Grupo Médico Jurídico Durango vuelve a compartir con vosotros una nueva sentencia. Este es un nuevo caso de éxito ganado al Instituto Nacional de la Seguridad Social, durante una solicitud de incapacidad permanente total.

La demandante de 39 años de edad, fue intervenida en el 2013 por Inestabilidad Trapecio-Metacarpiana de muñeca derecha, con evolución tórpida complicada por Síndrome Doloroso Regional Complejo, realizando tratamiento rehabilitador prolongado, con respuesta parcialmente favorable, pero con persistencia de dolor y limitaciones funcionales.

De esta forma, el Instituto de la Seguridad Social le otorga en febrero de 2014 la incapacidad permanente para su profesión habitual de Operaria de Montaje, ya que la actora mantenía una mano derecha disfuncional, que le impedía la realización de tareas manuales y/o bimanuales mantenidas y/o repetitivas, tanto de destreza como de fuerza, que requería la participación activa de la muñeca.

En 2015, el INSS inició un proceso de revisión de revisión de grado de la incapacidad, que concluyó en la revocación de la misma. La actora interpuso una reclamación administrativa, pues el organismo no se basó, a su juicio, en ningún criterio razonable ya que no presentaba ninguna mejoría significativa.

La incapacidad permanente total se expresa en el artículo 137 LGSS: la situación del trabajador que, después de haber estado sometido al tratamiento prescrito y de haber sido dado de alta médicamente, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral.

A través informe médico pericial, realizados por la médica perito Ruiz Mialdea, donde se evaluaron las secuelas y lesiones, pudo determinarse que la demandante estaba limitada para el uso de maquinaria pesada y por lo tanto para su profesión habitual.

El Juzgado de lo Social número 14 de Madrid, le concede una incapacidad permanente total para su profesión habitual, y se le reconoce su derecho a percibir la correspondiente pensión de su base reguladora de 2447, 29 con los descuentos y compensaciones que legalmente procedan a raíz de la prestación por desempleo que pueda haber percibido la actora.

En Grupo Médico Jurídico Durango ponemos a su disposición un equipo multidisciplinar experimentado en los expedientes de incapacidades y discapacidades por diferentes patologías. Llámenos al teléfono 91 307 6219, o rellene el formulario de contacto.
Nuestros médicos peritos estudiarán la viabilidad de su caso a fin solicitar con éxito el proceso ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Póngase en contacto con nosotros, trabajamos en toda España, estaremos encantados de ayudarle.

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Invalidez para persona con discapacidad

Grupo Médico Jurídico Durango ha ganado un nuevo caso de Gran Invalidez ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Es para nosotros otra victoria para nuestro récord de experiencias positivas defendiendo casos de incapacidad. En esta oportunidad, hemos conseguido vencer, para ayudar a una mujer que pedía socorro ante su situación de salud.

La demandante de 50 años de edad, se desempeñaba como oficial administrativo y tiene reconocido 70% de grado de discapacidad desde 2010. La paciente sufría entre otras dolencias trastorno depresivo, fibromialgia, dolor de cabeza y fatiga crónica, así fueron determinadas por el Equipo de Valoración de Incapacidades del INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social) también ese año.

Tras el estudio realizado a la paciente por Grupo Médico Jurídico Durango, determinamos en base a sus patologías, que era susceptible de obtener una incapacidad permanente absoluta. De acuerdo a esta valoración, se interpuso una demanda contra el INSS para conseguirla.

La paciente presenta incapacidad para las actividades instrumentales de la vida diaria, con graves repercusiones en su estado anímico, manifestando estrés crónico, trastorno depresivo con tratamiento psicofarmacológico. Disminución de la atención, concentración, memoria. Síntomas de ansiedad. Ideas autolíticas. Desesperanza, impotencia, angustia, en definitiva presenta una importante merma funcional y psiquiátrica para cualquier tipo de actividad laboral e incluso para las tareas de su vida cotidiana.

La demanda fue estimada en el Recurso de Suplicación por Juzgado de lo Social número 19 de  Madrid el cual concluye que la situación de nuestra paciente se ha agravado tanto a nivel  físico y psicológico que concede la incapacidad permanente absoluta con derecho a percibir una prestación del 100%.

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Incapacidad permanente total por artrosis lumbar crónica

Grupo Médico Jurídico Durango tiene a bien compartirle esta nueva sentencia emitida en los juzgados de lo social de Madrid. Esta resolución es el resultado de un juicio contra la Seguridad Social en el proceso de una incapacidad permanente total.

El actor, cuya actividad laboral es de albañil, tiene concedida la Renta Activa de Inserción de 426 euros desde el 03 de abril de 2015 hasta el pasado 02 de marzo de 20016.

