En este artículo, la abogada Alba Rodríguez Úbeda, colaboradora de Grupo Médico Jurídico Durango, reflexiona sobre cómo la IA afecta a la diligencia profesional, el secreto abogado-cliente, la responsabilidad civil y la estrategia procesal. Su análisis advierte que la tecnología puede mejorar la eficiencia del despacho, pero no sustituye el criterio del letrado ni reduce sus obligaciones éticas. Al contrario, exige mayor vigilancia, control de los datos y protección de la seguridad jurídica del cliente.

La integración de la Inteligencia Artificial en el ejercicio de la abogacía ha dejado de pertenecer al terreno de las hipótesis futuras. Forma ya parte del presente de la deontología profesional y de la praxis jurídica. Para el abogado contemporáneo, la IA no redefine únicamente los parámetros de eficiencia del despacho, sino que altera de manera profunda la naturaleza de la obligación de medios y resultados que sostiene el ejercicio de la profesión.

Vulneración de la Lex Artis ad hoc

Uno de los primeros territorios donde esta transformación adquiere una relevancia decisiva es el de la diligencia profesional ante la automatización. El uso de herramientas de IA generativa para la redacción de escritos procesales o para la búsqueda de jurisprudencia introduce un riesgo jurídico crítico: el error del algoritmo. La aparente precisión de una respuesta automatizada puede ocultar fallos graves, referencias inexistentes o construcciones argumentales carentes de respaldo jurídico real.

En este nuevo escenario, la responsabilidad in eligendo e in vigilando adquiere una dimensión especialmente delicada. Del mismo modo que el titular de un despacho responde por los errores cometidos por sus pasantes, la doctrina empieza a señalar que el abogado puede ser plenamente responsable de las llamadas “alucinaciones” de su software. Presentar una demanda sustentada en jurisprudencia inexistente generada por una IA no constituye un simple error técnico, sino una vulneración de la lex artis ad hoc.

La aparición del llamado estándar del “abogado aumentado” confirma que el nivel de diligencia exigible está aumentando. La cuestión no reside en permitir que la IA actúe conforme a criterios propios, sino en garantizar que su utilización se apoye siempre en bases de datos jurídicas fiables, contrastadas y verificadas. Del mismo modo que en la actualidad podría considerarse una falta de diligencia no recurrir a fuentes jurídicas digitales adecuadas en un proceso complejo, el uso acrítico de herramientas automatizadas puede comprometer la calidad técnica de la defensa y la seguridad jurídica del cliente.

Secreto profesional y confidencialidad jurídica

Otro de los grandes ejes de este desafío se sitúa en el secreto profesional y la soberanía del dato. Para cualquier despacho jurídico, la confidencialidad constituye el pilar esencial de la relación abogado-cliente, tal como recoge el artículo 5 del Código Deontológico. La incorporación de sistemas de IA obliga, por tanto, a revisar con especial rigor qué información se introduce en estas herramientas, bajo qué condiciones se procesa y con qué garantías se conserva.

El riesgo del prompt se convierte así en una cuestión central. El volcado de hechos, nombres, documentos o estrategias procesales en modelos de IA abiertos puede constituir una quiebra del secreto profesional y, al mismo tiempo, una infracción grave del RGPD. La seguridad jurídica depende hoy de contratos de licencia de IA corporativa capaces de garantizar que los datos del despacho y de sus clientes no sean utilizados para entrenar modelos públicos ni queden expuestos a usos incompatibles con la confidencialidad profesional.

La propiedad intelectual de los escritos abre, además, otro debate de enorme complejidad. La pregunta resulta inevitable: ¿quién es el autor de una demanda redactada al 80% por una IA? La autoría de los escritos procesales, la protección del know-how del despacho y la delimitación entre asistencia tecnológica y creación jurídica propia se perfilan como algunos de los grandes retos del derecho de propiedad intelectual dentro de la propia profesión jurídica.

El despacho del siglo XXI no se define por sustituir abogados por algoritmos, sino por utilizar la IA para blindar la seguridad jurídica de sus clientes. La tecnología cambia, pero la responsabilidad civil y el compromiso ético del letrado permanecen como el último baluarte frente a la máquina.

La entrada El desafío de la responsabilidad civil en el despacho del siglo XXI se publicó primero en Grupo Médico Jurídico Durango.

Indemnización por estafa

A raíz de la inminente acusación por estafa al que se enfrenta la quebrada empresa Funnydent, se sobrevienen unas series de situaciones que sería interesante analizar desde un punto de vista jurídico.

Este  tipo de estafa tiene mucho precedente, basta con tirar de la hemeroteca para encontrar un listado de casos en los que un entramado delictivo suele acabar en los juzgados de lo Social o Penal.

Independientemente de las imputaciones y posibles consecuencias que pueda acarrearle al administrador, que ahora mismo puede estar siendo procesado, están los damnificados, aquellos que han pagado por un servicio pero se han encontrado de cara con una situación que les llena de incertidumbre.

¿Qué puede hacer un afectado por este fraude? Lo primero que se recomienda es escribir una carta a la empresa vía burofax, donde se confirme su intención de rescindir el contrato por incumplimiento contractual si en diez días no se cumple lo acordado.

Como es evidente que la empresa no va dar repuesta a su petición, el siguiente paso será interponer una demanda en el juzgado de la Primera Instancia, para exigir la indemnización de las cantidades abonadas, más los daños y perjuicios que se deriven.

En el artículo 101 del código civil se recoge “Quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y de los que cualquier modo contravinieren al tenor de aquellas”

Por otro lado está la financiera, la cual avaló el préstamo para la ejecución del frustrado encargo. Esta entidad le creará una disyuntiva a los afectados en razón de seguir pagando las cuotas impuestas, o suspender los pagos hasta  el final del litigio.

La Ley del crédito al consumo 

afirma “cabe instar la resolución del contrato de crédito vinculado al contrato principal”.

Por todo lo anterior, se recomienda seguir pagando las cuantías mensuales hasta pasado los diez días de plazo que se le concede a la compañía que ha cometido la falta. El incumplimiento de las mensualidades puede generarle uno que otro percance innecesario en el futuro, tales como: devengo de intereses de demora, verse incluido en ficheros de morosos u otras reclamaciones por parte de la financiera.

Desde el Grupo Médico Jurídico Durango queremos ayudarle a conseguir la máxima indemnización. Contamos un equipo multidisciplinar de profesionales dispuestos a llevar su caso desde el principio hasta la resolución del mismo.

Llevamos 28 años implicados con las diversas áreas del derecho, los que nos han servido de experiencia para solventar con éxito más de 25 mil casos. Llámenos a este teléfono 91 307 6219, o rellena el formulario de contacto.
Nuestros médicos peritos estudian la viabilidad de su caso a fin solicitar con éxito el proceso ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

La entrada Estafa y demanda por incumplimiento contractual se publicó primero en Grupo Médico Jurídico Durango.