En este artículo, la abogada Alba Rodríguez Úbeda, colaboradora de Grupo Médico Jurídico Durango, reflexiona sobre cómo la IA afecta a la diligencia profesional, el secreto abogado-cliente, la responsabilidad civil y la estrategia procesal. Su análisis advierte que la tecnología puede mejorar la eficiencia del despacho, pero no sustituye el criterio del letrado ni reduce sus obligaciones éticas. Al contrario, exige mayor vigilancia, control de los datos y protección de la seguridad jurídica del cliente.

La integración de la Inteligencia Artificial en el ejercicio de la abogacía ha dejado de pertenecer al terreno de las hipótesis futuras. Forma ya parte del presente de la deontología profesional y de la praxis jurídica. Para el abogado contemporáneo, la IA no redefine únicamente los parámetros de eficiencia del despacho, sino que altera de manera profunda la naturaleza de la obligación de medios y resultados que sostiene el ejercicio de la profesión.

Vulneración de la Lex Artis ad hoc

Uno de los primeros territorios donde esta transformación adquiere una relevancia decisiva es el de la diligencia profesional ante la automatización. El uso de herramientas de IA generativa para la redacción de escritos procesales o para la búsqueda de jurisprudencia introduce un riesgo jurídico crítico: el error del algoritmo. La aparente precisión de una respuesta automatizada puede ocultar fallos graves, referencias inexistentes o construcciones argumentales carentes de respaldo jurídico real.

En este nuevo escenario, la responsabilidad in eligendo e in vigilando adquiere una dimensión especialmente delicada. Del mismo modo que el titular de un despacho responde por los errores cometidos por sus pasantes, la doctrina empieza a señalar que el abogado puede ser plenamente responsable de las llamadas “alucinaciones” de su software. Presentar una demanda sustentada en jurisprudencia inexistente generada por una IA no constituye un simple error técnico, sino una vulneración de la lex artis ad hoc.

La aparición del llamado estándar del “abogado aumentado” confirma que el nivel de diligencia exigible está aumentando. La cuestión no reside en permitir que la IA actúe conforme a criterios propios, sino en garantizar que su utilización se apoye siempre en bases de datos jurídicas fiables, contrastadas y verificadas. Del mismo modo que en la actualidad podría considerarse una falta de diligencia no recurrir a fuentes jurídicas digitales adecuadas en un proceso complejo, el uso acrítico de herramientas automatizadas puede comprometer la calidad técnica de la defensa y la seguridad jurídica del cliente.

Secreto profesional y confidencialidad jurídica

Otro de los grandes ejes de este desafío se sitúa en el secreto profesional y la soberanía del dato. Para cualquier despacho jurídico, la confidencialidad constituye el pilar esencial de la relación abogado-cliente, tal como recoge el artículo 5 del Código Deontológico. La incorporación de sistemas de IA obliga, por tanto, a revisar con especial rigor qué información se introduce en estas herramientas, bajo qué condiciones se procesa y con qué garantías se conserva.

El riesgo del prompt se convierte así en una cuestión central. El volcado de hechos, nombres, documentos o estrategias procesales en modelos de IA abiertos puede constituir una quiebra del secreto profesional y, al mismo tiempo, una infracción grave del RGPD. La seguridad jurídica depende hoy de contratos de licencia de IA corporativa capaces de garantizar que los datos del despacho y de sus clientes no sean utilizados para entrenar modelos públicos ni queden expuestos a usos incompatibles con la confidencialidad profesional.

La propiedad intelectual de los escritos abre, además, otro debate de enorme complejidad. La pregunta resulta inevitable: ¿quién es el autor de una demanda redactada al 80% por una IA? La autoría de los escritos procesales, la protección del know-how del despacho y la delimitación entre asistencia tecnológica y creación jurídica propia se perfilan como algunos de los grandes retos del derecho de propiedad intelectual dentro de la propia profesión jurídica.

El despacho del siglo XXI no se define por sustituir abogados por algoritmos, sino por utilizar la IA para blindar la seguridad jurídica de sus clientes. La tecnología cambia, pero la responsabilidad civil y el compromiso ético del letrado permanecen como el último baluarte frente a la máquina.

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Agresión

En cualquier momento de nuestras vidas, nos vemos envueltos en diferentes acciones que muchas veces no suelen ser las más afortunadas. Una de ellas, es verse involucrado en una reyerta o pelea en la que resultásemos agredidos.

Lo primero es reconocer que una agresión nos hace susceptible de ser indemnizado. Y que podemos ser compensados por los daños y perjuicios que nos hayan ocasionado.

Independientemente de los daños físicos y psicológicos que resultan del hecho, también es posible valorar las secuelas que un futuro pudieran afectar a la calidad de vida y el menoscabo de algunas actividades diarias.

En un post anterior escribíamos sobre las tablas del nuevo Baremo por accidente de tráfico, y su utilización en las diferentes áreas de la valoración del daño corporal, pues podemos afirmar que los daños provocados por las agresiones podrían ser valorados por esta nueva reforma.

Por lo que de ahí se deriva que las lesiones se basarán en las cuantías establecidas en las nuevas modificaciones. Las que toman en cuenta factores socio-económicos para establecer las indemnizaciones a percibir.

