otros ingresos, con lo cual no se tendrá derecho al cobro hasta que cese la actividad que da lugar a ellos. En consecuencia, asimismo se tiene derecho a percibir la pensión no contributiva de incapacidad al mismo tiempo que una pensión de jubilación contributiva o no contributiva.

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extinguir contrato por embarazo

El riesgo durante el embarazo es una de las causas posibles para suspender un contrato, es decir,interrumpir temporalmente la prestación laboral sin romper el vínculo contractual que existe entre el trabajador y la empresa.

La suspensión conlleva el cese de las obligaciones de las dos partes, con lo cual el trabajador no trabaja y la empresa no remunera.

No obstante, en caso de riesgo durante el embarazo se podrá disfrutar de una prestación que tendrá como finalidad cubrir las pérdidas económicas derivadas de la suspensión del contrato.

Entre las causas que pueden constituir un riesgo para el bebé o la madre en el desempeño del trabajo encontramos las siguientes: horarios de trabajo inadecuados, ruido, temperaturas extremas, la exposición a sustancias químicas peligrosas, la ejecución de actividades de pie, etc.

El primer paso que debe dar una mujer trabajadora en estado de gestación es notificar a su empresa de que está embarazada, para que ésta pueda tomar las medidas de prevención correspondientes. De acuerdo con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la empresa deberá preparar el puesto de trabajo de la embarazada y adoptar las medidas preventivas necesarias para que pueda continuar desempeñando su labor, o cambiar su puesto de trabajo temporalmente a otro que sea compatible. Si no es posible llevar a cabo nada de lo anterior, la empresa procederá a la suspensión del contrato.

En la situación de riesgo durante el embarazo, la suspensión del contrato se mantendrá vigente hasta que se comience la suspensión de contrato por maternidad, o bien hasta que remita esa situación de riesgo y la mujer embarazada pueda reincorporarse a su puesto de trabajo o a otro compatible con su estado.

Por su parte, el derecho a la prestación por riesgo durante el embarazo nacerá el mismo día en que se inicie la suspensión del contrato de trabajo cuando se trate de una trabajadora por cuenta ajena, y finalizará el día anterior a aquel en que se reincorpore al trabajo o inicie la suspensión de contrato por maternidad. En trabajadoras autónomas, la prestación tendrá inicio al día siguiente de la emisión del certificado por parte de los servicios médicos de la entidad gestora o de la mutua de trabajo.

El subsidio equivaldrá al 100% de la base reguladora establecida para la prestación de incapacidad temporal derivada de contingencias profesionales.

Es vital tener en cuenta que para poder tener derecho a la prestación por riesgo durante el embarazo, la incompatibilidad con el trabajo tiene que estar fundamentada en las condiciones laborales y no en el propio embarazo. Este requisito figura en el artículo 31 del Real Decreto 295/2009, de 6 de marzo, por el que se regulan las prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social por maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural.

No se debe confundir la situación de riesgo durante el embarazo con otras circunstancias en las que la imposibilidad de trabajar está motivada por causas ajenas al trabajo, para cuyo caso se aplicará la prestación por incapacidad temporal por enfermedad común.

Por otro lado, existen distintas circunstancias por las cuales no se podrá optar a la prestación por riesgo durante el embarazo, o se extinguirá el derecho a la misma:

– Que la beneficiaria potencial no esté afiliada en la Seguridad Social.

– Que la trabajadora se encuentre en una situación de incapacidad temporal. En este caso no se reconocerá la prestación hasta que se extinga dicha situación.

– Si durante la situación de riesgo de embarazo se extingue el contrato, se extinguirá igualmente la prestación por riesgo durante el embarazo, y la embarazada pasará a percibir la prestación de desempleo si es procedente.

– La beneficiaria ha obtenido la prestación de manera fraudulenta, se extinguirá.

– Si la beneficiaria realiza un trabajo por cuenta ajena o cuenta propia, se extinguirá.

En Grupo Médico Jurídico Durango, responderemos a sus inquietudes ya sea mediante nuestro formulario de contacto o en el teléfono gratuito 913076219. Nuestro equipo de profesionales especialistas y médicos peritos expertos se encargarán de su caso con mas de un 90% de éxito en mas de 20000 actuaciones.

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la gran invalidez el mayor grado de incapacidad

La gran invalidez es el tipo de https://www.grupomedicodurango.com/perito-medico-incapacidad/ de mayor grado. Al igual que la incapacidad permanente absoluta, la gran invalidez imposibilita la realización de cualquier profesión u oficio, solo que además supone la necesidad de la asistencia de una tercera persona para realizar los actos más básicos de la vida diaria.

La definición que limita la Seguridad Social a la gran invalidez es la siguiente: “es la situación del trabajador afecto de incapacidad permanente y que, por consecuencia de pérdidas anatómicas o funcionales, necesita la asistencia de otra persona para los actos más esenciales de la vida, tales como vestirse, desplazarse, comer o análogos”.

Un ejemplo de gran inválido es el que constituyen los individuos que sufren ceguera en su consideración legal. El invidente tiene derecho a la asistencia de un tercero y a la correspondiente prestación por gran invalidez. En este caso concreto, el caso de que un invidente adquiera habilidades adaptativas y que sea capaz de realizar las funciones elementales de la vida sin ningún tipo de ayuda no excluye la calificación de gran invalidez, pues esto podría ir en contra de su reinserción social.

Se presupone que una persona declarada en situación de gran invalidez posee una minusvalía del 75% o superior. La condición de gran invalidez da derecho a una pensión vitalicia.

La cuantía económica de la prestación por gran invalidez estará formada por el importe de la incapacidad permanente total o absoluta del paciente, sumada al incremento de un complemento que tendrá por objetivo remunerar a la persona que le atienda

que es del 100% de la base reguladora.

El complemento se obtendrá a partir de la suma del 45% de la base mínima de cotización vigente en el Régimen General en el momento del hecho causante, y del 30% de la última base de cotización del trabajador correspondiente a la contingencia de la que derive la situación de incapacidad permanente. El complemento deberá siempre tener un valor igual o superior al 45% de la pensión percibida por la incapacidad permanente.

Cuando la gran invalidez esté motivada por un accidente laboral o una enfermedad profesional, la pensión aumentará entre un 30% y un 50% según la gravedad. En estos casos el complemento anteriormente especificado será excluido, pues esa responsabilidad recaerá sobre el empresario infractor.

Los límites en la cuantía de las prestaciones por incapacidad permanente de la Seguridad Social se muestran anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. En el año 2014, el límite máximo está cifrado en 2.554,49 euros mensuales.  Por su parte, el mínimo mensual por gran invalidez varía en función de si el gran inválido tiene un cónyuge a cargo (1.171,40 euros), si tiene un cónyuge que no está a cargo (900,50 euros), o si es unipersonal (949,40 euros).

A continuación indicamos algunas situaciones o enfermedades que de manera común pueden dar lugar a la concesión de una gran invalidez:

– Paraplejias y tetraplejias.

– Pérdida de miembros.

– Ceguera total.

– Enfermedades mentales graves como los trastornos bipolares o la esquizofrenia.

– Enfermedades degenerativas como el Alzheimer.

– Cáncer en fases avanzadas.

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