El 21 de agosto de 2015 se presentó una solicitud de incapacidad permanente para su profesión habitual, tras el informe médico de síntesis del 24 de agosto de 2015 el equipo de valoración de incapacidades propone el demandante como no afectado para la incapacidad permanente.

El actor presenta el siguiente cuadro clínico:

• Espondiloartrosis y Raquiestinosis lumbar.
• Rizartrosis percutáneas (enero 2015).
• Flavectomía + foraminotomía L2-L3  izquierda (mayo 2015) limpieza quirúrgica de herida por infección y dehiscencia de sutura
• lumbalgia crónica por irradiación en miembros inferiores.

El 07 de octubre 2015 se le deniega la prestación por parte de la Dirección Provincial de Madrid del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

La Incapacidad permanente se recoge en el artículo 137 de la Ley General de la Seguridad Social, donde se establece que es invalidez permanente la situación del trabajador que presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitiva que disminuyan o anulen su capacidad laboral, alcanzando el grado de incapacidad permanente total, cuando el trabajador quede inhabilitado para la realización de todas o de las tareas fundamentales de su profesión habitual, siempre que pueda dedicarse a otra distinta.

Por medio del informe médico pericial ha quedado acreditado que patologías y las lesiones que afectan al demandante en esta exigente profesión, le limitan para realizar actividades con sobreesfuerzo en la columna lumbar del lesionado.

Todo el proceso del juicio fue llevado a cabo por nuestro equipo multidisciplinar, siendo defendido jurídicamente por la letrada Ruiz Mialdea, y por el doctor De Miguel Martínez como médico perito en la ratificación de juicio.

Por lo anterior expuesto, el tribunal le concede una incapacidad permanente total por enfermedad común, para su profesión de albañil, con derecho a percibir una pensión mensual del 55% de su base reguladora, con las revaloraciones y mejora que legalmente corresponden.

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Una demanda formulada

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Retraso de autobús

A quién no le ha pasado. Mucho tiempo esperando en una parada para asistir a una reunión importante y resulta que el autobús no acaba de llegar.

Ante esta y otras situaciones que a menudo suceden en los medios de transporte público, solo queda preguntarse ¿es  posible reclamar?  O  por lo menos, ¿hacerse escuchar frente a los abusos de las compañías de transporte?

Pues sí. Es posible reclamar, y salvo casos de fuerza mayor las empresas deben compensar los retrasos graves en los recorridos.

Aunque se hace difícil llevar nuestra denuncia a ciertas instancias, los viajeros de autobuses son susceptibles de recibir una  indemnización, y en el peor de los casos, un reembolso por daños y perjuicios.

Se entiende por fuerza mayor los atascos en las grandes ciudades, nevadas, lluvias abundantes y demás- por las que las compañías no tienen ninguna obligación de resarcir económicamente al usuario.

Sin embargo, en otras ocasiones, se puede reclamar a la compañía de autobús la culpa del retraso o la cancelación de un viaje y es posible pedir una indemnización, esta se calcula en función del daño sufrido, teniendo el afectado que probar con facturas, tiques o cualquier otro medio válido el trastorno causado.

La reclamación debe hacerse en las Juntas Arbitrales del Transporte, que se encuentran en todas las comunidades autónomas y en Ceuta y Melilla, y que son las encargadas de las reclamaciones relacionadas con el cumplimiento de los contratos de transporte terrestre.

Habitualmente, los usuarios del autobús no suelen hacer las reclamaciones, debido a la poca cuantía y al supuesto trámite burocrático que esto conlleva. También, en muchos casos por motivo de vergüenza y desconocimiento del mismo. Estas razones hacen al consumidor muy vulnerable ante estas demandas.

Por ejemplo, en 2014 hubo 558 reclamaciones a las compañías de autobuses de la comunidad de Madrid. 473 de esas demandas se debieron a retrasos y cancelaciones, y solo se llegaron a indemnizar 38 peticiones.

En los autobuses de la EMT, los justificantes por retraso solo son emitidos por las oficinas centrales, ya que es necesario comprobar ciertos datos para certificar el mismo, pueden tardar hasta dos días.

El reglamento del transporte está recogido en el Decreto 206/2000, de 14 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento del viajero de la empresa Municipal de Transporte de Madrid, S, A (EMT). Para el resto de los municipios, se aplicarán las normas sobre transporte interurbano intervenido en el Decreto 79/1997, del 3 de julio y referida Ley 20/1998.

Para interponer una reclamación es imprescindible presentar el billete válido e identificarse mediante el Documento Nacional de Identidad, pasaporte o tarjeta de residencia en vigor.

Además de esta reclamación, que no garantiza una futura indemnización, se puede formular la queja de otra forma legalmente prevista. Las indemnizaciones por daños y perjuicios que soliciten una compensación económica deben reclamarse ante los tribunales de justicia.

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