La demanda recae sobre la responsabilidad civil del agresor, aunque también puede reclamarse por la vía penal, esta que según la gravedad de los hechos podría calificarse como delito o falta.

Aunque suena diferente, la responsabilidad civil por delito o falta conlleva la misma indemnización económica. Con la única diferencia que el  demandado puede recibir una mayor sanción.

Si has resultado agredido en una pelea aquí te dejamos algunas recomendaciones importantes para reclamar una indemnización:

• Identificar al agresor y a un buen número de testigos (tener un buen número de verificadores dan más credibilidad a la denuncia).

• Llamar inmediatamente a la policía o guardia civil (de esta manera obtiene la constancia del atestado).

• Acudir a urgencias (el parte médico resulta vital para apoyar el origen de los daños).

• Contacte con un abogado (buscar orientación sobre los pasos a seguir para obtener la máxima indemnización).

• Denuncia ante el juzgado de guardia (el juzgado competente investigará los hechos, citará a los testigos, tomará declaraciones).

En Grupo Médico Jurídico Durango ponemos a su disposición un equipo multidisciplinar experimentado en los expedientes de incapacidades y discapacidades por diferentes patologías. Llámenos al teléfono 913076219, o rellene el formulario de contacto.
Nuestros médicos peritos estudiarán la viabilidad de su caso a fin solicitar con éxito el proceso ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Póngase en contacto con nosotros, trabajamos en toda España, estaremos encantados de ayudarle.

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accidentes en parques de ocio

Con la llegada del verano las visitas a parques de atracciones y ferias son unos  de los pasatiempos preferidos para pasar el tiempo libre. Sin embargo, como en muchas otras actividades, corremos el riesgo de sufrir algún tipo de accidente de mayor o menor gravedad que puede acarrearnos algún tipo de lesión.

Ante estos casos, ¿quién asume la responsabilidad si sufro alguna lesión en la montaña rusa? ¿A quién debo dirigir mi reclamación si por desgracia sufro una quemadura leve en los coches de choque? ¿Qué tipo de indemnización puedo conseguir si me resbalo y sufro una fractura en un tobogán acuático? ¿A quién debo acudir en estos casos? Muchas son las dudas que se plantean y a continuación se intentarán resolver.

En nuestro país, según un  informe de DBK, a mayo de 2015 operan 128 parques de ocio, incluyendo 69 parques zoológicos (acuarios y parques de la naturaleza), 47 parques acuáticos, siete parques de atracciones y cinco parques temáticos. Todo ello sin contar las numerosas ferias ambulantes que circulan durante este periodo estival.

El calor y un mayor tiempo libre hacen que durante los meses de verano, estos recintos sean lugares con una concentración masiva de gente. Esto hace que sea más probable el número de accidentes.

Ante estas situaciones, el afectado debe interponer una denuncia y dejar a la Justicia determinar quién ha sido el responsable y quién debe hacerse cargo de las indemnizaciones, llegado el caso de que se acuerde el pago de una compensación económica.

Responsabilidad civil y penal

Existe la posibilidad de llevar su caso tanto por vía civil como por vía penal. La responsabilidad civil suele reparar el daño causado a través del pago de una indemnización. La responsabilidad penal, sin embargo, afecta a las personas que han cometido el delito y tiene un carácter sancionador.

En primer lugar, cabe aclarar que  todas las empresas, incluidas aquellas que poseen atracciones de este tipo, tienen la obligación de tener contratado un seguro subsidiario de responsabilidad civil, que es el que se hará cargo de la parte económica.

Cuando se especifica que existe una responsabilidad civil, se repara el daño causado a través del pago de una indemnización. Además al afectado, la reclamación y el proceso judicial no le supondrán ningún coste, ya que en caso de ganar, los gastos serían abonados íntegramente por la aseguradora de la otra parte.

La Ley 50/ 1980 de Contrato de Seguro establece que “Por el seguro de responsabilidad civil el asegurador se obliga, dentro de los límites establecidos en la Ley y en el contrato, a cubrir el riesgo del nacimiento a cargo del asegurado de la obligación de indemnizar a un tercero los daños y perjuicios causados por un hecho previsto en el contrato de cuyas consecuencias sea civilmente responsable el asegurado, conforme a derecho».

Para establecer el responsable civil deben darse tres requisitos:

un comportamiento que haya causado un daño, la existencia de un daño real del que se derivarán secuelas y una relación directa entre ambos.

Para establecer esta relación entre el comportamiento que ha ocasionado la lesión y las secuelas que esta ha dejado es imprescindible la existencia de un informe pericial que acredite que del accidente ocurrido se han derivado las secuelas que ahora tiene el lesionado, además de la indemnización que le correspondería por tales lesiones.

De esta manera se recoge en el artículo 1902 del Código Civil que “el que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia está obligado a reparar el daño causado”. De esta forma, los dueños de una empresa, en este caso aquellos que sean los directores de los parques temáticos o dueños de atracciones de feria, son también responsables de las actuaciones y perjuicios causados por los trabajadores en el ejercicio de sus funciones.

Si ha sufrido un accidente en un parque de ocio podemos ayudarle a ejercer sus derechos. Comuníquese con nosotros en el 91 307 6219 o rellene su consulta en nuestro formulario de contacto, estaremos encantados de ayudarle.

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